Varios funcionarios públicos mexicanos han sido vinculados con actividades ilegales en las operaciones fronterizas por un nuevo esquema corrupto de recaudación fiscal.
Bajo ese contexto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha identificado a diversos políticos mexicanos con presuntos nexos con el narcotráfico, entre ellos, tres exgobernadores, cinco senadores, cuatro diputados federales y un juez o magistrado, indica la investigación.
Es así que Alex Tonatiuh Márquez Hernández y José Ramón Gómez Leal, entre otros, relacionados con la Agencia Nacional de Aduanas de México, han sido señalados por la supuesta implicación de ambos en una red de tráfico de influencias y en un nuevo fenómeno de corrupción.
El denominado “huachicol fiscal”, se refiere a un esquema de recaudación ilegal que se ha intensificado en los últimos años, representa una amenaza tanto para la seguridad nacional como para la integridad del comercio internacional, es decir, la importación de gasolinas y diésel sin pagar impuestos.
Por ello, Washington ha solicitado formalmente la cooperación del gobierno mexicano para la entrega voluntaria los implicados, situación que podría derivar en un incidente diplomático de gran escala si no se logra un canal de colaboración eficiente entre ambas administraciones.
Mientras tanto, el Informe de Estimaciones Nacionales de Comercio 2025 (National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers), generado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), publicado el 31 de marzo de 2025, ha puesto de relieve que las prácticas aduanales en México son un obstáculo recurrente en las relaciones comerciales entre ambas naciones.
El documento también refiere que la implementación inconsistente de normativas, la falta de notificaciones previas respecto a modificaciones regulatorias y las restricciones portuarias específicas crean un entorno de incertidumbre para los exportadores estadounidenses, lo cual afecta directamente la eficiencia en el flujo de mercancías transfronterizas, lo que ha desatado preocupaciones significativas en el ámbito empresarial estadounidense y en la administración de Donald Trump.
De igual modo se destaca otra problemática: las redes de corrupción vinculadas a las aduanas mexicanas y su supuesto lazo con el crimen organizado, por lo cual, según el reporte, se han incrementado las tensiones bilaterales, aunado a “prácticas aduaneras opacas, demoras en registros sanitarios, restricciones a productos biotecnológicos, incompatibles con medidas estándares internacionales y un entorno cada vez menos favorable a la competencia”.
Por lo anterior, Estados Unidos advirtió que estas acciones contradicen los compromisos asumidos por nuestro país en el T-MEC, y afirma que continuará utilizando los mecanismos del tratado y asegurar su cumplimiento.
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