Los concejos de las alcaldías de la Ciudad de México fueron creados para vigilar a los gobiernos locales y abrir espacios de participación vecinal. Una primera evaluación sobre su desempeño mostró que la mayoría enfrenta fallas en su funcionamiento, la publicación de información y el vínculo con la ciudadanía.
La Métrica de Concejos y Alcaldías Chilangas Abiertas, elaborada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, revisó las actividades de estos órganos en las 16 demarcaciones. El estudio abarcó el período comprendido entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, correspondiente al primer año de los concejos electos en 2024.
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Estos concejos tienen la finalidad de supervisar a la persona titular del gobierno local, evaluar sus acciones y representar los intereses de los habitantes. La medición concluyó que 13 de los 16 organismos no alcanzaron las condiciones mínimas de operación, transparencia y participación ciudadana previstas para cumplir esa función.
Alcaldías concentran los servicios más cercanos a la población
Las alcaldías son los órganos político-administrativos responsables de cada una de las 16 demarcaciones de la capital mexicana, por lo que su labor incide en tareas cotidianas como la recolección de basura, el alumbrado público, el mantenimiento de calles y banquetas, el drenaje y la poda de árboles.
También conceden licencias de construcción y permisos para establecimientos mercantiles. Entre sus atribuciones figuran la protección civil y la conservación de parques, jardines y deportivos.
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Cada una cuenta con una persona titular elegida por voto directo para un período de tres años, junto a esa figura funciona un Concejo, integrado por entre 10 y 15 concejales y concejalas, según el número de habitantes de cada territorio.
El 60% de esos representantes llega al cargo mediante una planilla vinculada con la candidatura de la alcaldía, el 40% restante se designa a través del principio de representación proporcional.
La actual estructura surgió después de la reforma política de 2016 y de la Constitución Política de la CDMX, promulgada en 2017. Con ese cambio, las antiguas delegaciones se transformaron en alcaldías con una organización colegiada.
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La evaluación registró un promedio de 4.30 puntos sobre 10
La primera MeCaCha examinó diez elementos básicos establecidos en la Ley Orgánica de Alcaldías de la capital del país, el análisis agrupó los resultados en cuatro apartados: cumplimiento normativo, operación, transparencia y participación ciudadana.
El promedio general de las 16 administraciones fue de 4.30 puntos de 10 posibles. Solo tres superaron los seis puntos: Miguel Hidalgo obtuvo 6.01, Benito Juárez alcanzó 7.14 y Cuauhtémoc registró 8.30. El componente con mejor resultado fue el normativo, con una media de 6.56 puntos.
Aun así, apenas cinco demarcaciones difundieron un informe anual de trabajo: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano Carranza. La ausencia de esos documentos limita el acceso público a las actividades de los órganos colegiados.
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La medición tomó como referencia el Cabildómetro, una herramienta aplicada en 2022 por el colectivo Regidor MX en 25 municipios de 12 entidades federativas. La iniciativa de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad adaptó ese modelo al funcionamiento de la capital.
Concejos realizaron menos de la mitad de las sesiones esperadas
La ley establece que los concejos deben celebrar por lo menos una sesión ordinaria mensual. Durante el primer año de gestión, cada órgano debió realizar 12 reuniones de ese tipo.
La revisión encontró que el promedio fue de cinco sesiones ordinarias por alcaldía. Ese nivel equivale a un cumplimiento de 41% de la obligación establecida.
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Benito Juárez y Coyoacán encabezaron el registro, con 11 encuentros ordinarios cada una. Álvaro Obregón, Tláhuac y Xochimilco no reportaron ninguna reunión de esa clase.
El apartado operativo obtuvo 4.38 puntos en promedio, por lo que doce alcaldías documentaron la sesión solemne de instalación de su Concejo.
Cuajimalpa, Coyoacán, Iztacalco y Xochimilco no cuentan con registros sobre ese acto de instalación, la falta de encuentros recurrentes dificulta que estos cuerpos ejerzan tareas de control sobre las decisiones y el gasto de las alcaldías.
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En materia de transparencia, se publicaron convocatorias, actas y listas de asistencia de 60% de sus sesiones ordinarias. Solo 34% de esos encuentros puede consultarse en video.
Participación vecinal fue el aspecto con menor cumplimiento
El peor resultado de la métrica correspondió a la participación ciudadana, el estudio revisó si cada alcaldía contaba con canales formales distintos de la Ventanilla Única de Trámites y si incluía una Silla Ciudadana en sus sesiones ordinarias.
La Constitución capitalina incorporó la Silla Ciudadana como un mecanismo para que los habitantes intervengan en los debates de los concejos, la herramienta permite exponer asuntos vinculados con una colonia, un barrio o una demarcación.
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Solo Azcapotzalco utilizó este recurso, habilitándolo en dos de las siete asambleas ordinarias que celebró durante el período evaluado.
Los requisitos para ocupar ese espacio varían según cada demarcación. Algunas permiten un registro poco antes de la reunión o solicitan una carta de motivos, mientras otras exigen trámites con varios días de anticipación o un certificado de residencia con seis meses de antigüedad.
Los concejos también pueden convocar a autoridades de pueblos y barrios originarios, así como a comunidades indígenas residentes en sus territorios. La investigación no identificó una sola convocatoria de este tipo en las 16 alcaldías durante el primer año de actividades.
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