El Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI) advirtió que las mujeres migrantes en México enfrentan revictimización institucional y protección insuficiente ante violencia de género, a pesar de la existencia de un marco legal sólido y la adhesión del país a compromisos internacionales en derechos humanos y migración.
En un resumen del Análisis de políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en contextos de movilidad humana en Guatemala, El Salvador, Honduras y México, la organización señaló que la brecha entre la normativa y su aplicación deja a miles de mujeres en situación de movilidad en condiciones de vulnerabilidad.
Afirmó que México ha ratificado instrumentos internacionales clave, como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la Convención Belém do Pará y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, así como acuerdos recientes como el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
Señaló que en el plano nacional, el país cuenta con leyes como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, además de políticas públicas como el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Sin embargo, el IMUMI identificó una profunda disparidad entre la ley y la protección real.
Según el informe, la violencia basada en género es tanto causa de desplazamiento forzado como riesgo constante durante el tránsito y la estancia en México.
El 53% de la población asistida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 2024 señaló la violencia de género como motivo principal para huir de sus países.
El reporte resalta que la ausencia sistemática de registros que incluyan la variable migratoria en los sistemas oficiales impide dimensionar la magnitud real del problema.
Entre enero de 2016 y agosto de 2024, los 69 Centros de Justicia para las Mujeres brindaron más de 89 millones de servicios, pero solo 5 mil 429 correspondieron a mujeres extranjeras, lo que representa apenas el 0.006%. Algunos centros ni siquiera solicitan la condición migratoria de las usuarias.
En el periodo 2019-2025, las mujeres constituyeron el 30% de la migración irregular, cifra superior al 22% registrado entre 2012 y 2018.
En 2025, el 45% de las nuevas solicitudes de asilo correspondió a mujeres, frente al 30% en 2013.
Además, el 60% de las personas migrantes reportó incidentes de seguridad, como robo, secuestro y extorsión, durante su tránsito.
El IMUMI también documentó que el 70.1% de las mujeres mayores de 15 años en México ha sufrido algún tipo de violencia.
La fragmentación en la coordinación institucional y la distribución dispersa de recursos dificultan una respuesta integral.
Denunció que persisten prácticas discriminatorias y obstáculos para el acceso a la justicia, lo que genera revictimización y limita el enfoque de interseccionalidad necesario para atender a las mujeres migrantes.
El informe destaca que las organizaciones de la sociedad civil desempeñan el papel principal en la atención y protección de mujeres migrantes sobrevivientes de violencia de género.
Estas entidades ofrecen acompañamiento, asesoría jurídica, apoyo psicosocial y refugio ante la falta de respuesta estatal suficiente.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones, el IMUMI urge al Poder Legislativo a impulsar vías migratorias regulares y seguras, y garantizar recursos para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y los programas de atención a la violencia con enfoque de movilidad.
Al Poder Judicial le solicita incorporar transversalmente la perspectiva de género e interseccionalidad en los procesos relacionados con migración y asilo.
Al Poder Ejecutivo, le pide integrar al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en los sistemas de prevención y atención de la violencia de género y la niñez, y desarrollar registros administrativos que incluyan la variable migratoria.
También plantea fortalecer la articulación entre las organizaciones civiles y el Estado, y sistematizar modelos de prevención y atención especializada.
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