La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló este 13 de febrero sobre la reciente decisión judicial que impuso prisión preventiva justificada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, acusado de peculado por el presunto desvío de recursos públicos.
En una declaración pública, Sheinbaum subrayó que no le corresponde al Poder Ejecutivo intervenir directamente en las decisiones judiciales o en el proceso penal, el cual está bajo la responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Poder Judicial de la Federación.
“Cuando hay una denuncia penal, la fiscalía abre su carpeta y presenta ante un juez la orden de aprehensión… y ya el Poder Judicial tendrá que tomar su decisión”, dijo la presidenta, reiterando la autonomía de las instancias judiciales en este caso.
“Un fraude y un delito”
En su opinión personal, Sheinbaum calificó los hechos que se le imputan a Duarte como un fraude y un delito, haciendo una crítica directa al modelo de transferencia de recursos que existía en administraciones anteriores, especialmente el esquema vinculado al antiguo Sistema de Seguro Popular.
Según la presidenta, ese mecanismo permitía a las entidades federativas recibir recursos que, en algunos casos, —como el de Veracruz— no se tradujeron en servicios de salud ni medicamentos, sino que habrían sido desviados para otros fines.
Contexto del caso
Este nuevo proceso penal se desprende de una imputación de la FGR por presuntos desvíos de recursos públicos —valorizados en alrededor de 5 millones de pesos— que originalmente estaban destinados al sector salud y programas para personas con discapacidad en Veracruz.
La orden de prisión preventiva fue dictada por un juez federal luego de que la Fiscalía aportara ante tribunales datos de prueba suficientes para sostener la acusación por peculado, delito que implica la utilización indebida de fondos públicos.
Diversos medios han señalado que esa medida legal complica cualquier posibilidad de que Duarte obtenga libertad anticipada al estar próximo a cumplir la pena de nueve años por delitos de corrupción y lavado de dinero, conforme a procesos anteriores en su contra.
Impacto político y social
La declaración de Sheinbaum llega en un momento en que los temas de corrupción, transparencia y rendición de cuentas son ejes de la agenda pública. Al insistir en que el Ejecutivo no puede interferir en decisiones judiciales, la presidenta trató de marcar la separación de poderes y reforzar la legitimidad del proceso en curso.
Además, su referencia a fallas estructurales en esquemas anteriores de distribución de recursos apunta a un debate más amplio sobre la gestión pública y las responsabilidades de administraciones pasadas.
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