Claudia Sarmiento, nueva integrante del Consejo de la Magistratura: “Vamos a trabajar para devolverle la confianza de la gente a la Justicia”

La abogada sanjuanina Claudia Sarmiento se incorporará al Consejo de la Magistratura y se convertirá en la primera mujer de su provincia en acceder al organismo en representación de los profesionales del derecho. Su llegada se produce cuatro años después de haber quedado, según recordó, a unos 800 votos de conseguir una banca en las elecciones de 2022, cuando ocupaba el cuarto lugar en la lista que integraban Jimena de la Torre y Miguel Piedecasas. Esta vez, como segunda candidata de Unidad en Defensa de la Abogacía, la agrupación encabezada por Alberto Biglieri, consiguió el escaño que le permitirá integrar el cuerpo durante el período 2026-2030.

La agrupación se impuso en las elecciones del martes 20 de octubre, convocadas para renovar los cuatro representantes de los abogados ante el organismo encargado de la selección y remoción de jueces. Sobre un padrón de 180.356 profesionales habilitados en todo el país, el escrutinio provisorio, con el 100% de las mesas contabilizadas, registró 33.326 sufragios y una participación del 18,5%. Unidad en Defensa de la Abogacía obtuvo 11.237 votos (34%) y se quedó con dos bancas, mientras que Abogacía Unida y Dignidad Profesional, encabezada por Itatí Demarchi Arballo, reunió 10.593 (32%) y Abogacía Federal, liderada por Fernando Levene, consiguió 8.737 (26,4%). Ambas listas alcanzaron un escaño. En cuarto lugar quedó Abogacía por la Libertad, de Luis Palomino, con 2.506 sufragios (7,6%), sin representación en el cuerpo.

Aunque se trató de una elección del estamento profesional, las cuatro agrupaciones reunieron respaldos de distintas corrientes políticas. La lista de Biglieri contó con el acompañamiento de sectores del radicalismo y del PRO; la de Demarchi Arballo, con referencias del peronismo porteño y el kirchnerismo; y la de Levene, impulsada por el exconsejero Diego Molea, surgió de un acuerdo entre sectores del peronismo y del radicalismo. Por su parte, la nómina de Palomino estuvo identificada con La Libertad Avanza.

Sarmiento siguió el escrutinio desde el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, donde se reunieron referentes de su espacio a la espera de los resultados. El miércoles temprano regresó a San Juan, su provincia natal, y desde allí dialogó con Infobae a través de Zoom. De trato gentil y afable, repasó su experiencia durante una campaña que la llevó a recorrer distintos puntos del país y manifestó su convencimiento sobre la agenda que buscará impulsar y continuar en el Consejo. También se refirió al voto de confianza que considera haber recibido de sus colegas y a la responsabilidad que asume a partir de esa elección.

La consejera electa fue secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno de San Juan, durante la administración del gobernador Marcelo Orrego. Es, además, referente provincial de Abogados en Acción, una agrupación de alcance nacional vinculada al PRO que tiene entre sus principales figuras a Jimena de la Torre, actual integrante del Consejo, cuyo mandato finalizará en noviembre y que respaldó su candidatura. Su trayectoria también está ligada a la política colegial sanjuanina: en 2025 fue una de las impulsoras de la lista que ganó las elecciones del Foro de Abogados de San Juan y llevó a la presidencia de la institución a su esposo, José Salinas.

Durante la entrevista, Sarmiento planteó la necesidad de reducir la discrecionalidad en los concursos para seleccionar magistrados y mejorar las oportunidades de participación de los abogados litigantes frente a los funcionarios judiciales. También abordó la reforma del reglamento de selección de jueces impulsada por la Corte Suprema, la aprobación de un Código de Ética Judicial, la implementación de auditorías y estadísticas sobre el funcionamiento de los tribunales y el uso de inteligencia artificial como herramienta para agilizar los procesos. En ese marco, destacó el papel que, a su entender, debe desempeñar el Consejo de la Magistratura en la recuperación de la confianza de la sociedad en la Justicia.

—¿Qué balance hace de los resultados de las elecciones y de las dos bancas obtenidas por Unidad en Defensa de la Abogacía?

