Desapariciones en México tienen indicios de “crímenes de lesa humanidad”, advierte la ONU

La crisis de desaparición forzada en México ha alcanzado un nivel de alerta máxima para la comunidad internacional. El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) ha tomado una decisión sin precedentes al solicitar que el caso mexicano sea llevado ante la Asamblea General de la ONU, argumentando que existen indicios fundados de que en el país se están cometiendo crímenes de lesa humanidad.

Al activar el Artículo 34 de la Convención Internacional en la materia, el Comité advierte que el Estado mexicano se encuentra rebasado frente a un panorama de ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil en distintas regiones del país.

El peso de la declaratoria: Crímenes de lesa humanidad

El organismo internacional concluyó que la magnitud, el patrón de los ataques y la afectación directa a la población civil cumplen con los criterios del derecho internacional para catalogar estas desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.

Aunque el Comité aclaró que no encontró pruebas de que exista una política dictada desde el gobierno federal para desaparecer personas de manera deliberada, subrayó que no es necesario que el crimen sea orquestado desde las más altas esferas del poder ni que ocurra en todo el territorio nacional para recibir esta clasificación.

Ante la postura de México, que argumentó que gran parte de las desapariciones son perpetradas por grupos delictivos y no por el Estado, la ONU respondió con evidencias claras recabadas a través de diversas fuentes, incluyendo su visita al país en 2021:

• Participación del Estado: El Comité recibió información fundamentada que documenta la participación directa, autorización, apoyo o tolerancia (omisión) de funcionarios públicos en las desapariciones.
• El papel de los cárteles: De acuerdo con el derecho internacional, las desapariciones cometidas por grupos delictivos también pueden ser consideradas crímenes de lesa humanidad cuando estas organizaciones actúan de forma sistemática contra los civiles.

Un sistema forense desbordado

El informe destaca que, a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno mexicano en los últimos años, no se observa una mejora sustancial.

Las autoridades continúan desbordadas por la crisis, lo cual se refleja en las alarmantes cifras de hallazgos documentados por el organismo:

• Más de 4,500 fosas clandestinas descubiertas en el país.
• Más de 6,200 cadáveres y 4,600 restos humanos recuperados de estos sitios.
• Alrededor de 72,000 restos humanos que continúan sin ser identificados.

A esto se suma la advertencia de que el Registro Nacional oficial sigue sin ofrecer una imagen clara para diferenciar con exactitud cuántos casos corresponden a desapariciones forzadas.

Apoyo internacional urgente y protección

El Comité aclaró que el propósito de elevar el caso a la Asamblea General no es buscar culpables individuales ni actuar como un tribunal penal, sino encender las alarmas mundiales para movilizar ayuda urgente hacia México.

A través de esta medida excepcional, la ONU busca que la comunidad internacional proporcione al país:

1. Asistencia técnica y financiera especializada para las operaciones de búsqueda y análisis forense.
2. Apoyo para investigar exhaustivamente los vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado.
3. Mecanismos eficaces de protección para garantizar la seguridad de las familias, colectivos y personas defensoras que arriesgan su vida buscando a los desaparecidos.

¿Qué dice México?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado de prensa donde expresó su rechazo al informe del Comité “por ser tendencioso y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno de México”.

Pues según el Estado mexicano, la definición que la misma comisión tiene sobre desapariciones forzadas “no coincide” con los argumentos que expone la ONU. Además, señalan que el Comité omitió los avances entre el 2019, específicamente en 2025.

SRE sostiene que “México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional”.