El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó este 30 de septiembre que las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) están golpeando al Cártel de Sinaloa “donde más le duele: su dinero”. El mensaje llegó un día después de que el Departamento del Tesoro anunciara la medida contra el líder de Los Mayos, Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, y 45 objetivos más, entre los que hay personas y empresas.
El diplomático sostuvo desde un mensaje en la red social X que la acción mostró lo que significa ir contra toda la red criminal. Detalló que la medida no solo alcanzó a los líderes del cártel, sino también a traficantes, lavadores de dinero, empresas fachada y funcionarios corruptos. “Todos los que mantienen operando a estas organizaciones terroristas son un objetivo”, escribió Johnson.
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Johnson recordó las recompensas de hasta 5 millones de dólares por “El Aquiles”, “La Rana” y “El Ruso”
El embajador señaló también que el Departamento de Estado ofrece recompensas de hasta 5 millones de dólares por cada uno de los tres lugartenientes de los Mayos en Baja California: Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”; René Arzate García, alias “La Rana”, y Alfonso Arzate García, alias “El Aquiles”, estos dos últimos hermanos. La información buscada debe conducir al arresto o la condena de los tres señalados.
“Estamos dejando claro que quienes lideran estas redes, se benefician de ellas o facilitan sus operaciones no tienen dónde esconderse”, escribió Johnson. El embajador cerró su mensaje con la frase “la justicia prevalecerá” y el hashtag #JuntosLogramosMás, acompañado de las banderas de Estados Unidos y México.
Johnson acompañó su publicación con una infografía dividida en dos columnas. La primera, bajo el encabezado “Departamento del Tesoro”, detalló las sanciones de la OFAC: 21 individuos y 25 entidades, incluido “El Mayito Flaco”. La pieza precisó que la OFAC puede sancionar “a toda la red”, categoría que incluyó seis perfiles: líderes del cártel, traficantes, quienes lavan el dinero, financiadores, empresas fachada y negocios, y funcionarios corruptos. La infografía detalló que estos seis eslabones operan conectados entre sí dentro de la estructura criminal señalada.
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La publicación explicó también las consecuencias de una sanción de la OFAC: el bloqueo de activos, la restricción de transacciones, la posibilidad de que las empresas vinculadas también sean bloqueadas y el debilitamiento de la red en su conjunto.
La segunda columna de la infografía reprodujo las recompensas de hasta 5 millones de dólares por cada uno de los tres señalados: Juan José Ponce Félix, René Arzate García y Alfonso Arzate García. La infografía cerró con la leyenda “Pegándoles donde les duele: su dinero”, en referencia directa a la frase central del mensaje de Johnson.
El Comando Norte de Estados Unidos confirmó su participación en la inteligencia que respaldó las sanciones
En relación con las mismas sanciones, el pasado 29 de septiembre el Comando Norte de Estados Unidos confirmó su colaboración en la operación. A través de un comunicado, la dependencia militar detalló que el Joint Interagency Task Force-Counter Cartel (JIATF-CC) proporcionó “análisis fusionados, conocimiento operativo y comprensión compartida de las redes financieras y de facilitación vinculadas a los cárteles”.
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Esta colaboración permitió que la OFAC “expusiera y presionara a líderes, facilitadores e infraestructura financiera de los cárteles”, según el comunicado militar. El JIATF-CC publicó un mensaje independiente en el que precisó su rol operativo y cerró con la frase “ningún facilitador está fuera de alcance”.
El Comando Norte de Estados Unidos es uno de los comandos combatientes unificados del Departamento de Defensa de Estados Unidos, creado en 2002. Su jurisdicción cubre el territorio continental de Estados Unidos, Canadá, México y Las Bahamas, y mantiene cooperación bilateral con México en materia de seguridad fronteriza y combate al narcotráfico.
La investigación se desarrolló en paralelo con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) y contó con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos. También participó la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado.
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El resto de los 21 individuos sancionados incluyó al círculo cercano de “El Mayito Flaco”, lugartenientes y funcionarios corruptos
La OFAC designó también al círculo cercano de “El Mayito Flaco”, integrado por Hildegardo Gastelum García, alias “Aldo”, asesor y propietario de un negocio hotelero en Culiacán que presuntamente financió la guerra contra Los Chapitos con ingresos ilícitos, y por los hermanos Jorge Luis y Francisco Javier Mendoza Uriarte, quienes trabajaron previamente para El Mayo antes de alinearse con su hijo; el primero es hoy jefe de seguridad de Los Mayos.
Otro señalado, Lorenzo Castillo Maldonado, quien cumplía cadena perpetua antes de que individuos vinculados al cártel sobornaran a funcionarios mexicanos para liberarlo. Presuntamente contrató sicarios por órdenes del Mayito Flaco para asesinar a miembros de cárteles rivales en el sur de California, EEUU.
Los tres lugartenientes de El Aquiles y La Rana identificados fueron Pedro Humberto Martínez Rodríguez, alias “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, alias “El Cabezón”, y Franklin Ernesto Huezo Hernández, alias “El Ranchero”, señalados como responsables de transportar fentanilo hacia Estados Unidos. La pareja de Gordo Flubber, Ilia Elizabeth Felix Rivera, fue identificada por utilizar su casa de cambio Galerías Centro Cambiario, conocida como “Magic Casa de Cambio”, para lavar dinero mediante transacciones espejo con casas de cambio del sur de California.
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El caso de narcocorrupción más señalado involucró a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California Marina del Pilar, y a su hermano Luis Alfonso Torres Torres. Presuntamente Carlos Torres utilizó su influencia política para proteger las operaciones de Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, líder de la subfacción Los Rusos en Mexicali, mientras recibía pagos mensuales del exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García, a cambio de permitir el control del cártel sobre la policía municipal. El Departamento de Estado le revocó la visa al exesposo de la gobernadora en mayo de 2025 por su supuesta afiliación al cártel.
La OFAC señaló también a Marco Antonio Moreno Gómez Santélices y Carlos Villela Gómez Santélices, presuntos asociados de Jesús González Lomelí, un lavador de dinero. Ambos operaron una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento con base en Tijuana que también lavó dinero para el Cártel de Sinaloa y para “La Rana”.
Jerónimo Javier Vera Ayala, socio comercial de González, fue señalado como participe en los delitos de narcotráfico y lavado de dinero a través de negocios conjuntos. Su hermano, Jorge Mario Vera Ayala, es identificado como trabajador de múltiples cárteles y presunto enlace central para la actividad criminal en Tijuana.
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En Mexicali, la OFAC sancionó también a Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de aduanas en Chihuahua y asesor legislativo del gobierno estatal, quien habría brindado favores políticos a José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco”, y recién detenido, fue reclasificado en las sanciones del 29 de septiembre. “Don Flaco” fue señalado como propietario de la casa de cambio Mia Centro Cambiario y de la empresa de transporte Rivos Servicios, utilizadas para lavar dinero del cártel. Diosvany Samuel Chapotin Villalba, asociado suyo, presuntamente traficó cocaína y metanfetamina, además de emplear cuentas bancarias comerciales en Estados Unidos y transacciones con criptomonedas para transferir fondos ilícitos de regreso a México.
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