Un relevamiento reciente del Consejo de la Magistratura identificó un total de 916 causas por delitos de lesa humanidad en juzgados federales de primera instancia de todo el país. Del total, 70 expedientes fueron elevados a juicio, en 95 se había dispuesto la convocatoria a declaración indagatoria y en 177 se investiga el delito de supresión de identidad.
Los datos fueron consignados en la Memoria Anual 2025 de la Unidad de Derechos Humanos y Género, incorporada al Dictamen N.º 89/2026, que la Comisión de Administración y Financiera aprobó por unanimidad en agosto y elevó al Plenario junto con el Plan de Trabajo 2026. La comisión, presidida por Santiago Viola, recomendó aprobar ambos documentos.
PUBLICIDAD
La Unidad de Derechos Humanos y Género opera en el ámbito del Consejo de la Magistratura y tiene entre sus funciones el seguimiento de las causas por crímenes de lesa humanidad, la asistencia a juzgados y tribunales federales y la preservación y sistematización de documentación y registros audiovisuales de esos procesos. También desarrolla tareas vinculadas con la capacitación en género, la implementación de la Ley Micaela y el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina.
Para realizar el relevamiento sobre esa clase de delitos, el área abarcó los 119 juzgados federales comprendidos dentro de las 16 cámaras federales del país. De ese universo, 54 remitieron información, mientras que los restantes 65 no enviaron datos, informaron que no tenían competencia en la materia o que no tramitaban expedientes de esas características.
A partir de las respuestas recibidas, se contabilizaron 916 causas en trámite. Setenta están elevadas a juicio y en 95 expedientes se convocó a declaración indagatoria. En otros 177 se investiga la supresión de identidad, figura penal que comprende, entre otros supuestos, los casos de personas apropiadas durante la última dictadura cuya identidad fue alterada u ocultada.
PUBLICIDAD
Las jurisdicciones con mayor cantidad de expedientes informados fueron las correspondientes a la Cámara Federal de Córdoba, con 239 causas; La Plata, con 127; y Corrientes, con 106. A nivel de primera instancia, los cinco juzgados con mayor volumen fueron el Federal N.º 3 de Córdoba, el Federal N.º 3 de La Plata, el Federal N.º 1 de Córdoba, el Federal de La Rioja y el Federal N.º 1 de Corrientes.
Recursos, personal e infraestructura
El relevamiento también examinó las condiciones materiales en las que tramitan esos procesos. La Unidad solicitó información sobre recursos humanos, infraestructura, equipamiento, conectividad y herramientas informáticas, además de la integración de los juzgados y las dificultades que pudieran afectar el avance de las causas.
En ese marco, el Juzgado Federal N.º 2 de San Martín informó la necesidad de contar con impresoras, escáneres, discos rígidos externos para resguardar información, pendrives, cámaras web y auriculares destinados a las audiencias.
PUBLICIDAD
A su vez, en Córdoba, el Juzgado Federal N.º 3 consignó un requerimiento relacionado con una investigación sobre enterramientos clandestinos en La Perla, uno de los principales centros clandestinos de detención que funcionaron durante la última dictadura militar en esa provincia. Para tareas vinculadas con ese expediente se había solicitado un presupuesto de $165.069.625,04.
En la misma jurisdicción, el Juzgado Federal N.º 1 de Córdoba señaló la necesidad de cubrir vacantes y mencionó el volumen de trabajo asociado con causas y megacausas bajo su órbita.
Por otro lado, la memoria incluyó específicamente el expediente de Ingenio La Fronterita, radicado ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán. Se trata de una causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto y la presunta participación de integrantes de la estructura empresarial del ingenio azucarero en el aparato represivo.
PUBLICIDAD
Más de 7.000 horas de audiencias y 200 cuerpos de expedientes digitalizados
Otro de los capítulos de la Memoria Anual 2025 de la Unidad de Derechos Humanos y Género, cuyo dictamen de aprobación fue avalado recientemente por la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura, corresponde al Repositorio Audiovisual de Procesos Judiciales de Delitos de Lesa Humanidad, creado para reunir y preservar registros de los juicios realizados desde el regreso de la democracia.
Al momento de confeccionarse el informe, habían sido procesadas y cargadas 55 causas provenientes de 23 tribunales, que sumaban 7.007 horas de grabación, distribuidas en 4.968 archivos MP4 y un volumen aproximado de 3,11 terabytes.
El procedimiento comienza con la recepción de los archivos originales enviados por los tribunales. Luego se generan copias para su preservación, se organiza y renombra el material, se convierten los videos a formato MP4 y se extrae el audio.
PUBLICIDAD
A continuación, la Unidad utiliza herramientas de inteligencia artificial para generar una primera transcripción automática de las audiencias. El texto resultante es sometido posteriormente a una revisión humana antes de su utilización o publicación.
El repositorio incorpora, además, información sobre las causas, las personas imputadas y las víctimas, los delitos investigados, el estado de los debates, las sentencias y otras resoluciones judiciales. El Plan de Trabajo 2026 prevé continuar con la carga del material y gestionar herramientas específicas para agilizar la desgrabación de las audiencias.
Por otra parte, la Unidad informó que durante 2025 también intervino ante un pedido del Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario para preservar y digitalizar documentación correspondiente a las causas conocidas como Feced I, Feced II y Feced III.
PUBLICIDAD
Se trata de distintos tramos de una megacausa en la que fueron juzgados crímenes de lesa humanidad cometidos en Rosario, principalmente dentro de un esquema de represión que funcionó en el Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe, utilizado como centro clandestino de detención. Los procesos abarcaron hechos de privaciones ilegales de la libertad, torturas, homicidios, desapariciones y delitos sexuales cometidos contra numerosas víctimas. El nombre de la causa refiere a Agustín Feced, quien estuvo al frente de la estructura durante parte de aquel período.
La Cámara Federal de Casación Penal había ordenado preservar el material probatorio de esas actuaciones mediante su digitalización, guarda y disponibilidad para posteriores consultas. Según informó el tribunal rosarino, el material comprendía más de 200 cuerpos de expedientes y documentación almacenada en aproximadamente seis armarios, y la jurisdicción no contaba con los recursos humanos necesarios para realizar esa tarea.
Personal de la Unidad y de la Dirección General de Tecnología viajó entonces a Rosario para retirar la documentación, que fue trasladada a Comodoro Py para su digitalización y posterior devolución al tribunal de origen.
PUBLICIDAD
Género, capacitación y femicidios
La memoria también informa las actividades desarrolladas por el área de género. Durante 2025 se dictaron 16 talleres de “Acceso a la Justicia y Género”, en el marco de la Ley Micaela, que fueron aprobados por 752 agentes del Poder Judicial.
Desde el inicio del programa, en 2019, la Unidad contabilizó 16.267 personas capacitadas, de las cuales 1.126 pertenecían al Consejo de la Magistratura. Además, entre agosto de 2023 y septiembre de 2025 se realizaron 19 instancias del taller “Identidad de Género para la Justicia”, con 2.297 inscriptos y 864 aprobados.
El área también participa en la carga del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires. El registro, administrado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, recopila datos de causas judiciales sobre femicidios, travesticidios y otras muertes violentas de mujeres cis y personas trans.
La tarea se realiza en coordinación con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y otras dependencias judiciales y administrativas.
PUBLICIDAD