El control absoluto e inexpugnable que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ha ejercido sobre los documentos históricos de la represión estatal vivirá un punto de quiebre inédito. En una resolución judicial sin precedentes, el Poder Judicial de la Federación (PJF) determinó la creación de una Comisión de Transferencia de Archivos imparcial e independiente, diseñada específicamente para fiscalizar, catalogar y arrebatar de la opacidad militar los expedientes vinculados a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la llamada “Guerra Sucia” (1965-1990).
La medida responde al amparo en revisión 43/2025, resuelto por mayoría de votos por las magistradas Sandra Janet Hernández Chávez y Ana María Ibarra Olguín, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. El tribunal dejó asentado jurídicamente que la Sedena ha incurrido en un incumplimiento sistemático del Acuerdo Presidencial expedido en febrero de 2019, el cual ordenaba a todas las dependencias federales transparentar y transferir al Archivo General de la Nación (AGN) la totalidad de sus acervos sobre la represión política del pasado.
El fallo representa una victoria clave para Alicia de los Ríos Merino —quien busca a su madre desaparecida desde 1978— así como para las organizaciones ARTICLE 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quienes impulsaron la batalla legal iniciada en noviembre de 2023 frente a las sistemáticas trabas castrenses.
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Un historial de opacidad, alteración y cajas ocultas
La necesidad de crear un órgano de supervisión ajeno a la estructura militar no es casual. Durante las investigaciones del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), los investigadores lograron ubicar preliminarmente documentos inéditos esenciales para rastrear el paradero de personas desaparecidas y delimitar responsabilidades en la estrategia contrainsurgente. Sin embargo, el acceso duró poco.
Posteriormente, la institución armada bloqueó las consultas, alteró la documentación disponible, sustrajo expedientes e incluso desapareció cajas de evidencia previamente identificadas. Todo este patrón de obstrucción institucional quedó al descubierto en octubre de 2023 dentro del informe “Las formas del silencio”, elaborado por el propio MEH. Ante este escenario de desacato formal, la justicia administrativa concluyó que no basta con emitir una simple orden de entrega a las Fuerzas Armadas; se requiere un mecanismo externo de vigilancia permanente.
La nueva Comisión de Transferencia de Archivos contará con la participación activa de especialistas del Archivo General de la Nación. Su mandato primordial consistirá en vigilar de primera mano los procesos de identificación, clasificación, conservación y transferencia efectiva de los acervos militares hacia el AGN, evitando que la cúpula castrense mantenga el filtro de lo que se muestra y lo que se oculta a la sociedad.
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El “territorio documental” indispensable para la verdad
Para los familiares de las víctimas y las organizaciones defensoras, los archivos en poder del Ejército representan mucho más que un registro burocrático: son considerados un verdadero “territorio de búsqueda”. En sus folios reposan las órdenes de operaciones, las listas de detenciones ilegales, los partes de novedades y la información indispensable para dar con el paradero de cientos de mexicanos cuyo destino permanece en la sombra desde hace décadas.
En un pronunciamiento conjunto emitido tras darse a conocer el fallo, el Centro Prodh y ARTICLE 19 subrayaron que el éxito de esta resolución dependerá de la voluntad política del Estado mexicano para obligar a las fuerzas armadas a acatar la sentencia sin regateos institucionales. Revertir el hermetismo de las fuerzas armadas, recalcaron, sigue siendo una deuda histórica impostergable con la memoria, la verdad y el acceso a la justicia.