Greenpeace México presentó dos denuncias formales —una ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) y otra ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos (Pemex)— por el derrame de hidrocarburos registrado en el Golfo de México a principios de febrero de 2026, cuyos efectos se extendieron a lo largo de más de mil 100 kilómetros de costas, desde Tabasco hasta Tamaulipas.
¿Qué ocurrió con el derrame en el Golfo?
De acuerdo con monitoreos satelitales y testimonios de organizaciones civiles, la contaminación por hidrocarburos comenzó a registrarse en la línea costera desde el 1 de marzo, entre Pajapan, Veracruz, y Paraíso, Tabasco, extendiéndose progresivamente a Veracruz y Tamaulipas en las semanas siguientes.
Los daños documentados incluyen afectaciones a ecosistemas críticos como manglares y el Corredor Arrecifal del Golfo de México, considerados zonas de alta biodiversidad y sustento económico para miles de comunidades pesqueras y costeras.
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La denuncia ante la ASEA: qué pide Greenpeace
La denuncia popular presentada el 4 de mayo de 2026 ante la ASEA solicita que las autoridades:
- Identifiquen a los responsables de la contaminación
- Garanticen la recuperación integral de ecosistemas marinos y costeros
- Aseguren la disposición final adecuada de los residuos recolectados
- Establezcan mecanismos de alerta y protección para las comunidades expuestas
La organización también señaló irregularidades en la atención a las poblaciones afectadas: testimonios recabados apuntan a falta de alertas oportunas, deficiencias en la entrega de equipos de protección personal y ausencia de claridad sobre el manejo de residuos contaminantes.
La denuncia contra Pemex: Víctor Rodríguez Padilla en el ojo del huracán
El 27 de mayo de 2026, Greenpeace presentó una denuncia por responsabilidad administrativa ante Pemex, en la que solicita que se investiguen posibles actos y omisiones del entonces director general de la empresa, Víctor Rodríguez Padilla, así como de otros servidores públicos involucrados en el manejo de la emergencia.
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La acción se apoya en declaraciones del propio Pemex: en una conferencia de prensa del 16 de abril, la empresa admitió que funcionarios ocultaron información sobre el derrame mientras las costas ya mostraban los efectos. Entre los hechos reconocidos figuran:
- La pérdida de integridad mecánica de un oleoducto que no fue reportada
- El ocultamiento de datos sobre agua oleosa recuperada
- Una demora de ocho días para cerrar completamente la válvula principal tras detectarse la fuga
Desigualdad en la atención: comunidades rurales e indígenas, las más afectadas
Greenpeace también alertó sobre una posible brecha en la respuesta institucional. Según distintas organizaciones y comunidades, las labores de limpieza se concentraron principalmente en zonas turísticas y de fácil acceso, mientras que comunidades rurales e indígenas habrían recibido atención tardía o insuficiente.
Transparencia y rendición de cuentas, las demandas centrales
Además de las sanciones administrativas, Greenpeace México exige que Pemex, la ASEA, la Semarnat y la Profepa entreguen toda la información relacionada con el derrame ocurrido entre febrero y abril de 2026, y que se adopten medidas para garantizar la no repetición de este tipo de emergencias.
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La organización también solicita la implementación de protocolos claros de alerta temprana y atención a la salud pública en caso de futuros derrames de hidrocarburos en aguas mexicanas.