—Estamos muy contentos por el resultado. Esperábamos este resultado. Si bien fue un poco más reñido de lo que nosotros teníamos planificado, el objetivo principal era renovar los dos lugares para mantener las dos vocalías que tenemos en la actualidad, ya que terminan sus mandatos la doctora Jimena de la Torre y el doctor Alberto Maques. Así que el objetivo ha sido cumplido. Vamos a poder trabajar con “Nacho” Biglieri, con quien tengo muy buena relación, y con todo el equipo que viene de la colegiación, que es la parte más importante y característica de nuestra lista.

—¿Cómo recibió en San Juan el resultado de la elección?

—Hoy, por ejemplo, volví a San Juan y tuvimos la jura de la matrícula federal de muchos matriculados acá en la provincia. Así que estuve en el Foro de Abogados, donde mi esposo es el presidente. La actividad sigue, o mejor dicho, recién empieza.

—¿Qué significa para usted convertirse en una representante de San Juan en el Consejo de la Magistratura?

—Acá en la provincia nunca hubo un representante por el estamento de los abogados, y eso ha generado que sea particular.

—¿Y qué representa, además, ser la primera mujer sanjuanina en ocupar ese lugar?

—Ser la primera mujer sanjuanina me pone una responsabilidad enorme. A lo largo y a lo ancho del país que hemos estado visitando, muchas mujeres abogadas me han destacado la iniciativa de participar en un órgano tan importante, a más de 1.200 kilómetros de mi casa, y todo lo que significa para una mujer tomar esos desafíos, que son los desafíos que toman quienes quieren concursar y formar parte de la magistratura. He visto a muchas colegas de otras provincias identificarse con esto de tomar el desafío, de dejar de lado el ejercicio profesional y un montón de cosas, la pareja, la familia, para avanzar en una nueva propuesta, en un proyecto.

—¿Qué la llevó a postularse para integrar el Consejo de la Magistratura?

—Yo formo parte de la agrupación Abogados en Acción desde el año 2020. Venimos trabajando por la defensa de los derechos y los lugares de los abogados desde todo punto de vista. Fruto de ese trabajo, me propusieron ir en la lista de Unidad en Defensa de la Abogacía. Yo ya fui candidata en 2022, iba en el cuarto puesto titular en la lista en la que salieron Jimena y Piedecasas. Me faltaron 800 votos para poder entrar.

Desde entonces, hemos continuado trabajando con la vocalía de Abogados en Acción, en conjunto, charlando y llevando la agenda que se llevó en el Consejo de la Magistratura. Así que el trabajo en el Consejo es conocido: soy parte, de algún modo, de la vocalía. Si bien yo no he trabajado efectivamente allí, hemos compartido el proyecto con Jimena de la Torre a lo largo de estos años.

Además, con Abogados en Acción y otras agrupaciones de acá de la provincia pudimos llegar a la conducción del Foro de Abogados de San Juan en una gestión anterior, y ahora se renovó con mi esposo como presidente del Foro de Abogados. La verdad es que venimos trabajando hace mucho esta misma agenda de transparencia, de meritocracia, de una baja en la discrecionalidad al momento de seleccionar a los jueces y todas las cosas que nos plantean los abogados de San Juan, de Buenos Aires y de todos los lugares que hemos podido recorrer.

—¿Cuáles son las principales inquietudes que les transmiten los abogados respecto de los concursos para seleccionar magistrados?

—En general, en esas charlas ha habido una constante: la falta de transparencia y de claridad que hay en los procesos de selección de los jueces. Eso ha hecho que los abogados litigantes cada vez participen menos de los concursos. Hoy, el 20 por ciento de los postulantes son abogados que ejercen la profesión. Ni hablar de las mujeres abogadas litigantes: menos del 5 por ciento.

Entonces, en todo este tiempo nos han planteado el tema de la transparencia, la necesidad de disminuir la discrecionalidad al momento de seleccionar a los magistrados y propiciar la transparencia.

Por otro lado, nos hablan de la falta de igualdad de oportunidades al momento de concursar del abogado que ejerce la profesión respecto de los funcionarios judiciales. Nosotros en campaña decíamos: hoy, 20 años de ejercicio profesional no son lo mismo que 20 años como funcionario judicial al momento de concursar.

Los funcionarios judiciales tienen muchísimas más oportunidades, ni hablar de que les dan licencia, les pagan los cursos, les dan posibilidades de poder escalar en la magistratura, y el abogado que está afuera no tiene siquiera la posibilidad de participar de la Escuela Judicial y, por lo tanto, de obtener los puntajes que da la Escuela Judicial para los concursos. Ahí es donde nos piden los abogados que ejercen la profesión que nosotros profundicemos el trabajo.

