
El avance de la tecnología ha detonado el uso de tarjetas de crédito y débito para el pago de productos y servicios, avanzando sobre el uso de efectivo, sin embargo, esta situación también se ha prestado para el cobro de comisiones indebidas por parte de algunos proveedores a los usuarios por la utilización de las terminales punto de venta.
Cuando se hace uso de una terminal electrónica, en ocasiones el vendedor solicita al usuario el pago de una comisión extra por el uso del servicio de la terminal que va de entre el 3 y 5% del valor total de la compra, lo cual resulta abusivo y contrario a lo estipulado en los contratos que celebran los proveedores con las instituciones bancarias.
Por esa razón, en la Cámara de Diputados se pretende prohibir de forma clara al proveedor que este transfiera la comisión por el servicio de la terminal punto de venta al usuario de la tarjeta.
El diputado Brígido Ramiro Moreno Hernández (PT) presentó una iniciativa que reforma el artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para establecer que: “queda prohibido que el proveedor transfiera la comisión por el servicio de la terminal punto de venta al consumidor”.

Dicho artículo señala que al momento de realizar una compra el monto deberá “incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a crédito”.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha reconocido que el cobro de este tipo de comisiones es indebido, y recomienda a los usuarios víctimas a comunicarlo a su banco, a fin de que puedan tomar las medidas necesarias hacia los establecimientos que incurren en esta práctica.
Con esta reforma se eliminaría todo argumento para el cobro de este tipo de comisiones, con lo cual se procuran la equidad, la certeza y la seguridad jurídica entre vendedores o prestadores de servicios y sus clientes.

Moreno Hernández considera fundamental que quede definido en la ley que todo proveedor está obligado a exhibir de forma notoria y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrece.
El documento, enviado a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, busca brindar certeza y otorgar seguridad jurídica tanto a los usuarios como a los proveedores en las relaciones comerciales, así como frenar las malas prácticas que existen en este tema.
Este tipo de prácticas condicionan y obstaculizan la inclusión financiera, debido a que los usuarios pueden llegar a pensar que les resulta más costoso efectuar una compra a través de tarjetas de crédito o débito y optan por hacerlo en efectivo.
La utilización de esta tecnología no sólo beneficia al usuario, sino también a los proveedores, quienes incrementan sus ventas y disminuyen los riesgos que implica el manejo de efectivo, señaló el diputado.
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