La Sedena encabeza actos por el 113 aniversario de la firma del Plan de Guadalupe

La ceremonia oficial contó con la asistencia de autoridades estatales y civiles

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El aniversario número ciento trece se llevó a cabo en un recinto histórico de Coahuila
La ceremonia del Plan de Guadalupe fue encabezada por el General de División Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar. Crédito: X/@Defensamx1

Personal de la XI Región Militar conmemoró el 113 aniversario de la firma del Plan de Guadalupe el pasado 26 de marzo en la Ex Hacienda Plan de Guadalupe, ubicada en Ramos Arizpe, Coahuila, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Durante la ceremonia, encabezada por el General de División de Estado Mayor Fernando Colchado Gómez, Comandante de la XI Región Militar, participaron el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, así como autoridades militares y civiles, de acuerdo con el mensaje difundido este 1 de abril.

La institución señaló que esta clase de actos busca fortalecer la identidad nacional y promover el acercamiento con la sociedad, favoreciendo los vínculos cívico-militares.

El Plan de Guadalupe es un documento de la Revolución Mexicana promulgado por Venustiano Carranza, entonces gobernador de Coahuila

Venustiano Carranza promulgó la Constitución del 17.
El Plan de Guadalupe, promulgado en 1913, sentó las bases para la resistencia armada contra Victoriano Huerta y la restauración del orden constitucional en México. Crédito: Secretaría de Cultura

El Plan de Guadalupe, promulgado el 26 de marzo de 1913 en la hacienda del mismo nombre en Ramos Arizpe, Coahuila, marcó el inicio formal de la resistencia armada contra el gobierno de Victoriano Huerta y sentó las bases para la reinstauración del orden constitucional en México.

Dicho documento, impulsado por el entonces gobernador constitucionalista Venustiano Carranza, fue respaldado de inmediato por la legislatura estatal de Coahuila, que mediante un decreto le otorgó facultades extraordinarias para organizar un ejército destinado a restaurar la legalidad tras el golpe militar que depuso a Francisco I. Madero como presidente.

El 19 de abril de 1913, la Comisión Permanente del Congreso de Coahuila en Piedras Negras sancionó oficialmente el Plan de Guadalupe al expedir el decreto número 1498, aceptándolo y secundándolo, según información de la Secretaría de Gobernación. Este dato, omitido en la mayoría de coberturas, subraya la legitimidad política que Carranza obtuvo a nivel estatal antes de la generalización del conflicto armado a escala nacional.

Con el Plan de Guadalupe Venustiano Carranza fue nombrado Primer Jefe del Ejército Constitucionalista

Victoriano Huerta intentó fusilar a Venustiano Carranza (Foto: Twitter@INEHRM)
Venustiano Carranza recibió el respaldo inmediato de la legislatura de Coahuila para liderar el Ejército Constitucionalista y restablecer la legalidad tras el golpe de Estado contra Francisco I. Madero. (Foto: Twitter@INEHRM)

En esencia, el Plan de Guadalupe desconocía la autoridad de Huerta y de los poderes legislativo y judicial federales, y nombraba a Carranza como Primer Jefe del llamado Ejército Constitucionalista.

Además, declaraba ilegítimos a los gobernantes estatales que, dentro de los treinta días siguientes a la promulgación, reconocieran la administración de Victoriano Huerta, y establecía la convocatoria a elecciones una vez consolidada la paz.

El plan, compuesto por siete artículos, fue firmado por 64 jefes de tropa. En su redacción, solo se mencionaba el encarcelamiento de Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, sin hacer referencia a sus asesinatos ocurridos el 22 de febrero de 1913.

A mediados de 1914, con el avance del ejército constitucionalista y la llegada a la Ciudad de México, el contexto político reclamó la actualización de los principios y objetivos del plan. El 12 de diciembre de 1914, Carranza promulgó en Veracruz las adiciones al Plan de Guadalupe.

En esta versión ampliada se destacaba la necesidad de leyes para la restitución y reparto de tierras, la mejora de las condiciones de la clase proletaria y la revisión de la legislación sobre recursos naturales, además de la posibilidad de expropiar territorios, contratar empréstitos y requisar armas o vehículos.