El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados más recientes de la medición oficial de la pobreza multidimensional en México, donde se analizó, entre otros indicadores, la carencia por acceso a los servicios de salud.
De acuerdo con la metodología utilizada, una persona se considera en situación de carencia por acceso a la salud cuando no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución pública o privada que los otorgue.
Los datos muestran un panorama alarmante: 61.1 por ciento de la población ocupada, equivalente a 38.4 millones de personas, no tiene acceso directo a la seguridad social, lo que evidencia el alto nivel de informalidad laboral y las condiciones precarias en las que se desempeñan millones de trabajadores en el país.
La situación no mejora entre quienes no forman parte de la población ocupada. Según el informe, 48.9 por ciento de este sector, equivalente a 32.9 millones de personas, tampoco cuenta con seguridad social, lo que refleja las dificultades de acceso para quienes se encuentran en desempleo, trabajos eventuales o en actividades no remuneradas.
En decir, más de 71 millones de mexicanos no cuenta con acceso a los servicios de salud que debe brindar el estado. De hecho, muchas personas que tienen seguro, constantemente reportan que no se tienen las medicinas suficientes para surtir las recetas.
Evolución en los últimos cinco años
El estudio advierte que la población de adultos mayores es especialmente vulnerable. El 33.3 por ciento de las personas de 65 años o más –alrededor de 3.2 millones– depende únicamente de programas sociales, con ingresos por debajo de la línea de pobreza extrema y sin contar con una pensión por jubilación.
Esta situación coloca a las y los adultos mayores en un escenario de mayor fragilidad económica y de salud, pues además de enfrentar dificultades para costear atención médica, carecen de un ingreso digno que les permita cubrir sus necesidades básicas.
El análisis histórico presentado por el INEGI revela que la carencia en el acceso a servicios de salud ha tenido altibajos significativos en la última década.
En 2016, solo el 15.6 por ciento de la población enfrentaba esta problemática. Sin embargo, para 2020 la cifra se disparó a 28.2 por ciento y continuó en ascenso hasta llegar a 39.1 por ciento en 2022, lo que significó un aumento de más de 10 puntos porcentuales en apenas dos años.
Aunque en 2024 se registró una disminución de cinco puntos porcentuales, ubicándose en 34.2 por ciento de la población (44.5 millones de personas), el nivel sigue siendo superior al de 2020 y duplica el registrado en 2016.
El repunte acumulado de 18.6 puntos porcentuales entre 2016 y 2024 plantea la necesidad de analizar tanto los cambios en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) como las variaciones en el comportamiento de la población respecto a la búsqueda de atención médica.
Un aspecto relevante del estudio es la reducción de 4.9 puntos porcentuales en la carencia por acceso a servicios de salud entre 2022 y 2024, lo que representa a 5.9 millones de personas que reportaron estar afiliadas, inscritas o con derecho a atención médica en instituciones públicas o privadas.
Precarización laboral y falta de cobertura universal
Pese a este avance, la cifra general de carencia se mantiene en niveles preocupantes, ya que más de un tercio de la población en México sigue sin tener acceso a un derecho básico consagrado en la Constitución.
Los datos del INEGI ponen en evidencia dos grandes problemáticas estructurales: la alta informalidad laboral y la limitada cobertura del sistema de salud y seguridad social.
Por un lado, millones de trabajadores ocupados no cuentan con prestaciones ni afiliación médica, lo que revela un mercado laboral con alta precarización. Por otro, la población no ocupada –incluyendo desempleados, personas en actividades no remuneradas y adultos mayores– enfrenta barreras estructurales para incorporarse a un esquema de protección social.
En suma, la información demuestra que la carencia en el acceso a los servicios de salud en México sigue siendo un reto urgente de política pública, ya que afecta no solo a quienes trabajan en condiciones de informalidad, sino también a sectores vulnerables como adultos mayores y personas sin empleo.