Amnistía Internacional condenó el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez y exigió al Estado mexicano una investigación pronta, exhaustiva e independiente que sancione tanto a los responsables materiales como a quienes ordenaron, facilitaron o encubrieron el crimen. La organización advirtió que ningún ataque contra la prensa puede quedar en la impunidad.
La directora de Pulso Informativo del Sureste fue secuestrada el 2 de junio de 2026 en su domicilio de Nanchital, Veracruz, por hombres armados y encapuchados. Sus restos fueron hallados 24 días después en un rancho del municipio de Moloacán, tras la detención de ocho personas vinculadas al crimen, entre ellas cuatro policías municipales.
Amnistía se solidarizó con la familia, colegas y seres queridos de Guzmán, y se sumó a la exigencia de verdad, justicia y reparación integral.
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La investigación que exige Amnistía Internacional
La organización precisó que las autoridades tienen la obligación de conducir una investigación con perspectiva de género y de derechos humanos. Ese enfoque, subrayó, es indispensable para identificar, procesar y sancionar no solo a quienes ejecutaron el crimen, sino también a quienes lo ordenaron o encubrieron.
La exigencia apuntó directamente al Estado mexicano y, en particular, al Gobierno de Veracruz. Para Amnistía, la respuesta institucional debe ser urgente y contundente, a la altura de la gravedad de lo ocurrido.
La investigación ministerial estableció que el crimen fue obra del Grupo Sombra, con división de tareas entre sus integrantes. Javier Iván, alias “Delta 1”, fue identificado como líder de esa célula criminal. Cuatro de los ocho detenidos eran policías municipales de Ixhuatlán del Sureste que, según la Fiscalía de Veracruz, proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico al grupo delictivo.
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Un crimen en contexto de violencia estructural
Amnistía Internacional enmarcó el asesinato de Guzmán en un patrón que calificó de alarmante. En lo que va de 2026, al menos tres periodistas han sido asesinados en Veracruz: Carlos Leonardo Ramírez Castro, director del portal Código Norte Veracruz, baleado el 8 de enero en Poza Rica; Luis Ángel López Valdés, reportero de Vanguardia de Veracruz, ultimado el 11 de junio en esa misma ciudad; y Guzmán, cuyo secuestro y posterior homicidio sacudió al país.
Para la organización, esta acumulación de casos no es una coincidencia: refleja la existencia de causas estructurales que hacen posibles estos ataques y que el Estado tiene la obligación de investigar y desmantelar.
Desde el año 2000, Veracruz acumula 34 periodistas asesinados, la cifra más alta de cualquier entidad del país según Article 19. Reporteros Sin Fronteras ubicó a México como la segunda nación más letal para la prensa en 2025, solo por detrás de Palestina.
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Las medidas que el Estado debe adoptar
Amnistía Internacional detalló un conjunto de obligaciones concretas dirigidas a las autoridades estatales. La primera es adoptar medidas efectivas para garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo en Veracruz.
La segunda es fortalecer los mecanismos de prevención y protección existentes, que la organización considera insuficientes frente a la magnitud de la violencia documentada. La tercera exigencia apunta a investigar las causas estructurales que hacen posibles estos ataques, reconociendo que la violencia contra la prensa no es un fenómeno aislado sino sistémico.
Finalmente, Amnistía exigió garantías de no repetición: medidas concretas que impidan que casos como el de Guzmán vuelvan a ocurrir. Sin esas garantías, advirtió la organización, el ciclo de impunidad continuará.
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El derecho de la sociedad a estar informada
El organismo internacional subrayó que la violencia contra la prensa trasciende a las víctimas directas. Cada ataque contra un periodista, señaló, constituye también un ataque contra el derecho de toda la sociedad a recibir información.
Ese argumento adquiere peso particular en el caso de Guzmán. La comunicadora había abandonado Veracruz en 2017 por razones de seguridad y regresó a finales de 2025. El 4 de enero de 2026 fundó Pulso Informativo del Sureste, un portal enfocado en noticias locales, denuncias ciudadanas y hechos de violencia en la región sur del estado.
El 2 de junio, hombres armados y encapuchados irrumpieron en su domicilio. Guzmán alcanzó a grabar los primeros segundos del ataque antes de que le arrebataran el teléfono. El video que circuló masivamente en redes sociales fue captado por su hermano desde la vivienda contigua, donde el comando también intentó ingresar mientras uno de sus integrantes gritaba que había una bebé adentro.
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Además de Amnistía, Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron el crimen y reclamaron investigaciones exhaustivas y transparentes.
La Relatoría de la CIDH advirtió que este tipo de ataques no solo vulneran el derecho a la vida de las víctimas: también buscan inhibir el ejercicio del periodismo y generan un efecto de autocensura entre quienes trabajan en los medios.