Como resultado de los procedimientos realizados en Río Gallegos y en un campo de la Ruta Provincial 53, dos personas fueron detenidas y un total de cinco imputados quedaron alojados en un penal federal. Se trata de presuntos integrantes de la red de narcotráfico y lavado de activos que habría liderado el empresario Lázaro Báez desde el encierro.
Los operativos se desplegaron en distintos sectores de la capital santacruceña a lo largo de este sábado. Uno de ellos tuvo lugar sobre la calle Provincias Unidas, entre Entre Ríos y Estrada, donde se concretaron las dos detenciones. En otro procedimiento, en Banciella y 20 de Julio, los investigadores requisaron un automóvil.
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Al mantenerse la sospecha de que la banda habría administrado una red de tráfico de drogas, durante las inspecciones se dispuso la intervención de Moira, una perra entrenada para detectar narcóticos. Según trascendió, la canina habría señalado rastros de sustancias, que serán sometidas a pericias para determinar su naturaleza.
De acuerdo con información a la que accedió La Opinión Austral, las fuerzas provinciales y federales también realizaron un rastrillaje en un establecimiento rural situado a la altura del paraje Kiri Kaike, sobre la Ruta Provincial N° 53. En ese predio encontraron tres vehículos de carga de gran porte abandonados.
La investigación busca establecer si los camiones tuvieron alguna vinculación con la presunta estructura dedicada al traslado de cocaína desde el norte del país hacia Río Gallegos. Según consta en la causa, esa modalidad habría utilizado vehículos pertenecientes a empresas de transporte al menos desde diciembre del año pasado.
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El hallazgo también podría aportar información a la pesquisa por lavado de activos, orientada a reconstruir un supuesto mecanismo para administrar, explotar y poner en circulación maquinaria y otros bienes relacionados con Báez, con el posible objetivo de evitar los decomisos ordenados por la Justicia.
Cerca de las 17 horas, los cinco imputados fueron trasladados a la Unidad Penitenciaria Federal N° 15 de Río Gallegos, donde quedaron detenidos de manera preventiva. La llegada de la comitiva movilizó a familiares que se concentraron frente al establecimiento penitenciario.
Antes del ingreso, el personal del Servicio Penitenciario preparó el alojamiento y una médica realizó los controles clínicos de rutina. Los detenidos fueron trasladados con sus pertenencias personales, entre ellas colchones, mantas, yerba y alimentos.
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La mayoría de los acusados no hizo declaraciones ante la prensa. Uno de ellos, sin embargo, afirmó ser “inocente políticamente” antes de ingresar a la unidad. Otro se dirigió a su madre, que aguardaba en las inmediaciones, con la frase: “Perdón, mami”.
Los cinco habían comparecido días atrás ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos y optaron por no declarar, de acuerdo con el consejo de sus defensas. Con estas nuevas detenciones, permanecen privados de la libertad Báez, alojado en el complejo penitenciario de Ezeiza; su pareja, Claudia Insaurralde; Cristian Ibáñez, conocido como “Budín”; y Óscar Núñez, detenido en la Unidad Penitenciaria N° 2 de Río Gallegos.
Investigan si Lázaro Báez habría liderado una organización destinada a operar activos embargados
Actualmente, la Justicia Federal investiga si Lázaro Báez encabezó desde la cárcel una presunta estructura para administrar y explotar bienes embargados o decomisados, fuera del control de los tribunales que intervienen en sus causas. La pesquisa incluye movimientos por más de $400 millones, contratos vinculados a estancias, alquileres de inmuebles y el uso de vehículos de empresas de su grupo.
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La acusación fue formalizada ante el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, a partir de una investigación de la Unidad Fiscal local y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Durante la audiencia celebrada este jueves, el fiscal Julio Zárate atribuyó al empresario el presunto liderazgo de una asociación ilícita orientada al lavado de activos. Según la hipótesis de la Fiscalía, Báez impartía directivas desde su celda mediante una línea telefónica registrada a nombre del Servicio Penitenciario Federal.
Previo a esto, los investigadores secuestraron documentación durante un allanamiento realizado en el lugar y analizaron comunicaciones que, a su criterio, dan cuenta de instrucciones sobre sus propiedades y empresas.
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La causa también alcanzó a Claudia Insaurralde, pareja de Báez, y a Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como “Budín”, a quienes la Fiscalía ubica como piezas centrales de la supuesta organización. Ambos fueron detenidos en el aeropuerto de Ezeiza luego de viajar desde Río Gallegos y se evalúa un posible intento de fuga.
Para los investigadores, Insaurralde e Ibáñez habrían coordinado el manejo de establecimientos rurales, el cobro de alquileres y la distribución de fondos. En las comunicaciones incorporadas al expediente, los involucrados se referirían a Báez como “el tío” y a Insaurralde como “la tía”.
Una de las líneas de investigación se concentra en la actividad ganadera. La Fiscalía detectó contratos de locación y capitalización firmados a través de Austral Agro S.A. Entre los documentos secuestrados figura un alquiler de la estancia La Entrerriana a favor de Ibáñez por $2 millones mensuales. Sin embargo, las planillas halladas en la celda de Báez indicarían que el imputado acumulaba una deuda de $12 millones.
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La pesquisa también incorporó un convenio por 7.000 ovejas en la estancia Coronel Guarumba. De acuerdo con la acusación, dos personas vinculadas a ese acuerdo transfirieron $26,2 millones a Ibáñez entre abril y octubre de 2026. Parte de ese dinero habría sido enviado luego a cuentas de Insaurralde y de Fausto Devetac, cuñado de Ibáñez.
Además de esto, los fiscales analizan el manejo de departamentos del edificio Koonek, en Río Gallegos, cuyos derechos de propiedad fueron decomisados y transferidos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La acusación sostiene que Ibáñez realizó averiguaciones para establecer quién percibía los alquileres de esas unidades.
En otro tramo, la causa examina el presunto uso de camiones y maquinaria de Austral Construcciones. Uno de los rodados había sido interceptado en Caleta Olivia en julio de 2025, cuando trasladaba estructuras metálicas y maquinaria desmantelada. Meses después, según la investigación, el mismo camión fue fotografiado en un domicilio relacionado con Ibáñez y posteriormente secuestrado cerca de Guer Aike.
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Ibáñez también figura como imputado en otra investigación por una presunta organización dedicada al transporte de cocaína en camiones desde diciembre de 2025. Esa causa fue uno de los antecedentes que derivó en la pesquisa sobre la supuesta estructura de lavado vinculada a los activos de Báez.
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