—¿Qué posición tiene respecto de la acordada 4/2026 de la Corte Suprema? Entiendo que Jimena de la Torre fue una de las consejeras que propuso aprobarla a libro cerrado.

—Sí, nosotros lo que planteamos es que se apruebe, que algo se haga. ¿Es este el proyecto? Bueno, que se apruebe. Jimena presentó siete proyectos. Apoyamos este proyecto de la Corte porque lo que hay es peor que lo que se propone, entonces mejoremos.

Pero nuestra propuesta concreta es que a esta acordada se le sume la igualdad de oportunidades de los abogados litigantes respecto de los funcionarios judiciales. Ahí es donde nosotros proponemos que se amplíe el cupo de abogados, que se trabaje con los diferentes colegios de las distintas partes del país y con las universidades para que se pueda ampliar esta posibilidad de que los abogados que ejercen en cualquier jurisdicción puedan acceder a los cursos de la Escuela Judicial y obtener el puntaje que hoy tienen los que trabajan en el Poder Judicial.

Hoy un empleado judicial hace un curso y tiene un puntaje, y quizás vos tenés un posgrado en otra universidad y tenés el mismo puntaje que cualquier curso de la Escuela Judicial.

La idea es avanzar con cupos en la Escuela Judicial y trabajar junto a los colegios y a las instituciones representativas para que esta capacitación judicial sea más plural, federal y abierta, porque hoy, como está, es muy limitada a los funcionarios judiciales únicamente.

—¿Cuál será la agenda principal que buscará impulsar desde su lugar en el Consejo?

—Nosotros hemos firmado con mis compañeros de lista siete compromisos, y esa es nuestra agenda. La transparencia en el reglamento es uno de los ejes, pero también necesitamos que se apruebe el Código de Ética Judicial, que quedó parado y que creemos que va a ser favorable tanto para el abogado que denuncia como para el juez denunciado injustamente muchas veces, porque le va a dar un proceso, un inicio y un fin a estas denuncias.

Va a significar que haya jueces que no tengan la presión indeterminada de estar denunciados en tal o cual causa, sino que exista un proceso disciplinario bien establecido, con un inicio y un fin.

Hoy tenemos jueces que están denunciados in aeternum, y eso también es un mecanismo de presión para los propios jueces.

Necesitamos que las causas se inicien y se terminen en un plazo prudencial, en un plazo establecido. Por eso es que necesitamos que exista un Código de Ética que fije cuáles son las normas específicas y que no sea algo subjetivo, como hoy, respecto de qué es una falta disciplinaria, qué es ético y qué no, como tenemos los abogados que ejercemos la profesión.

—Hay jueces plantean que no están en contra de las auditorías, pero sí cuestionan que su conducta sea evaluada por profesionales que no son magistrados. ¿Qué opina de esa posición?

—A ver, la Comisión de Disciplina está integrada principalmente por el estamento de los jueces, y ahí también es donde surgen estadísticas que son bajas. Pero el Código de Ética y el control disciplinario constitucionalmente están establecidos para el Consejo de la Magistratura de la Nación. Y es este Consejo el que tiene el poder disciplinario sobre el accionar de los jueces. Eso está establecido en la Constitución.

—Cambiando de tema, ¿considera que la inteligencia artificial puede tener algún papel en los procesos que tramitan ante el Consejo de la Magistratura?

—Dentro de los compromisos que hemos planteado está la modernización de la Justicia federal en todo sentido. Uno de los puntos que sí hay que tomar en cuenta es el de la inteligencia artificial. Hoy se sigue discutiendo si se usa, si no se usa, si conviene o no, y la verdad es que la inteligencia artificial está en todos los teléfonos y la gran mayoría de las personas la utilizamos.

Es algo que creo que tenemos que dejar de discutir, ya que es una herramienta nueva que hay que implementar del modo correspondiente para hacer un uso responsable, con supervisión humana. Pero se tiene que utilizar.

Nosotros lo hemos hablado bastante con los abogados en la recorrida: si vos le preguntás al justiciable si quiere que se use la inteligencia artificial para ahorrarle tiempo en su juicio, no hay persona que te vaya a decir: “No, quiero que mi juicio dure diez años”.

