En México, la violencia contra la prensa varía según el tipo de medio, el cargo que ocupan las y los periodistas y su esquema laboral.
El reciente asesinato del creador de contenido Manuel Alejandro Moreno Serna en Guerrero y el de la directora del portal Impulso Informativo del Sureste, Roxana Berenice Guzmán Ramírez, en Veracruz, exhiben que la exposición al riesgo depende de factores organizacionales, según un estudio realizado por la Universidad Iberoamericana (IBERO).
El análisis “Contextos organizacionales de la violencia contra la prensa”, elaborado por las doctoras Mireya Márquez Ramírez y Grisel Salazar Rebolledo, identifica que quienes trabajan en medios regionales, ocupan puestos directivos o colaboran con varios medios simultáneamente reportan mayor incidencia de amenazas, espionaje, campañas de desprestigio y ataques físicos.
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El periodismo regional muestra una incidencia “significativamente mayor de agresiones” frente a medios nacionales o internacionales.
Las formas más frecuentes de agresión no son físicas. Predominan los intentos de desacreditar el trabajo periodístico mediante insultos, discursos de odio y cuestionamientos a la integridad moral, concentrados en periodistas con mayor visibilidad y capacidad de decisión.
“El rango alto se asocia con mayor probabilidad de sufrir espionaje, acecho y hackeo”, señala la investigación.
El estudio documenta amenazas directas, acecho, espionaje, acciones legales, intimidación a familiares y usurpación de nombre como agresiones que afectan sobre todo a quienes definen la agenda editorial.
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El caso de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, desaparecida desde el 2 de junio y privada de la libertad en su casa de Nanchital, Veracruz, ilustra el nivel de riesgo para quienes dirigen medios en regiones vulnerables.
El tipo de medio es el principal factor de exposición. Periodistas de medios regionales enfrentan más usurpación de identidad, acciones legales, espionaje, amenazas, hackeo de sitios web y coerción, en comparación con quienes laboran en medios locales, nacionales o internacionales.
El periodismo nacional registra menor incidencia, incluso ante el aumento de discursos de odio y campañas de estigmatización.
Las condiciones laborales también inciden. La precariedad y la necesidad de trabajar en varios medios o plataformas incrementan la probabilidad de amenazas y ataques físicos.
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“Quienes trabajan simultáneamente para varios medios tienen mayor probabilidad de sufrir amenazas y ataques físicos”, señala.
El tipo de plataforma y la propiedad del medio modifican el riesgo
El análisis de la IBERO revela que periodistas que laboran en redes sociales y agencias de noticias reportan mayor número de arrestos, mientras que quienes producen contenido para múltiples soportes son los más afectados por hackeos.
Los medios comunitarios, aunque menos influyentes en el espectro informativo nacional, presentan una mayor vulnerabilidad digital, especialmente frente al hackeo.
La propiedad del medio —público, privado o estatal— tiene un peso menor en la incidencia de violencia, salvo en el caso de medios comunitarios donde la seguridad informática es más frágil.
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“El hackeo y otras formas de vulneración digital aparecen con mayor frecuencia en medios comunitarios”, puntualizó.
El reporte concluye que existen cuatro variables organizacionales que inciden en el riesgo de agresión: el rango dentro del medio, el alcance geográfico, el tipo de plataforma y, en menor medida, la propiedad.
Por ejemplo, el rango alto incrementa el riesgo de espionaje y hackeo; el alcance regional está vinculado a amenazas y allanamientos; y la producción en múltiples plataformas aumenta la probabilidad de amenazas, ataques físicos y arrestos.
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Las doctoras Márquez Ramírez y Salazar Rebolledo sostienen que la violencia contra la prensa en México no es homogénea ni se explica únicamente por el tipo de cobertura.
Exigen fortalecer la seguridad laboral y digital, especialmente en medios regionales, donde se concentra una parte sustancial del riesgo.