La comunidad wixárika de Tateikie, San Andrés Cohamiata, ubicada en el municipio de Mezquitic, Jalisco, denunció un agravamiento de la violencia y las amenazas atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una situación que, aseguran sus habitantes, ha provocado temor, restricciones a la libre movilidad, suspensión de actividades y el aislamiento de parte de la población.
Ante esta situación, los comuneros iniciaron movilizaciones y un plantón para exigir justicia y una estrategia de seguridad que permita recuperar la tranquilidad en su territorio.
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Bajo la consigna “Si el miedo avanza, el pueblo se levanta”, representantes de la comunidad viajaron a Guadalajara para buscar un diálogo con autoridades estatales y exigir la intervención coordinada de los tres niveles de gobierno.
Los habitantes sostienen que la problemática no es reciente. De acuerdo con sus denuncias, la presencia del crimen organizado en la región se remonta al menos a 2020, aunque en las últimas semanas la situación alcanzó uno de sus puntos más críticos por las agresiones contra dirigentes y autoridades tradicionales.
San Andrés Cohamiata se encuentra en una región estratégica de la sierra, cercana a los límites de Jalisco con Nayarit, Durango y Zacatecas, una ubicación que ha incrementado la preocupación de los habitantes ante la presencia y movilidad de grupos criminales.
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“Sólo ellos eran dueños del territorio”
Uno de los episodios que detonó las recientes movilizaciones ocurrió después de que autoridades de bienes comunales denunciaron haber sido privadas ilegalmente de la libertad.
Los representantes fueron liberados y regresaron a la comunidad el pasado 4 de septiembre, donde relataron que durante su retención fueron amenazados por presuntos integrantes del CJNG.
Según el testimonio difundido por los habitantes, los hombres les advirtieron que ellos eran los únicos dueños del territorio y exigieron que la población trabajara bajo sus órdenes.
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La denuncia provocó una nueva reacción de la comunidad, que decidió instalar un plantón permanente en el paraje El Bajío del Carrizal para exigir garantías de seguridad y una respuesta inmediata de las autoridades.
El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, acudió al lugar; sin embargo, los comuneros acusaron que su visita no produjo una solución concreta.
De acuerdo con la versión de los habitantes, el funcionario permaneció alrededor de dos horas y abandonó la zona antes de que llegaran representantes de autoridades federales y municipales que participarían en una mesa de diálogo.
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La situación generó molestia entre los manifestantes, quienes intentaron impedir la salida del funcionario para exigir atención a sus demandas.
Denuncian disparos y falta de respuesta
El momento de mayor tensión ocurrió cuando, según la denuncia de los comuneros, un elemento de la Policía Estatal habría realizado disparos al aire para dispersar a la población y permitir la salida del funcionario hacia un helicóptero.
Los habitantes aseguraron haber recuperado un casquillo percutido y exigieron una investigación para determinar lo ocurrido.
Además de las amenazas del crimen organizado, integrantes de la comunidad han denunciado una presunta falta de coordinación de las corporaciones de seguridad y han señalado posibles vínculos o complicidades que, según su versión, permiten la permanencia de grupos criminales en la región.
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En un comunicado difundido por la página WixarikaMx, los afectados señalaron que su intención era establecer un diálogo “directo, respetuoso y resolutivo” con las autoridades para alcanzar acuerdos y acciones concretas que garantizaran la seguridad de quienes viven en el territorio comunitario.
La violencia, aseguran, ha impactado prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana.
Los pobladores denunciaron que han enfrentado problemas de comunicación y suministro eléctrico, mientras que la falta de condiciones de seguridad ha obligado a suspender actividades comunitarias, educativas y hasta la organización de festividades patronales.
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También señalaron que docentes y personal médico han tenido dificultades para ingresar a la comunidad, lo que representa una afectación directa al acceso a la educación y la atención a la salud.
Seis años de alertas por la violencia
Las advertencias sobre la inseguridad en esta zona se han acumulado durante los últimos años.
En marzo de 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió alertas después de registrarse enfrentamientos entre grupos criminales en regiones cercanas.
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Posteriormente, en junio de 2022, el organismo volvió a advertir sobre un contexto de “persistente inseguridad” y pidió reforzar la presencia del Ejército y la Guardia Nacional, particularmente en rutas estratégicas como la carretera Huejuquilla el Alto-San Andrés Cohamiata.
La violencia volvió a escalar en 2024, cuando cuatro integrantes de la comunidad fueron privados de la libertad, hecho que provocó bloqueos, movilizaciones y un plantón permanente para exigir su localización.
En abril pasado, la comunidad wixárika declaró incluso un estado de alerta máxima, tras denunciar la incursión de presuntas células criminales procedentes de Nayarit que, según los habitantes, buscaban establecerse en puntos estratégicos del territorio.
Finalmente, el pasado 8 de septiembre se realizó una mesa de diálogo con representantes de la comunidad y autoridades de los tres niveles de gobierno, con mediación de la CEDHJ.
Entre los acuerdos alcanzados se encuentra el despliegue de elementos policiacos y personal militar para realizar patrullajes de vigilancia y reforzar la protección de los habitantes de San Andrés Cohamiata.
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