Por tortura sexual contra periodistas, procesan a seis funcionarios de Izúcar de Matamoros, Puebla

Con más de 100 elementos de prueba, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) consiguió que un juez vinculara a proceso a seis servidores públicos de Izúcar de Matamoros, Puebla, por su aparente responsabilidad en los delitos de tortura sexual y abuso de autoridad contra las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López.

Los hechos relacionados con este caso ocurrieron entre el 10 y el 11 de marzo de 2023, cuando elementos de la Policía Municipal persiguieron y detuvieron, de manera arbitraria, a las hermanas Natalie y Michelle después de la cobertura periodística que realizaron en el marco del Día Internacional de las Mujeres.

Abel “S”, Víctor “V”, Alberto “H”, José “T” y Mariela “M” son señalados por la Fiscalía como la y los agentes policiales que participaron en dicha detención, lo que constituye un aparente acto de abuso de autoridad.

Natalie y Michelle, así como dos activistas más, fueron llevadas a los centros de detención municipal (separos), en donde fueron víctimas de tocamientos lascivos en distintas partes del cuerpo y amenazadas. En los actos de tortura, además de los cinco mencionados, también habría estado implicado Jesús “V”, quien ostentaba el cargo de Juez Calificador.

“[Las víctimas] fueron detenidas y castigadas física y psicológicamente a través de actos tendientes a intimidarlas, discriminarlas y obtener información durante su detención de manera ilícita”, refiere la Fiscalía Especializada. “Los actos de tortura fueron agravados por haberse realizado tortura sexual y por cometerse con la finalidad de castigar la libertad de expresión de las víctimas”, añadió.

Información compartida por La Jornada refiere que la agente del Ministerio Público a cargo del caso señaló en la audiencia que los elementos de Seguridad Pública se habrían burlado de las periodistas y habrían revelado que su detención fue, supuestamente, una orden directa de la alcaldesa de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres.

Las indagatorias detallan que Natalie, Michelle y dos activistas más permanecieron incomunicadas por varias horas y posteriormente fueron forzadas a pagar una multa de mil 900 pesos por haber daños al mobiliario urbano, derivado de una serie de pintas realizadas durante las protestas por el 8M.

Cabe recordar que esta es la tercera vez que la y los policías municipales enfrentan una vinculación a proceso, pues además de estos dos delitos tienen en su contra una investigación por falsedad en informes dados a una autoridad, en el mismo caso. En este sentido, el juez Jesús “V” también fue vinculado anteriormente, pero por usurpar funciones el día en que las víctimas fueron detenidas.

En la reciente audiencia, la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria. No obstante, se descartó la necesidad de ingresarlos a prisión como medida cautelar, debido a la disposición que han mostrado para asistir a las audiencias. En cambio, se les impuso una prohibición de acercarse a las víctimas durante el proceso.