El desplazamiento forzado en comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero no solo se ha enfocado en ataques armados, con drones y explosivos llevado a cabo por parte del grupo criminal Los Ardillos, sino que también han implementado la práctica de la “tierra quemada”.
Habitantes denunciaron que esta práctica —enfocada en la destrucción total de casas, cultivos, animales y pertenencias— ha sido utilizada de manera sistemática para impedir cualquier posibilidad de retorno y borrar el vínculo con el territorio ancestral.
Esto ha sido observado en diversas comunidades, especialmente Tula, Zacatal, Chilpotla y Copalcatla. Los habitantes detallaron que no se trata solo de quemar casas: se incendian bosques, montes, campos de cultivo, todo el entorno natural y productivo. Los ataques se realizan con tal saña que incluso después de semanas, los restos de la devastación siguen humeando.
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La práctica de “tierra arrasada” fue comparada con episodios de violencia en América Latina, donde el objetivo es desterrar a comunidades enteras no solo por el miedo, sino porque “ya no queda nada”.
Violencia sistemática y ataques armados: el papel de Los Ardillos y la omisión estatal
Durante conferencia de prensa llevada a cabo con el Congreso Nacional Indígena (CNI) y la Comisión Civil de Observación Sexta (MCO-S), también se reiteró la denuncia en contra de Los Ardillos, a quienes señalan directamente como responsables de la agresión contra Tula, Zacatal, Chilpotla, Copalcatla y otras localidades.
Las comunidades denunciaron la inacción y complicidad de autoridades municipales, estatales y federales. Asimismo, denunciaron que la Guardia Nacional ha abandonado sus puestos durante los ataques o permanecen como una presencia figurativa, sin proteger realmente a la población.
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Tras el despliegue de elementos de seguridad, acusaron que lejos de garantizar protección, la respuesta ha consistido en militarizar las zonas afectadas, instalando cuarteles dentro de comunidades desplazadas y revictimizando a los habitantes al ocupar espacios comunitarios.
Acusan impunidad ante la falta de detenciones por los ataques armados: exigen justicia
Uno de los señalamientos por parte de las comunidades es la impunidad es persistente, ya que acusan que los responsables de los ataques continúan libres y el ciclo de violencia se repite año tras año. Denunciaron que sus autoridades han sido desplazadas de sus funciones, y los espacios de reunión y decisión están ocupados por fuerzas ajenas a la vida cotidiana de los pueblos.
Otra de sus constantes señalamientos es el despojo sistemático de recursos públicos destinados a las comunidades, ya que afirman desde hace aproximadamente tres años no reciben los fondos del ramo 33, lo que ha profundizado el abandono y la precarización.
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También dijeron que el gobierno ha presentado la crisis como simples enfrentamientos entre grupos criminales, minimizando la magnitud del desplazamiento forzado y la destrucción.
Las comunidades exigieron una investigación seria y la sanción de todos los responsables materiales e intelectuales de la violencia cometida en su contra. Reclamaron el restablecimiento del tejido comunitario, la restitución de sus territorios y la garantía de no repetición.