Por unanimidad, el Senado de la República aprobó con 109 votos la reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley general de feminicidio para homologar la tipificación y sanción del delito en todo el país.
Actualmente, cada entidad federativa cuenta con su propia definición y sanción para el feminicidio, lo que genera vacíos legales y diferencias en la impartición de justicia.
El artículo aprobado establece bases homogéneas para la identificación, persecución y sanción del delito en los 32 estados y la Ciudad de México, y busca que ninguna muerte violenta de mujer quede impune o interpretada por prejuicio.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, subrayó que la modificación al artículo 73 no es solo un cambio normativo, sino una decisión de Estado. Sostuvo: “Esta reforma establece una legislación general que unifica criterios, homologa tipos penales y punibilidades, y define estándares de investigación con perspectiva de género”.
La senadora por Morena Martha Lucía Micher Camarena advirtió que la violencia feminicida debe atenderse sin demoras, ya que representa una grave violación a los derechos humanos. Insistió en que el feminicidio exige una respuesta articulada e integral del Estado.
¿Qué se busca con la nueva reforma?
Esta reforma planea erradicar la impunidad y garantizar justicia y reparación del daño para las víctimas, bajo un marco homogéneo que refuerce la coordinación entre los órdenes de gobierno y extienda protección integral a niñas, niños y adolescentes afectados.
El dictamen aprobado este martes surge de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, e instruye la elaboración de una ley que defina el tipo penal de feminicidio, establezca sanciones, agravantes y protocolos de investigación con perspectiva de género. El documento destaca que esta modificación constitucional no implica impacto presupuestario adicional, ni para este ejercicio fiscal ni para los futuros.
En resumen, la nueva ley permitirá:
- Definir el delito de manera legal y precisa
- Obtener justicia para las víctimas
- Evitar la impunidad a toda costa y fijar sanciones correctamente
- Eliminar vacíos legales de los diferentes códigos penales, estableciendo una legislación general para todo el país
Proponen atención integral y reparación para víctimas indirectas
El dictamen enviado a la Cámara de Diputados contempla protección reforzada para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad derivada de un feminicidio. Según el documento, esta población enfrenta afectaciones emocionales, sociales y económicas que comprometen sus derechos, por lo que el Estado mexicano deberá garantizar atención médica, acompañamiento psicológico, acceso a educación y mecanismos de reparación del daño.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, sostuvo en tribuna: “No hablamos sólo de leyes; hablamos de mujeres, niñas, madres, hijas, de familias que viven con una silla vacía y de un Estado que ya no puede fallar”. Se reconoce que muchas familias viven con la “silla vacía”, expresión del vacío y dolor que deja una víctima de feminicidio.
El dictamen señala que el 90 % de los feminicidios en México se consuman por parte de la pareja, expareja, familiares o amigos de la víctima. Cantón Zetina consideró que existe una deuda de Estado con las mujeres, “llena de omisiones, de impunidad y de silencios”.
La senadora del PAN Verónica Rodríguez Hernández argumentó que la aprobación busca una protección efectiva a las mujeres mexicanas, dado que el feminicidio representa “una de las expresiones más crueles, dolorosas e indignantes de la violencia”.
La senadora del PVEM Virginia Magaña Fonseca manifestó que el voto a favor responde a la memoria de las niñas y mujeres que han sido víctimas y a las exigencias de los movimientos feministas.