Fiscal Alan Wilson presenta cargos contra 31 personas por traficar droga de cárteles mexicanos hasta Carolina del Sur

El gran jurado estatal de Carolina del Sur acusó formalmente a 31 personas vinculadas a una red de narcotráfico que conecta a cárteles mexicanos con el área metropolitana de Charleston, en Carolina del Sur, en una operación denominada “Last Stand” que derivó en cinco acusaciones formales con 59 cargos.

El fiscal general del estado, Alan Wilson, realizó el anuncio tras una semana de redadas coordinadas entre múltiples jurisdicciones que completaron la detención de más de 30 personas. La investigación, que abarcó años de trabajo, identificó una ruta activa de tráfico de estupefacientes que transportaba cientos de kilos de cocaína, metanfetamina y fentanilo desde fuentes en México, a través de los estados fronterizos del sur, hasta Carolina del Sur.

La redada de febrero que desató la investigación

El punto de quiebre de la operación ocurrió en la madrugada del domingo 8 de febrero de 2026, cuando agentes ejecutaron una orden de registro en un club nocturno ilegal en North Charleston. El operativo resultó en el arresto de 86 personas: 79 por infracciones migratorias y siete por delitos penales.

Durante esa redada se identificaron cuatro víctimas de trata de personas y se encontró a un menor, quien fue entregado a sus familiares. Las autoridades también incautaron armas de fuego, 45 gramos de cocaína, crack, fentanilo, metanfetamina y 347 gramos de marihuana.

La investigación había surgido de reportes sobre clubes nocturnos no autorizados que atraían a grandes multitudes, entre ellas pandilleros e inmigrantes indocumentados. Esos locales se habían convertido en centros de narcotráfico, prostitución y violencia de pandillas en el área de Charleston.

Cárteles y pandillas con presencia en Carolina del Sur

Tras la redada de febrero, la investigación se expandió y permitió identificar la participación de organizaciones criminales internacionales. Las autoridades vincularon la red a dos cárteles mexicanos designados por el gobierno federal como organizaciones terroristas extranjeras: Los Zetas/Cártel del Noreste (Z/CDN) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La red fue históricamente responsable del transporte de cientos de kilos de cocaína, metanfetamina y fentanilo desde México hasta Carolina del Sur, con paso por los estados fronterizos del sur. Además de los cárteles, las autoridades identificaron vínculos con las pandillas Piru Bloods, 18th Street, Tren de Aragua y Rolling 20’s Crips.

“El narcotráfico de los cárteles mexicanos representa una amenaza para la seguridad nacional”, afirmó Wilson.

“Esta investigación abarca no solo el narcotráfico a gran escala, sino también el contrabando de armas, la prostitución y los tiroteos, siendo los negocios y clubes nocturnos que operan ilegalmente el epicentro de esta actividad delictiva“, agregó.

Operaciones en cuatro estados y 33 armas incautadas

Las acciones policiales de la semana pasada se extendieron más allá de Carolina del Sur. Agencias federales, estatales y locales ejecutaron operativos en Texas, Georgia y Florida para desmantelar las redes de distribución.

El resultado incluyó la incautación de varios kilogramos de narcóticos como cocaína, fentanilo y metanfetamina, así como 33 armas de fuego, entre ellas varias ametralladoras. En la operación participaron la Oficina de Campo de Charleston de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED), la Oficina del Sheriff del Condado de Charleston (CCSO) y más de una docena de agencias estatales, federales y locales.

“Estas organizaciones traen drogas, armas y violencia a nuestras comunidades, y no vamos a permitir que operen impunemente”, declaró Mark M. Zito, agente especial a cargo de HSI Carolinas.

“Identificamos a los implicados, desarticulamos sus operaciones y les impedimos seguir operando con normalidad”, agregó.

31 acusados y cargos que superan los 25 años de prisión

Las cinco acusaciones formales presentadas por el gran jurado contienen 59 cargos contra 31 personas. El cargo más frecuente es conspiración para el tráfico de cocaína en cantidades de 400 gramos o más, que conlleva penas de entre 25 y 30 años de prisión.

Entre los acusados con cargos más extensos figura Richard Quay Pham, alias “Chow”, quien enfrenta múltiples cargos que incluyen tráfico de fentanilo, tráfico de cocaína en segunda infracción y distribución de metanfetamina en segunda infracción. Rickey Omar Swinton, alias “6”, acumula seis cargos adicionales por posesión de arma de fuego durante la comisión de un delito violento, cada uno con cinco años adicionales a la pena principal.

Arelis Del Carmen Santos Gomez es la única acusada que enfrenta cargos de prostitución y operación de un burdel, además de conspiración para el tráfico de cocaína. Otros acusados, como Manuel Arthuro Gutierrez y Demaro Devon Rollison, enfrentan cargos adicionales por posesión de armas de fuego robadas o su uso durante la comisión de delitos violentos.

Algunos imputados permanecen bajo secreto de sumario.

Las agencias y los fiscales a cargo del caso

El jefe de SLED, Mark Keel, calificó la investigación como “multifacética” y señaló que abarcó trata sexual, tráfico de armas, narcotráfico y violencia de pandillas. “Familias de todo Carolina del Sur fueron víctimas de estas vastas redes ilícitas que pusieron en riesgo a comunidades de todo el estado”, sostuvo.

El fiscal jefe de la División del Gran Jurado Estatal, S. Creighton Waters, destacó el modelo de trabajo conjunto.

“La Operación Last Stand es la forma en que el Gran Jurado Estatal hace lo que mejor sabe hacer: unir a socios de múltiples jurisdicciones para lograr un impacto mayor en conjunto que el que podríamos obtener individualmente”, señaló.

Los casos serán procesados por el fiscal general adjunto David Fernandez y el fiscal general adjunto superior Creighton Waters, jefe de la División del Gran Jurado Estatal.