La presidenta Claudia Sheinbaum firmó la iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, la cual tiene el objetivo de homologar los procesos de atención a los casos y penas en todo el país.
Inicialmente, la propuesta de ley se presentó en marzo pasado, sin embargo, fue hasta abril que el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional para otorgarse la facultad de crear y analizar dicha legislación.
Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia de la República, recordó que actualmente cada estado tiene sus propias normativas para la investigación del feminicidio, así como diversas sanciones y agravantes, lo cual genera irregularidades en los procesos de investigación.
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“Había deficiencias en los procesos de investigación, la incorrecta clasificación de delitos violentos, falta de análisis de contexto de violencias, ausencia de estándares con perspectiva de género, que generaban muchas veces pérdida de indicios y subregistros de feminicidios, delitos que se catalogaban como homicidios cuando realmente eran feminicidios.
“Las fiscalías no contaban o no cuentan con protocolos de actuación homologados y obligatorios para investigar y perseguir el feminicidio como tal, así como atender a las víctimas”, explicó en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, en Palacio Nacional.
A esto se suma, según la funcionaria federal, la falta de mecanismos de información, de registros públicos homologados que impedían la detección de contextos de riesgo, antecedentes de violencia y circunstancias del delito, así como el diseño de políticas de prevención y atención estratégica.
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Alcalde Luján indicó que la iniciativa será enviada hoy mismo al Congreso de la Unión, sin precisar a qué cámara.
¿En qué consiste la propuesta para crear la Ley General de Feminicidio?
La iniciativa homologa el tipo penal, al establecer que “comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razón de género”.
Asimismo, se establecen 10 razones de género, entre ellos que haya signos de violencia sexual, delito motivado por estereotipos o prejuicios, antecedentes de violencia contra la víctima y contextos de asimetría de poder.
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¿Cuáles serían las sanciones?
La propuesta fija una pena homologada en todo el país de 50 a 70 años de prisión y prevé 19 agravantes para aumentar la sanción en distintas circunstancias. Entre ellas:
- Cuando la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor, esté embarazada o viva con discapacidad.
- Cuando la víctima sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante.
- Cuando el delito lo cometa una persona servidora pública.
- Cuando la víctima presente signos de violencia, como ataques con ácido o sustancias inflamables.
Además, se sanciona la tentativa con una pena de prisión de entre la mitad y las dos terceras partes de la pena prevista de cincuenta a setenta años.
- Sanciones adicionales
Además de la prisión, la ley contempla sanciones complementarias:
- Pérdida de derechos sucesorios.
- Pérdida de tutela y de guarda y custodia.
- Pérdida de patria potestad.
- Destitución e inhabilitación, cuando se trate de personas servidoras públicas.
La iniciativa prohíbe excusas absolutorias o atenuantes por el delito de feminicidio y establece que su sanción y la reparación del daño son imprescriptibles.
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También señala que no proceden beneficios como criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada ni, en ningún caso, la vía de la amnistía.
- Protocolos obligatorios y enfoque de género en la investigación
La inicitiva señala que toda muerte violenta de mujer sea investigada como feminicidio desde el inicio.
Para ello, las fiscalías (Federación y estados) deberán contar con unidades especializadas, y la Fiscalía General de la República expedirá un Protocolo Nacional Homologado para las investigaciones.
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El Ministerio Público podrá solicitar productos de inteligencia y servicios periciales especializados.
La investigación tendrá el deber de incorporar perspectiva de género y diligencia reforzada, así como analizar antecedentes aún si no existen denuncias previas.
El objetivo es una determinación de la verdad y reparación integral del daño. Se otorga especial protección a niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio.
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- Reparación integral y derechos para las víctimas
El régimen de reparación transformadora obligaría a todas las autoridades a garantizar el acceso a la verdad, justicia y medidas de bienestar.
Se prioriza la atención médica y psicológica urgente, sobre todo a sobrevivientes y víctimas indirectas.
La restitución digna del cuerpo, asistencia jurídica gratuita y servicios de traducción e interpretación completan el catálogo de derechos, aplicable con énfasis en hijas e hijos en situación de orfandad.
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Un elemento novedoso es el establecimiento de la Comisión Especial y un Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias Contra las Mujeres, la cual supervisará la armonización legal, actualizará protocolos, impulsará registros nacionales y acompañará los procesos de investigación.
Asimismo, por primera vez se señala que personas, medios de comunicación y plataformas digitales respeten la dignidad de las víctimas directas e indirectas y que la obligación de garantizar el derecho a la verdad se extiende a todas las autoridades.
- Prevención, registro y protección a sobrevivientes
La inicitiva también propone crear un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, así como la implementación de planes de protección integral para mujeres sobrevivientes.
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Para ello, se fortalecerán Centros de Justicia para Mujeres, refugios, líneas de atención (#079-1), asesoría legal gratuita y campañas de concientización coordinadas entre la Federación y los estados.