
La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente mantiene en 2026 su esquema de apoyo económico bimestral, con un alcance distinto según la entidad federativa.
Mientras en 24 estados ya opera bajo un modelo de cobertura universal hasta los 64 años, en el resto del país el beneficio sigue limitado por edad y condiciones de vulnerabilidad.
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Estados donde la pensión es universal hasta los 64 años

El programa otorga un apoyo de 3 mil 300 pesos bimestrales, entregado de forma directa a través del Banco del Bienestar.
Actualmente, la cobertura universal (de 0 a 64 años para personas con discapacidad permanente) aplica en 24 entidades que han firmado convenios con el Gobierno de México:
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Colima
- Ciudad de México
- Estado de México
- Guerrero
- Hidalgo
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Oaxaca
- Puebla
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
En los ocho estados restantes, el apoyo se entrega únicamente a personas de 0 a 29 años. A partir de los 30 y hasta los 64 años, solo pueden acceder quienes viven en municipios indígenas, afromexicanos o con alto y muy alto grado de marginación.
Requisitos y alcance del programa en México

Para acceder a la pensión, es necesario cumplir con criterios de edad según la entidad, además de presentar documentos como acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un certificado médico que acredite la discapacidad permanente.
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El registro puede realizarse directamente por la persona interesada o mediante un auxiliar autorizado, quien deberá acreditar su identidad y vínculo.
De acuerdo con datos del INEGI, en el país viven alrededor de 6.2 millones de personas con discapacidad, un sector que enfrenta mayores obstáculos para acceder al empleo, la educación y servicios de salud. Solo 4 de cada 10 forman parte de la población económicamente activa y, en promedio, perciben 13% menos ingresos.
El programa forma parte de los apoyos sociales con rango constitucional, lo que establece la obligación del Estado mexicano de garantizar su continuidad y entrega. Los periodos de incorporación se abren de manera periódica a través de convocatorias oficiales.
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