Aunque México ha avanzado en el reconocimiento legal del derecho al aborto, aún existen cifras de carpetas de investigación abiertas por este “delito”.
Entre enero de 2015 y agosto de 2025, se registraron 7 mil 511 carpetas de investigación por aborto, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Esta cifra contrasta con el panorama del país, pues en septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización absoluta del aborto.
Desde entonces, 22 estados han reformado sus códigos penales para permitir la interrupción voluntaria del embarazo, generalmente hasta las 12 semanas de gestación.
Sin embargo, los registros oficiales evidencian que el reconocimiento legal no siempre se traduce en un cambio real en la práctica judicial: ministerios públicos y fiscalías siguen persiguiendo penalmente este derecho, incluso en estados donde ya ha sido despenalizado.
La criminalización persiste
Tres entidades concentran más de la mitad de las carpetas abiertas por aborto en la última década: la Ciudad de México (1,471), el Estado de México (1,252) y Nuevo León (1,101), que en conjunto suman 3,824 expedientes, es decir, más del 50% del total nacional, de acuerdo con datos del SESNSP consultados por Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en su informe Maternidad o Castigo, hacia la despenalización del aborto en México.
El caso más contradictorio es el de la capital del país, donde el aborto es legal desde 2007. Aun así, la apertura de carpetas ha aumentado 41% entre 2015 y 2024, al pasar de 131 a 185 investigaciones anuales.
Sin embargo, es importante recalcar que el informe no especifica hacia quienes están dirigidas las carpetas, por lo que podría involucrar a personal médico, parteras o acompañantes.
Aunque no siempre se concretan en sentencias condenatorias, los procesos judiciales pordrían funcionan como un mecanismo de persecución, algo que, según GIRE, mentiene vivo el estigma social y legal que rodea al aborto.
Inconsistencias y rezagos en la implementación
En estados como Nuevo León y Baja California, que no figuran entre los más poblados del país, se concentra casi el 20% de todas las carpetas de investigación por aborto.
Según Gire, esto indica que el fenómeno no puede explicarse solo por densidad poblacional, sino por decisiones institucionales que se enfocan en la sanción penal sobre el enfoque de derechos.
Además, la organización señaló que existen discrepancias entre los datos públicos del SESNSP y los reportes obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información.
Por ejemplo, en Chihuahua se reportaron 74 carpetas de investigación por aborto en un periodo determinado, mientras que el SESNSP registró 77 para el mismo lapso. Estas inconsistencias reflejan falta de uniformidad en la forma en que las fiscalías estatales reportan y clasifican los casos.
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