La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, salió en defensa de los nuevos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias y aseguró que las reglas propuestas no buscan censurar a los medios de comunicación ni limitar la crítica.
A través de un video difundido en redes sociales, explicó lo que significan estas garantías y respondió a algunos de los principales cuestionamientos que han surgido durante la consulta pública.
Citlalli Hernández responde a los mitos sobre derechos de las audiencias
“Hay muchos mitos circulando sobre los derechos de las audiencias”, señaló Hernández al presentar su explicación.
La funcionaria sostuvo que las disposiciones no establecen mecanismos para decidir qué pueden publicar los medios, sino obligaciones destinadas a garantizar que las personas sepan qué tipo de contenido están consumiendo.
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Entre las medidas que destacó se encuentran la creación de un código de ética, la designación de una persona defensora de las audiencias y la diferenciación clara entre información, opinión y publicidad.
Hernández insistió en que estas disposiciones no representan una revisión gubernamental de contenidos.
En su explicación, ningún medio recibirá instrucciones sobre qué publicar o qué temas puede abordar.
¿Qué buscan proteger los nuevos lineamientos de la CRT?
La discusión se desarrolla en el marco de la consulta pública abierta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), cuyo plazo concluye el 21 de agosto.
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La propuesta deriva de disposiciones legales que reconocen los derechos de las audiencias y buscan establecer mecanismos para hacerlos efectivos.
Entre las principales garantías contempladas se encuentran:
- Recibir contenidos plurales y diversos.
- Diferenciar información, opinión y publicidad.
- Ejercer el derecho de réplica.
- Presentar quejas cuando se consideren vulnerados los derechos de las audiencias.
- Contar con mecanismos de accesibilidad para personas con discapacidad.
- Recibir contenidos que respeten los derechos humanos y la no discriminación.
La propuesta contempla que las concesionarias de radio y televisión cuenten con códigos de ética y defensores de las audiencias, quienes recibirían y analizarían las inconformidades.
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Derechos de las audiencias: un debate que viene desde 2013
Citlalli Hernández recordó que estos derechos no fueron creados por el actual gobierno. Su origen se encuentra en la reforma constitucional de 2013, cuando fueron incorporados al marco jurídico mexicano.
La funcionaria también cuestionó a quienes actualmente relacionan las nuevas reglas con una estrategia de censura, al señalar que algunos actores políticos que hoy critican el proyecto participaron en la aprobación de aquella reforma.
El argumento del gobierno es que los lineamientos buscan desarrollar un derecho previamente reconocido y establecer procedimientos para que las audiencias puedan exigir su cumplimiento.
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Gobierno y oposición chocan por libertad de expresión
La postura oficial contrasta con las advertencias de organizaciones empresariales, especialistas, periodistas y partidos de oposición. Los críticos consideran que conceptos como “información falsa” o “descontextualizada” pueden resultar ambiguos y generar un margen de interpretación para la autoridad.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) ha advertido sobre posibles riesgos de discrecionalidad, mientras que sectores de la oposición han señalado que las sanciones económicas y las atribuciones de la CRT podrían afectar la libertad editorial.
El debate también ocurre en un contexto de preocupación por las condiciones en que trabajan los periodistas en México, lo que ha elevado la sensibilidad frente a cualquier regulación que pueda incidir sobre los contenidos informativos.
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Consulta pública definirá el rumbo de la regulación
Hernández rechazó que los lineamientos impidan la crítica, la investigación periodística o el cuestionamiento al poder.
Afirmó que cumplir reglas de transparencia y ofrecer mecanismos de defensa a las audiencias no equivale a censurar.
La funcionaria destacó además que el proyecto permanece abierto a observaciones y propuestas de ciudadanos, medios, especialistas y organizaciones antes de que se determine su versión definitiva.
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“En el fondo, este debate no se trata de hablar entre libertad y censura”, planteó Hernández, al considerar que también debe discutirse la responsabilidad de los medios frente a quienes reciben sus contenidos.
Mientras el gobierno defiende la regulación como una herramienta para fortalecer el derecho a la información, sus críticos exigen mayor precisión para evitar interpretaciones que puedan afectar la libertad de expresión.
La consulta concluirá el 21 de agosto y será uno de los momentos clave para determinar si las disposiciones mantienen su redacción actual o incorporan cambios derivados de las observaciones recibidas.
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