Quién era Carlos Beltrán Olmeda, el exasesor de Rocha Moya hallado en una fosa y señalado por presuntos vínculos con Los Chapitos

Carlos Beltrán Olmeda era un operador político de Sinaloa que llegó a manejar los recursos humanos y materiales de uno de los municipios turísticos más ricos de México. Este 22 de agosto, la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur confirmó mediante genética forense que los restos hallados el 13 de julio en una fosa clandestina en San José del Cabo corresponden al exoficial mayor del Ayuntamiento de Los Cabos.

Su nombre había aparecido meses antes en narcomantas que lo vinculaban con Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa cuyos líderes están acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de haber colocado a Rubén Rocha Moya en la gubernatura de Sinaloa en 2021, de quien además fue asesor.

Su currículum oficial, archivado en el Ayuntamiento de Los Cabos, no registra cargos de gobierno antes de su llegada a Baja California Sur. Lo que sí muestra es una cadena de asesorías políticas: entre 2015 y 2018 trabajó con legisladores federales, entre ellos Susana Corella Platt y Bernardino Antelo Esper. Luego migró al noroeste del país.

A partir de 2021 figura como asesor político de Rocha Moya, entonces gobernador electo de Sinaloa, y también de Margoth Urrea Pérez, presidenta municipal de Navolato, y Gerardo Vargas Landeros, alcalde de Ahome.

Ese mismo año, su nombre apareció ligado a la empresa BOATIP de México, desarrolladora de la aplicación Komuna, que el Semanario Zeta documentó como herramienta de financiamiento de la campaña que llevó a Víctor Manuel Castro Cosío a la gubernatura de Baja California Sur.

La plataforma asignaba tareas de promoción en redes sociales de candidatos de Morena a cambio de puntos canjeables por vales de despensa, gasolina, consultas médicas y suscripciones de entretenimiento. PAN, PRI y PRD presentaron una denuncia ante la FGR por considerar que la operación constituía financiamiento ilícito y coacción del voto. Morena rechazó los señalamientos. La empresa obtuvo contratos con dependencias estatales y municipales de Baja California Sur por más de 9,000,000 de pesos entre septiembre y noviembre de 2023, según documentó Zeta.

Rocha Moya lo recomendó

En febrero de 2022, Beltrán Olmeda llegó a Los Cabos con una carta de presentación: ser asesor del gobernador de Sinaloa. El entonces alcalde Óscar Leggs Castro lo incorporó como asesor de presidencia municipal. Un año y medio después, en septiembre de 2023, ascendió a oficial mayor, el cargo que controla los recursos humanos y materiales del ayuntamiento.

Leggs Castro fue categórico en declaraciones recogidas por Zeta: “En septiembre del 2023, por instrucciones del gobernador y del gobierno del estado, esta persona llega como oficial mayor a Los Cabos. Eso nunca lo había dicho y nada de que el Óscar Leggs lo trajo. Óscar Leggs no se mandaba solo, hubo instrucciones y ahí llegaron a Los Cabos”.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, respondió de forma distinta cuando la prensa lo cuestionó. “Yo no conozco, ni conocí a esa persona, en mi vida”, afirmó al Semanario Zeta. El mismo medio documentó múltiples encuentros entre ambos y el papel de Beltrán Olmeda como presunto operador financiero de la campaña que llevó a Castro a la gubernatura en 2021.

Las narcomantas, la renuncia y el video que reveló la fosa

En los meses previos a su desaparición, el nombre de Carlos Beltrán Olmeda comenzó a aparecer en narcomantas colocadas en distintas zonas de Los Cabos que lo señalaban por presuntos vínculos con el crimen organizado. Ante eso, difundió un comunicado para rechazar cualquier relación con la delincuencia.

Proceso ya documentaba señalamientos en su contra antes de que aparecieran las mantas. En su edición de junio de 2026, el semanario publicó testimonios y referencias a una ficha atribuida a la Unidad de Inteligencia Naval sobre presuntas redes políticas y criminales en Los Cabos.

Una fuente citada por Proceso aseguró que Beltrán Olmeda había sido “reclutado en Culiacán” por una red vinculada con Iván Archivaldo Guzmán, y que operadores de esa estructura habían sido colocados en posiciones dentro de instituciones públicas de Baja California Sur. La periodista Dalila Escobar apuntó en su cuenta de X que varios comunicadores y medios ya lo posicionaban como el mejor candidato para ser presidente municipal de Los Cabos “en publicaciones claramente pagadas”.

El 25 de mayo de 2026, Proceso lo contactó sobre esos señalamientos. “Todo es totalmente falso”, respondió al semanario, y negó tener acuerdos o pactos, así como cualquier relación con actividades fuera de la ley. Minutos después convocó una conferencia de prensa y anunció su renuncia a la Oficialía Mayor. Argumentó “motivos personales”. Esa fue su última aparición pública.

Una ficha de búsqueda difundida en redes sociales señala que desapareció el 6 de junio en el fraccionamiento La Conquista, en Culiacán, Sinaloa. La Procuraduría de Baja California Sur investiga también un viaje que habría realizado al puerto de Guaymas, Sonora, antes de desaparecer, donde presuntamente se reunió con empresarios gasolineros en un lugar conocido como Praga.

A principios de julio, páginas de redes sociales identificadas por el gobernador Castro como vinculadas al crimen organizado difundieron un video. En él, una mujer identificada como María Elizabeth Osorio Esquivel, presunta operadora de Los Chapitos, describió la privación de la libertad, tortura y asesinato de un hombre al que llamaban “El Cazabaches”, apodo atribuido a Beltrán Olmeda por una campaña de bacheo nocturno que encabezó durante su gestión.

En la grabación, Osorio Esquivel relató que la víctima habría pagado 5,000,000 de pesos para que la soltaran, sin resultado. El video incluía coordenadas exactas del lugar donde estaba enterrado.

El mismo video reveló la ubicación de un segundo cuerpo, hallado el 14 de julio en un camino a San Felipe.

El 13 de julio, personal ministerial y peritos forenses de la PGJE acudieron al punto señalado. En una brecha de terracería que conduce a la colonia La Ballena, en San José del Cabo, encontraron una inhumación clandestina con una osamenta. El colectivo Madres Buscadoras de Los Cabos participó en las labores de exhumación.

La confirmación de la muerte de Beltrán Olmeda ocurre en medio de la mayor crisis política que ha enfrentado el entorno de Rocha Moya. El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, presentó una acusación formal contra el gobernador sinaloense y nueve funcionarios y exfuncionarios por conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y protección al Cártel de Sinaloa.

Hoy, Rubén Rocha Moya enfrenta el momento más delicado de su trayectoria política: por segunda ocasión solicitó una licencia a la gubernatura mientras la Fiscalía General de la República mantiene investigaciones en su contra. En paralelo, figuras vinculadas a su entorno también han quedado bajo la mira de las autoridades, como Ricardo Verduzco, coordinador de la zona centro-norte del Instituto Sinaloense del Deporte, quien fue detenido en Utah con más de 11 kilogramos de fentanilo.