Un juez de control dictó prisión preventiva en contra de Guadalupe “N” por su probable participación en los delitos de contrabando y delincuencia organizada, luego de que las autoridades la señalaron por su presunta relación con la red de huachicol fiscal de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó la imputación en contra de la mujer, pero su defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional para que sea definida su situación jurídica en las próximas horas.
Fue así que Guadalupe “N” fue trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur, mientras espera que se realice la audiencia en la que se definirá si es vinculada a proceso o no.
PUBLICIDAD
La mujer fue detenida derivado de investigaciones realizadas por la FGR para combatir el contrabando de combustible, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra en la colonia Chapultepec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México este sábado.
De acuerdo con la investigación, la mujer es identificada por presuntamente desempeñarse como apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V., empresa de la que el exgobernador es señalado como socio.
La FGR informó que hasta el momento van nueve personas detenidas por el caso, de las cuales ocho ya fueron vinculadas a proceso. El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel fue vinculado a proceso junto a siete coacusados por su probable responsabilidad en ilícitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
PUBLICIDAD
Así fue detectada la red de huachicol fiscal
La Fiscalía General de la República detalló que la red fue identificada tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, que representaban un riesgo para la población por las altas temperaturas. Las inspecciones en campo, tomas de muestras y dictámenes periciales revelaron que los contenedores transportaban combustible declarado solo al 10% de su capacidad real.
A partir de ese primer hallazgo, las autoridades extendieron el análisis a ferrotanques con características similares en San Luis Potosí y Nuevo León. El patrón era idéntico: subdeclaración sistemática del contenido, lo que permitió reconstruir gradualmente la ruta ferroviaria completa utilizada para el traslado del combustible.
El cruce de facturas, cartas porte, pedimentos, documentación corporativa e información ferroviaria llevó a identificar a la importadora principal: INGEMAR S.A. de C.V., constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México. Ruffo Appel se incorporó a su capital variable en octubre de ese mismo año y, para 2021, figuraba como accionista y Secretario del Consejo de Administración.
PUBLICIDAD
En los años siguientes, la empresa amplió su objetivo social para incluir actividades relacionadas con el almacenamiento, importación, exportación, transporte y manejo de hidrocarburos, en la operación de terminales ferroviarias y servicios auxiliares vinculados al sector energético.
De 100 millones a 4 mil millones de pesos en daño fiscal
El daño imputado inicialmente ascendía a más de 100 millones de pesos, derivado del contrabando asociado a 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025. Las diligencias posteriores ampliaron ese cálculo: la FGR documentó más de 4 mil operaciones irregulares durante el primer semestre de ese año, lo que podrían ascender el daño a más de 4 mil millones de pesos.
La Fiscalía acumuló 96 datos de prueba sobre las características del hidrocarburo asegurado, además de dictámenes en ingeniería mecánica, eléctrica, fotografía y criminalística.
Hasta el momento, Ruffo Appel permanece en prisión preventiva en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras se llevan a cabo las investigaciones complementarias del caso.
PUBLICIDAD