
La exdiputada federal de Morena, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, fue declarada culpable por falsificación de documentos hace casi una década y, pese a que la justicia ha ratificado el caso, no ha cumplido con la sentencia.
En la sentencia del caso 218/2014 resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, señala que Márquez Alkadef fue sentenciada a seis meses de prisión y obligada a pagar una multa de 100 días de salario mínimo vigente en la época de los hechos que asciende a los 4 mil 716 pesos.
Antes del tribunal, el Juez Primero de lo Criminal e instancias superiores, como el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, le han dado la razón a las víctimas. Sin embargo, la morenista no ha pisado la cárcel debido a que ha presentado distintos amparos, que ha ido perdiendo.
“Se confirma la sentencia definitiva de fecha 30 de enero del 2023 pronunciada por el Juez Primero de lo criminal del Primer Partido Judicial, con sede en Puente Grande Jalisco, dentro de la causa penal número 16/2010-A, instruida en contra de Cecila Marquez Alkadef Cortés, en la comisión del ilícito de falsificación de documentos”, señala la primera sentencia en contra de la exdiputada.

De acuerdo con lo relatado en el caso, Cecilia Márquez presuntamente buscó quedarse con un inmueble que rentaba en Guadalajara, Jalisco, presentando un documento de contrato de compraventa supuestamente falso, comenzando así el litigio por parte de los dueños originales.
En todos estos años de pleito legal, murieron el dueño y su hijo, quedando únicamente la viuda como propietaria, quien no ha podido acceder a la vivienda en más de 20 años.
Ante las acusaciones, las autoridades electorales no impidieron su registro en las listas de candidatos plurinominales a la Cámara de Diputados, donde ocupó un curul en la actual legislatura, siendo –entre otras cosas– integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de San Lázaro.
Morena ignoró este caso judicial antes de nombrarla coordinadora de Comunicación Social del partido, según se lee en el apartado de “Experiencia Laboral” de las declaraciones patrimoniales que entregó a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados.
Cronología del caso

De acuerdo con la sentencia del caso 218/2014 resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, todo comenzó a mediados de 2002.
Pese a la celebración de un contrato de arrendamiento, Cecilia Márquez dejó de pagar la renta provocando la molestia del dueño, quien al buscar el pago de la deuda se llevó la sorpresa de que la casa supuestamente ya era propiedad de la morenista.
Para argumentar su posesión, Márquez Alkadef presentó un contrato de compraventa por 700 mil pesos firmado por el hijo del dueño del inmueble, quien no tenía el poder para vender la propiedad ya que solo era el administrador de la misma.
“La demandada (Cecilia Márquez) aseveró que había quedado sin efectos el contrato de arrendamiento exhibido como documento de la acción y, por ende, eran improcedentes las pretensiones de la parte actora, ya que desde el 22 de diciembre del 2002 había adquirido el citado inmueble por virtud del contrato de compraventa celebrado con el hijo del dueño por la suma de 700 mil pesos”, se lee en el documento.
Fue entonces que el dueño y el hijo comenzaron el litigio en contra de la exdiputada federal, donde acreditaron que el documento era falso, pues la firma del hijo del dueño había sido falsificada.

“El contrato de compraventa exhibido por la denunciada (Cecilia Márquez) resulta ser falso, toda vez que su finado hijo nunca celebró el contrato de compraventa que refiere la demandada, puesto que en principios de cuentas la finca no era de su propiedad [...] únicamente era administrador de sus propiedades y exclusivamente se encargaba de cobrar las rentas”, explica el documento
Además, en este lapso, Máquez Alkadef dejó de pagar las rentas que ascendían entonces a un adeudo de al menos 741 mil pesos.
Todo esto, de acuerdo con la sentencia, pasó con total conocimiento de la exdiputada federal morenista.
“La implicada (Cecilia Márquez) trató de obtener su beneficio particular, al haber utilizado dicho contrato de compraventa a pesar de tener plena consciencia de que el mismo era apócrifo, pretendiendo hacerlo pasar como si fuere verdadero, para obtener un beneficio de carácter patrimonial, mediante la utilización de un documento falso y no pagar la cantidad reclamada consistente en la cantidad de 741 mil pesos”, se relata en el documento.
Pese a la insistencia de Cecilia Márquez de evitar la sentencia por la falsificación de documentos, las instancias judiciales han determinado que “es correcto que se le impusiera una pena privativa de libertad de seis meses de prisión y multa de cien días de salario mínimo”, como se lee en la sentencia.
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