El gobierno de Estados Unidos defendió sus planes para construir un muro y otras barreras en la región de Big Bend, Texas, pese a la oposición de residentes, empresarios y ambientalistas, así como a una orden judicial que suspendió temporalmente las obras. El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Rodney Scott, aseguró que fortificar la frontera es un objetivo “no negociable” de la administración de Donald Trump.
En una entrevista exclusiva con The Associated Press (AP), Scott justificó el proyecto, cuyo costo asciende a 46 mil millones de dólares, al argumentar que las autoridades necesitan identificar quién y qué ingresa al país. El funcionario advirtió que, si Big Bend queda sin barreras mientras otras zonas fronterizas son reforzadas, la región podría verse “completamente desbordada y destruida”.
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La iniciativa ha generado una disputa sobre los alcances de la política fronteriza de Trump, quien designó a Scott, exagente de la Patrulla Fronteriza, para completar su emblemático proyecto de infraestructura.
La CBP ejecuta un plan financiado por los republicanos del Congreso que contempla reforzar los aproximadamente 3 mil 200 kilómetros de frontera con México mediante vallas de acero de nueve metros de altura, barreras vehiculares, carreteras y tecnología de vigilancia.
Scott aseguró que el gobierno construye alrededor de 19 kilómetros de infraestructura fronteriza por semana y que el muro principal, que en algunas zonas contará con una segunda barrera, estará terminado a finales de diciembre de 2027. Según el comisionado, los trabajos avanzan incluso por delante del calendario previsto y concluirán antes de que termine el segundo mandato de Trump.
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Big Bend, el foco de la disputa por el muro
La región se convirtió en uno de los principales puntos de resistencia al proyecto. A principios de octubre, un juez ordenó detener temporalmente las obras al considerar que existía una alta probabilidad de que los demandantes sufrieran daños graves e irreparables sin una medida judicial. El gobierno estadounidense solicitó a la Corte Suprema que levante la suspensión.
La orden abarca trabajos en el Parque Nacional Big Bend, donde la presencia de maquinaria pesada y las labores de remoción de terreno provocaron protestas desde distintos sectores políticos, incluidos algunos legisladores republicanos.
Scott afirmó que, tras observar maquinaria en el parque durante agosto, ordenó suspender las actividades relacionadas con la construcción en esa zona mientras su equipo dialogaba con los residentes. También señaló que la agencia busca alternativas para desarrollar infraestructura sin dañar el área natural.
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Aunque evitó detallar los planes específicos debido a los litigios en curso, sostuvo que el proyecto no contempla instalar muros altos de acero dentro del parque. Sin embargo, insistió en que las barreras naturales de la región no impedirían que las personas ingresaran ilegalmente por otros puntos y expresó su preocupación por la posibilidad de que los cárteles mexicanos aprovecharan las zonas sin fortificaciones.
Hillary Pierce, directora de comunicaciones de la coalición No Big Bend Wall, cuestionó esa postura y afirmó que las propias cifras del gobierno muestran que no existe una emergencia fronteriza en la región.
La CBP también enfrenta críticas por operativos migratorios
Scott encabeza una agencia de aproximadamente 67 mil empleados encargada de supervisar los cruces fronterizos oficiales y combatir la migración irregular y el contrabando. La CBP recibió fuertes críticas el año pasado, cuando sus agentes fueron desplegados en ciudades del interior de Estados Unidos para apoyar la ofensiva migratoria de Trump junto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
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En Minneapolis, las protestas contra esos operativos se intensificaron después de que un agente de la Patrulla Fronteriza y otro de la CBP dispararan durante un enfrentamiento en el que murió el ciudadano estadounidense Alex Pretti. El caso contribuyó a que el gobierno redujera algunas operaciones en ciudades del país.
Scott evitó comentar sobre la investigación, que permanece a cargo del FBI. También señaló que la participación de la CBP en operativos migratorios lejos de la frontera ha disminuido conforme el ICE incorpora más agentes.
Durante la entrevista, realizada cerca de la frontera con Canadá, el comisionado también abordó las amenazas relacionadas con el contrabando marítimo y el uso de drones por parte de organizaciones criminales mexicanas. Afirmó que los cárteles emplean estos dispositivos para trasladar mercancías ilícitas y vigilar a los agentes estadounidenses.
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El Departamento de Seguridad Nacional anunció recientemente restricciones temporales de vuelo para combatir la actividad no autorizada de drones en una franja de aproximadamente 1.6 kilómetros al norte de la frontera con México.
“Queremos asegurarnos de que esa amenaza no entre en Estados Unidos”, afirmó Scott.
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