Gerardo Mérida Sánchez comparecerá el próximo 1 de junio ante la jueza federal Katherine Polk Failla en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en el marco del caso que vincula a funcionarios del gobierno de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
La audiencia fue fijada este 29 de mayo tras una solicitud de la fiscalía federal de EEUU encabezada por el fiscal Jay Clayton, según un documento judicial difundido por el periodista especializado en seguridad, Arturo Ángel, en su cuenta de X.
El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, de 66 años, se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses el 11 de mayo al cruzar la garita de Nogales, en Arizona, y fue el primero de los 10 funcionarios acusados en presentarse ante la justicia de Estados Unidos.
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Desde entonces permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.
La fiscalía pidió excluir el tiempo bajo la Speedy Trial Act para facilitar negociaciones
El documento oficial difundido este 29 de mayo confirmó los detalles procesales del caso contra el exfuncionario sinaloense.
El 15 de mayo, Mérida compareció por primera vez ante la jueza federal Sarah Netburn para su presentación y arraigo formal en la acusación S9 23 Cr. 180. En esa audiencia fue detenido con su propio consentimiento, y Netburn excluyó desde entonces el tiempo bajo la Speedy Trial Act hasta el 1 de junio.
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La fiscalía solicitó además excluir el tiempo bajo esa misma ley hasta la siguiente fecha de conferencia, con el fin de facilitar discusiones previas al juicio.
La defensa consintió la solicitud y la jueza Polk Failla la aprobó.
La conferencia del próximo lunes se celebrará a las 12:00 horas en la Sala 618 del Tribunal Thurgood Marshall, en 40 Foley Square.
Qué es la Speedy Trial Act y por qué importa en este caso
Datos consultados por Infobae México refieren que la Speedy Trial Act es una ley federal de Estados Unidos que garantiza el derecho del acusado a ser juzgado en un plazo máximo de 70 días a partir de su acusación formal o primera comparecencia.
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La ley permite, sin embargo, excluir tiempo del conteo cuando las partes necesitan margen para negociar o preparar argumentos previos al juicio.
En el caso de Mérida, la fiscalía pidió pausar ese reloj posiblemente para facilitar discusiones antes de llegar a juicio oral.
La defensa consintió y la jueza Polk Failla aprobó la solicitud. Es un mecanismo común en casos complejos de narcotráfico donde suele buscarse un acuerdo de culpabilidad antes del juicio, lo que revelaría la intención de Mérida de colaborar como testigo.
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Mérida sería un testigo con valor para la fiscalía
La acusación formal del Distrito Sur de Nueva York señala al gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya como el eje de la red de corrupción.
Según el documento, Rocha Moya se reunió con los líderes de Los Chapitos antes de las elecciones de junio de 2021, en encuentros custodiados por sicarios armados con ametralladoras, y prometió colocar funcionarios favorables al cártel en puestos de autoridad estatal a cambio del apoyo electoral.
Mérida fue precisamente uno de esos funcionarios: fue designado secretario de Seguridad Pública de Sinaloa en septiembre de 2023, bajo las órdenes directas de Rocha Moya.
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En 2023 y 2024, Mérida Sánchez presuntamente aceptó más de 100 mil dólares mensuales en efectivo de Los Chapitos. A cambio, no realizó detenciones de sus miembros, alertó al cártel sobre al menos 10 redadas a laboratorios de drogas en 2023 y facilitó el paso seguro de cargamentos de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina por territorio sinaloense.
La acusación detalla que los avisos previos permitieron a Los Chapitos evacuar personal, droga y equipo de laboratorio antes de cada operativo.
La fiscalía sostiene que Los Chapitos tenían control sobre los nombramientos en la administración estatal y que Rocha Moya lo permitió de manera deliberada.
Que Mérida se haya entregado voluntariamente y que la defensa haya consentido la exclusión del tiempo bajo la Speedy Trial Act —mecanismo que suele usarse para negociar acuerdos de culpabilidad— coloca al exsecretario en posición de convertirse en testigo cooperante.
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Su testimonio podría ser determinante para el caso contra Rocha Moya, quien aún no enfrenta a la justicia de Estados Unidos.