La gente necesita que la Justicia sea lo más expedita posible, y esta es una gran herramienta para lograrlo. Hay algunos lugares donde se está implementando en la Justicia provincial y hay que avanzar en la Justicia federal con ese tema.

Hoy vemos todo lo que hace la inteligencia artificial desde atrás respecto de la modernización en la Justicia. Hay que tomar decisiones al respecto, porque es un tema que no se puede seguir negando. Es en el Consejo de la Magistratura donde se tiene que avanzar en las decisiones correspondientes.

Ahí quedó un proyecto de Jimena y, por supuesto, todas aquellas cosas que no se han podido lograr se van a tratar en este nuevo Consejo, con su nueva integración.

—¿Considera que el Consejo de la Magistratura puede contribuir a mejorar la imagen que tiene la sociedad del Poder Judicial?

—Desde todo punto de vista. Desde el propio rol constitucional y de creación que tiene el Consejo, está netamente vinculado con la imagen que tiene toda la Justicia federal en la sociedad.

Lo hemos dicho varias veces en campaña: vamos a trabajar fuertemente para devolverle la confianza de la gente a la Justicia, de la cual somos parte.

Nos duele como abogados y como ciudadanos que no haya confianza en litigar, que mucha gente no quiera acudir a la Justicia por las demoras, por los resultados o por el riesgo que les significa la decisión de un juez, que por ahí no es la misma en dos causas similares. Todas esas cosas van muy de la mano del funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

Otra de las propuestas que hicimos es que se implementen auditorías en la Justicia sobre su funcionamiento. Necesitamos que haya estadísticas.

Nosotros no podemos decir “hay que arreglar tal juzgado” o “hay que hacer tal o cual cosa” si no sabemos cómo viene funcionando ese juzgado, qué falencias tiene, qué necesidades tiene y cómo trabaja el juez.

Todo eso forma parte de lo que venimos reclamando: que haya estadísticas en el Poder Judicial, porque principalmente todo se basa en recursos, y el presupuesto es aprobado por el Consejo de la Magistratura -que se aprobó hace poco- y lamentablemente casi el 90 por ciento del presupuesto se va en sueldos y hay un 10 por ciento disponible.

Ese 10 por ciento hay que saber dónde se necesita, dónde está lo necesario, lo urgente y lo importante, para colocar allí primero los recursos y luego ir avanzando en el resto de las cosas menos necesarias.

Para eso necesitás tener información. Lo que no se sabe no se puede corregir.

Por eso entendemos que el Consejo tiene un rol fundamental para cambiar la noción de que la Justicia funciona mal.

Además, cuando hablás con los jueces escuchás que tienen un montón de necesidades, pero hay que saber cuáles son las más urgentes y dónde se puede avanzar primero por medio de las estadísticas.

—¿Conoce personalmente a Fernando Levene y a Itatí Demarchi, los otros consejeros electos por el estamento de la abogacía?

—No, no he tenido la oportunidad. Los conozco por redes sociales, obviamente, pero no he tenido oportunidad de conocerlos.

—¿Se imagina trabajando en conjunto con ellos y acordando proyectos en representación de la abogacía, a pesar de que vengan de otras corrientes?

—Mirá, con Nacho Biglieri hemos firmado los mismos compromisos y tenemos la misma agenda. Sabemos lo que venimos a hacer al Consejo de la Magistratura.

Esperamos que el resto de los consejeros que van a defender a la misma gente tengan la misma agenda que venimos trabajando nosotros, que vienen trabajando Jimena de la Torre y el doctor Alberto Maques en el Consejo que hoy cierra un ciclo.

Esperamos que su único norte sea defender la abogacía, como va a ser el nuestro. Y, en ese caso, qué mejor que poder tener más votos en el Consejo para conseguir los resultados necesarios.

Esperamos que prioricen al abogado por sobre cualquier pertenencia partidaria que puedan tener.

—¿Cómo imagina su dinámica de trabajo en el Consejo? ¿Tiene pensado instalarse en Buenos Aires?

—No lo tengo pensado aún, pero voy a cumplir mi función del modo más responsable, como corresponde. Así que haremos, familiar y personalmente, todo lo que sea necesario para estar a la altura de las circunstancias y del voto, principalmente.

Para mí, esta elección es un voto de confianza de los colegas y voy a dar todo de mí para representarlos de la mejor manera.