
Derivado de las investigaciones por el tercer caso judicial en su contra, Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), fue vinculado a proceso, esta vez por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.
Por medio de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Madueña y otros cinco integrantes del Comité de Adquisiciones de la UAS, entre quienes está Héctor Melesio Cuén Díaz, estarían ligados a una serie de movimientos financieros irregulares correspondientes a los ejercicios de 2021 y 2022.
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El expediente señala que la UAS, por medio de los imputados, habría utilizado recursos públicos para celebrar contratos de manera directa con la empresa Arquitectos Constructores de Sinaloa S.A. de C.V., en lugar de hacerlo mediante licitación pública.
Los datos de la Fiscalía refieren que el dueño de esta empresa es César Abraham Cuadras López, esposo de Yareli López, quien funge como secretaria académica de la Facultad de Informática.
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Para la investigación, Cuadras López presentó a las autoridades diversos estados de cuenta bancarios que exhiben los pagos que recibió por parte de la UAS. En 2021 se registraron 15 transferencias por tres millones 675 mil 621 pesos, mientras que en 2022 el monto pagado fue de cuatro millones 231 mil 893 pesos en 31 movimientos.
Según las facturas proporcionadas por la compañía, se habría recibido un pago total de siete millones 907 mil 515 pesos a lo largo de los dos años. Sin embargo, estos datos contrastan con la información presentada por la UAS, ya que la institución emitió en 2021 47 facturas por diez millones 898 mil 756 pesos y 81 facturas en 2022 por diez millones 65 mil 506 pesos. Es decir, la UAS emitió facturas por más de 20.9 millones de pesos, frente a los 7.9 mdp que recibió Arquitectos Constructores de Sinaloa S.A. de C.V.
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El informe de la Fiscalía estatal señala que este procedimiento ha sufrido múltiples aplazamientos debido a que los acusados incurrieron en un “uso abusivo del derecho a nombrar libremente a su defensor”, pues en la más reciente audiencia designaron a los mismos abogados que tenían en el primer y segundo acto judicial, con fechas del 19 de octubre y 14 de diciembre de 2023.
Durante la audiencia, la defensa de Jesús Madueña y el resto del comité argumentó que los imputados no eran servidores públicos y no podían someterse a la Ley de Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. No obstante, el juez consideró que había elementos suficientes para dictaminar su vinculación a proceso, ya que es el gobierno estatal el que le suministra los recursos a la institución educativa.
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“Con esta vinculación a proceso de los funcionarios universitarios de la UAS, queda claro que no se viola la Autonomía Universitaria, que las personas imputadas son servidores públicos, y que no se trata de un ataque a la Universidad Autónoma de Sinaloa, sino por el contrario, se está protegiendo a esta Universidad para que los recursos públicos que le ministra el Estado su uso y destino sea conforme a la Ley que rige el servicio de obra pública”, aseveró la Fiscalía.
A Madueña Molina, Cuén Díaz, Soila Maribel “G”, Jorge “P”, Óscar Orlando “G” y Salvador “P” se les ordenó que se presenten cada mes ante la Unidad Estatal de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECA) y se les prohibió salir del país. Madueña Molina fue separado de su cargo como rector de manera temporal y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.
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Por otro lado, debido a que Héctor Melesio Cuén Díaz se ausentó por cuarta ocasión de la audiencia y participó vía remota, agentes de la FGE solicitaron al juez que se ejecutara una orden de aprehensión en su contra. La autoridad judicial lo citó para que se presente el 9 de julio en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Zona Centro y reiteró que la Fiscalía podría concretar su captura independientemente de la reprogramación de la audiencia.
El 21 de agosto de 2023, el ahora rector suspendido de la UAS fue vinculado a proceso por presunto abuso de autoridad al impedir que la Auditoría Superior del Estado (ASE) efectuara una auditoría en la UAS. Semanas después, el 15 de septiembre, se le dictó un nuevo auto de vinculación a proceso por aparente ejercicio indebido del servicio público por la probable compra irregular de más de 45 millones de pesos en tortillas, tostadas, totopos y tortillas de harina entre 2020 y 2022.
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