El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados inauguró este martes el juicio político contra Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario. El juez, que está suspendido de su cargo, fue procesado con prisión preventiva en una causa por coimas y corrupción judicial. Si lo destituyen, quedará en condiciones de ser detenido.
Salmain llegó puntual al tercer piso del edificio del Consejo de la Magistratura, escoltado por sus abogados Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira. La audiencia comenzó minutos después de las 9.
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Los consejeros acusadores son el senador Luis Juez, el juez Diego Barroetaveña y la abogada Jimena De la Torre.
Pedirán la remoción de Salmain por mal desempeño en sus funciones. Al magistrado se lo acusa de haber pactado el cobro de un soborno de 200.000 dólares a cambio de manipular un expediente judicial. Es la célebre causa “Attila”, uno de los múltiples casos en su contra que tramitan en los tribunales federales de Rosario.
El objetivo de esta maniobra era favorecer a un fideicomiso para facilitar la compra de 10 millones de dólares a valor oficial cuando había cepo y permitir la salida de los fondos hacia cuentas en el exterior, un hecho que habría ocurrido entre septiembre de 2023 y abril de 2024.
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Por este caso, Salmain está procesado por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El consejero Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, adelantó que la acusación demostrará una “secuencia de actos funcionales que, apreciados armioniosamente, mostrarán que actuó en connivencia con terceros ajenos a la magistratura, con el propósito de favorecer ilegítimamente los intereses de la parte actora ante la promesa de percibir un retorno económico”.
Además, a Salmain se le imputa haber ocultado un grave antecedente cuando se postuló para ser juez (fue designado en abril de 2023). Omitió informar en su currículum que en el año 2002 había sido echado del Poder Judicial, donde trabajaba como empleado en el fuero de la Seguridad Social.
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El motivo de aquel despido de hace dos décadas fue, precisamente, haber ofrecido una coima para intentar manipular un sorteo de causas. Al ser cuestionado por esto, el magistrado se excusó diciendo que no lo mencionó porque “no le preguntaron” y porque era un hecho viejo y no tenía obligación de informarlo.
El CV de Salmain tenía “caracter de declaración jurada”, apuntó Barroetaveña, y agregó que la cesantía que lo apartó de los tribunales “no constituyó un antecedente aislado” en su historial.
“Acá no se lo acusa por lo que pasó allá lejos y hace tiempo. De lo que se lo acusa es de haber callado ante quienes debíamos evaluar su idoneidad. ¿Hubieran puesto en terna a una persona que haya sido declarada cesante, más allá de que tal vez no tenía la obligación de informar? De conocerse ese antecedente, ¿se hubiera ternado a un postulante con estas características? ¿El Senado le hubiera dado acuerdo? Parece que no”, completó la consejera De La Torre.
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Polémica por un testigo
Este lunes, tal como reveló Infobae, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación anuló la citación del financista arrepentido Fernando Elías Whpei para declarar en el juicio.
La defensa de Salmain planteó la nulidad de esa decisión en la apertura del juicio. Subsidiariamente, solicitaron que se excluya del debate toda la prueba que tenga que ver con el empresario. Luego de un cuarto intermedio, ambas solicitudes fueron rechazadas.
La semana pasada, el Jurado había aceptado un pedido de la defensa del juez Salmain para interrogar a Whpei como testigo.
El financista incriminó al juez en su declaración en la causa penal, y en cambio Salmain sostiene no saber quién es. “No lo conoce, no lo vio en su vida a Whpei”, afirmó el defensor Ubeira.
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Para viabilizar este testimonio, el tribunal había diseñado un formato inédito: Whpei comparecería sin la obligación de decir la verdad, asistido de forma permanente por su abogado defensor y con la potestad de elegir qué preguntas contestar para no perjudicar su situación procesal en la justicia penal.
Esta modalidad excepcional provocó el inmediato rechazo de los consejeros acusadores, quienes presentaron un recurso de reposición para revocar la medida.
En su presentación, argumentaron que el Jurado carecía de facultades legales para eximir a un testigo del juramento de verdad y advirtieron que la creación de esta categoría intermedia de declarante representaba una indebida arrogación de competencias.
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Los acusadores señalaron además que la intervención de Whpei bajo esas condiciones carecía de utilidad, ya que sus eventuales aportes se pueden revisar en la grabación de su declaración como imputado colaborador en el fuero penal. Ese material ya fue incorporado como prueba al debate.
En paralelo, Whpei presentó un escrito en el cual adelantó que podría no responder preguntas.
Ante la presentación del financista y el recurso de los acusadores, el Jurado de Enjuiciamiento, presidido por Marcelo Bartumeu Romero, se apoyó en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que entre otros puntos garantiza el derecho a no declarar contra sí mismo.
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El tribunal entendió que no correspondía obligar al empresario a comparecer para pronunciarse sobre los mismos sucesos por los que se encuentra investigado en sede penal. Bajo esa premisa, concluyó que insistir con la citación carecía de sentido práctico y resolvió anular la convocatoria, lo que tornó abstracto el tratamiento del recurso de reposición de la acusación.
La decisión contó con el voto coincidente de los restantes integrantes del jurado: el juez Néstor Barral, las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli, y la abogada Ana Beatriz Fernández.
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