La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció este domingo 21 de junio dos bloques de sanciones contra 27 personas servidoras públicas federales por faltas cometidas entre 2019 y 2025.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso las sanciones por faltas graves, que incluyen multas por más de 777 millones de pesos e inhabilitaciones de hasta 10 años. La propia Secretaría, en cambio, impuso las sanciones por faltas no graves.
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Las faltas no graves correspondieron a servidores de las siguientes instituciones:
- Petróleos Mexicanos (Pemex)
- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
- Guardia Nacional (GN)
- Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)
- Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT)
- Comisión Federal de Electricidad (CFE)
- Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot)
- Secretaría de Economía (SE)
- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (SNDIF)
Las sanciones en ese bloque incluyeron suspensiones de tres días hasta cuatro meses, destituciones e inhabilitaciones menores.
El TFJA sancionó faltas graves en AliBien, CFE, Segob e IMSS
Las investigaciones de los casos graves fueron conducidas por la Unidad de Responsabilidad en CFE y los Órganos Internos de Control en AliBien, Segob e IMSS.
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Las pruebas recabadas permitieron al TFJA dictar las resoluciones conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El caso de mayor peso económico involucró a cuatro funcionarios de Alimentación para el Bienestar (AliBien). Se trata de María “G”, René “G”, Miguel “C” y Juan “R”, quienes recibieron una sanción económica solidaria de 777.8 millones de pesos e inhabilitación por 10 años por desviar recursos del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos hacia gastos de operación y al Programa de Fertilizantes en 2019.
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En la CFE, Ramiro “R”, de la División de Distribución Zona Torreón, recibió inhabilitación por un año y multa de 9 mil pesos por recibir dinero a cambio de cancelar adeudos de energía eléctrica en 2023.
En Segob, Shiddarta “V”, del Instituto Nacional de Migración, fue inhabilitado por un año y multado con mil 380 pesos por sustraer bienes del Instituto en 2021.
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En el IMSS, Carlos “M”, de la Unidad Médica Familiar 178 en Jalisco, fue inhabilitado por un año por tomar rayos X de pelvis a una paciente sin su autorización en 2022.
La Secretaría Anticorrupción sancionó faltas no graves en 10 dependencias federales
En Pemex, Luis “J”, del Departamento de Tripulación de Operación y Mantenimiento Eléctrico en Chiapas, fue destituido e inhabilitado por tres meses por dirigirse de forma irrespetuosa a compañeros e introducir bebidas alcohólicas al centro de trabajo en 2025. Margarita “S” y Graciela “P”, de la Dirección Jurídica en Veracruz, recibieron suspensión de 30 días cada una por presentar de forma incorrecta una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en 2024.
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En la Guardia Nacional, cinco elementos de la Jefatura General de Coordinación Policial —Gerardo “A”, Michel “L”, Jorge “C”, Brenda “H” y Pedro “P”— fueron suspendidos 30 días por presentar constancias de estudios sin validez en evaluaciones para portación de armas de fuego en 2024.
En la SSPC, Manuel “S”, del Centro Federal de Readaptación Social No. 15 CPS-Chiapas, fue inhabilitado cuatro meses por introducir estupefacientes en 2023 al penal.
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En la SICT, María “G” y Mitzy “F”, de la Dirección de Recursos Humanos de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, recibieron suspensión de 30 días por consentir comisiones inexistentes para evitar descuentos de nómina en 2023.
En el IMSS, Marco “C”, de la Coordinación de Operación y Evaluación Estratégica de la Ciudad de México, fue inhabilitado tres meses por falsificar la firma de su superior jerárquico para justificar un día no laborado en 2024. Yazmín “V”, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte en la Ciudad de México, recibió suspensión de 15 días por faltas de respeto a otra servidora pública en 2023.
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En la ATDT, Claudio “M”, de la Dirección Adjunta de Administración del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, fue suspendido 30 días por enviar mensajes de carácter sexual a una subordinada en 2024.
En la CFE, Beatriz “G”, de la Zona de Distribución Orizaba, y Verónica “R”, de la Zona Comercial Tula, recibieron suspensión de 10 días cada una: la primera por generar un contrato de energía eléctrica sin documentación y omitir adeudos existentes; la segunda por tramitar 36 solicitudes de suministro sin tener atribuciones para ello, ambas en 2024.
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En Infonacot, León “G”, de la Dirección Estatal en La Paz, Baja California Sur, fue suspendido siete días por tramitar un crédito de 29 mil pesos sin verificar que el documento estuviera a nombre del solicitante en 2025.
En la Secretaría de Economía, Ignacio “R”, de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, recibió suspensión de tres días por faltas de respeto a una compañera de trabajo en 2024.
En el SNDIF, Teresa “E” y Ricardo “C”, de la Unidad de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de México, recibieron amonestación pública por malos tratos a subordinados y por omitir atender las denuncias generadas al respecto en 2024.
Las personas sancionadas pueden impugnar las resoluciones
Las sanciones se determinaron con base en criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. La Secretaría advirtió que, en caso de impugnación, defenderá las resoluciones “apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas”.
La dependencia invitó a la ciudadanía a reportar conductas contrarias a la legalidad, el respeto y la integridad a través del portal denuncias.gob.mx, en el marco de su compromiso con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no reveló los nombres completos de las personas sancionadas: al tratarse de procedimientos administrativos y no de sentencias judiciales, la dependencia los identificó únicamente con su nombre de pila y la inicial del apellido paterno.
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