Estado de México analiza crear propia Ley de Salud con un enfoque incluyente e igualitario

El Congreso del Estado de México analizará la iniciativa enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para expedir la Ley de Salud del Estado de México, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud desde un enfoque integral e interseccional, fortaleciendo la rectoría sanitaria, la coordinación institucional y las capacidades operativas del sector.

La propuesta plantea crear un ordenamiento especializado, ya que actualmente la regulación en la materia se encuentra contenida en el Código Administrativo estatal. De acuerdo con la exposición de motivos, esta situación limita el derecho a la salud a una lógica administrativa y orgánica, sin desarrollar plenamente sus dimensiones sustantivas, preventivas, comunitarias y de coordinación interinstitucional.

El nuevo marco jurídico busca garantizar el abordaje integral del derecho a la salud en sus dimensiones preventiva, curativa, rehabilitadora y paliativa. Además, establece principios rectores como calidad, eficiencia, equidad, gratuidad, humanismo, integralidad, interculturalidad, interés superior de la niñez, justicia social, no revictimización, perspectiva etaria y de género, progresividad, sostenibilidad y universalidad.

La iniciativa fue presentada ante el pleno por la diputada Jennifer Nathalie González López, de Morena y presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social, quien explicó que el proyecto armoniza la legislación estatal con la Ley General de Salud para consolidar un sistema sanitario con visión humana, más equitativo y preventivo, y con mayor capacidad resolutiva.

El documento reconoce que diversas condiciones pueden acumularse y profundizar las desigualdades que enfrentan ciertos sectores de la población, por lo que identifica como grupos de atención prioritaria a personas adultas mayores; mujeres y personas gestantes; niñas, niños y adolescentes; personas con discapacidad; personas en situación de calle; integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+; personas migrantes; pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como víctimas de delitos o de violaciones a derechos humanos.

Entre los ejes centrales de la propuesta se encuentra el fortalecimiento de la rectoría sanitaria estatal y la coordinación efectiva con la Federación en materia de salubridad general, higiene epidemiológica y control de riesgos sanitarios. Asimismo, consolida el modelo de atención primaria a la salud, priorizando la prevención, la detección oportuna y el enfoque comunitario a lo largo del curso de vida.

La iniciativa incorpora además herramientas de digitalización, inteligencia epidemiológica y disposiciones específicas en materia de salud mental. También refuerza la protección financiera de las familias y amplía la atención priorizada a grupos vulnerables, con una perspectiva intercultural y de género orientada a una inclusión sustantiva.

Por primera vez, se reconoce de manera expresa un catálogo de derechos de las personas usuarias y pacientes, entre ellos el trato digno, el consentimiento informado, la confidencialidad, el acceso al expediente clínico, la atención de urgencias y el acceso a medicamentos.

El proyecto también contempla reformas a diversos ordenamientos estatales, incluidos los códigos Administrativo y de Procedimientos Administrativos, así como las leyes Orgánica de la Administración Pública, Orgánica Municipal y otras disposiciones vinculadas, con el fin de establecer con claridad las responsabilidades institucionales para garantizar el derecho a la salud.

Se reconoce al Sistema Estatal de Salud como la máxima autoridad en la materia, y se fortalece la capacidad rectora de la Secretaría de Salud estatal, además de consolidar al Instituto de Salud del Estado de México como instancia operadora y normativa de la política sanitaria.

La iniciativa establece que su implementación deberá realizarse bajo principios de austeridad y disciplina financiera, utilizando los recursos existentes. No obstante, la diputada Honoria Arellano Ocampo, del PVEM, llamó a prever un presupuesto robusto para enfrentar desafíos como infraestructura inconclusa, falta de personal y distribución de medicamentos.