Morena manifestó este 29 de abril su respaldo al Gobierno de México, presidido por la presidenta Claudia Sheinbaum, ante las recientes solicitudes de extradición presentadas por Estados Unidos, enfatizando que el proceso debe sujetarse al Estado de Derecho y la soberanía nacional.
De acuerdo con un comunicado oficial publicado en sus redes sociales este 19 de abril, Morena sostuvo e que, según la Ley de Extradición Internacional y los tratados bilaterales vigentes, la Fiscalía General de la República (FGR) es la única autoridad autorizada para determinar si existen elementos jurídicos suficientes para admitir estas solicitudes.
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La agrupación partidista subrayó que la petición de los Estados Unidos es preocupante al presentarse sin elementos de prueba.
El comunicado advirtió, además, que la comunicación realizada por la embajada de Estados Unidos violó la confidencialidad prevista en los tratados internacionales, lo que afecta la confianza en la cooperación bilateral.
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La información del Comité Ejecutivo Nacional de Morena reiteró su confianza en la FGR y sostuvo que cualquier resolución sobre extradición se tomará conforme a derecho y en defensa de la soberanía nacional.
FGR limita la extradición de funcionarios de Sinaloa al proceso de retiro del fuero
La FGR condicionó la extradición de funcionarios de Sinaloa a Estados Unidos a que se agote primero el proceso de desafuero, pues el fuero constitucional impide que la Fiscalía obtenga una orden de aprehensión sin antes retirarlo, y además advierte la ausencia de pruebas suficientes en la documentación enviada por el Departamento de Justicia estadounidense, según explicó Ulises Lara López, vocero de la institución, este 29 de abril en conferencia de prensa, luego de que autoridades de Estados Unidos solicitaran la captura de varios servidores públicos presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa.
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En total, la lista de funcionarios señalados por los gobiernos de México y Estados Unidos incluye al gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el vicefiscal estatal Dámaso Castro Zaavedra y el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil.
Ellos, junto con seis exfuncionarios más, habrían sido identificados como posibles colaboradores del Cártel de Sinaloa, específicamente del grupo liderado por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
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En el caso de Inzunza y Rocha Moya, necesitan un trato diferente por ser servidores públicos en funciones
De acuerdo con la información ofrecida por Lara López, la FGR recibió solicitudes formales de extradición de parte del Gobierno de Estados Unidos. No obstante, la dependencia sostiene que los documentos enviados no contienen pruebas concluyentes para acreditar la participación de los señalados en delitos de protección o vínculo con la célula criminal de “Los Chapitos”.
El vocero subrayó que la legislación mexicana exige la presentación de elementos probatorios suficientes para solicitar a un juez la emisión de una orden de aprehensión contra funcionarios públicos.
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En el caso de Rocha Moya e Inzunza, ambos mantienen inmunidad constitucional —fuero— mientras ocupan sus cargos. Este blindaje jurídico impide su detención directa hasta que la Cámara de Diputados resuelva un juicio de procedencia solicitado por la FGR. Solo después de que se retire formalmente la protección mediante una votación en la cámara baja, la Fiscalía puede avanzar en la solicitud de una orden de aprehensión con fines de extradición.