El Tribunal Oral Federal N° 3, a cargo del juez Andrés Basso concedió una salida alternativa al juicio oral para Sergio Raúl Gauna, un sindicalista de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) denunciado por varios ataques a un empresario del sector. Como pena, el gremialista deberá donar $400.000 al Hospital Garrahan y cumplir 100 horas de trabajo comunitario en una sede de Cáritas.
Los hechos ocurrieron a principios de 2021. Gauna fue detenido junto a cuatro presuntos cómplices al bloquear un predio de la empresa Expreso del Oeste, en La Matanza, y atacar al dueño de la compañía, Esteban Falcigno. Toda la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad.
En los registros se ve cómo el grupo entró a la oficina de manera violenta, empujó al empresario, lo tiró al piso. Sufrió un traumatismo cervical y encefalocraneano secundario.
Después de haber sido agredido, Falcigno, como puede verse en el video, fue amenazado para que borrara de su teléfono celular las imágenes que había registrado del bloqueo. “Borrá las fotos o te sacamos afuera y te matamos”, le dijeron.
Cuando allanaron a los involucrados, la Policía Bonaerense secuestró una escopeta en una de las casas requisadas.
Ese evento se juzgó en el fuero provincial, ante el Tribunal en lo Criminal N° 3 del Departamento Judicial de La Matanza, y el gremialista consiguió salir absuelto.
La violenta secuencia volvió a repetirse a los pocos días, esta vez en la sede de la empresa Sierras Cordobesas, también propiedad de Esteban Falcigno. Por este segundo caso, que tramitó en Comodoro Py, el sindicalista fue procesado por amenazas coactivas agravadas por el uso de armas.
Aunque nuevamente los gremialistas de la UTA se movieron en patota, solamente Gauna pudo ser identificado.
La defensa del representante sindical propuso la suspensión de juicio a prueba, que consiste en encontrar alguna vía para reparar los daños ocasionados. El empresario atacado rechazó el ofrecimiento.
No obstante, el acusado obtuvo el visto bueno del Ministerio Público Fiscal. La acusación pública advirtió que el hecho no fue “de escasa trascendencia ni carente de violencia”, y reconoció que existieron “severas consecuencias para la empresa damnificada y para sus choferes, que vieron obstaculizado el normal desarrollo de sus tareas y resultaron atemorizados y amedrentados”.
La empresa denunció un fuerte perjuicio económico: tuvo que devolver el importe de los pasajes vendidos durante el tiempo que duró el bloqueo, equivalente a un millón de pesos aproximadamente -a valores de 2021-, e incluso aportó a la Justicia la constatación correspondiente.
Pero la Fiscalía habilitó la suspensión de juicio a prueba por la falta de antecedentes del acusado y la baja expectativa de pena por el delito que le imputaron.
Así, el TOF N° 3 resolvió imponerle el pago de una multa de dos cuotas de $200.000 a Gauna, dinero que será donado al Hospital Garrahan.
El sindicalista deberá completar 100 horas trabajando voluntariamente bajo en la sede de Cáritas Argentina que esté más cerca de su domicilio.
Además, el juez Basso estableció otras pautas obligatorias para mantener vigente el beneficio durante los próximos tres años. Tiene prohibido concurrir hacia cualquier dependencia física perteneciente a la empresa Sierras Cordobesas. Tampoco puede intentar establecer contactos, ya sean telefónicos o personales, con los damnificados.
El juez le exigió también abstenerse completamente de protagonizar conductas violentas mientras ejerza tal actividad sindical.
Finalmente, el fallo del TOF N° 3 advirtió al gremilista sobre posibles consecuencias ante futuros incumplimientos normativos. Si este hombre decide ignorar sus obligaciones comunitarias o comete otro delito, perderá automáticamente todo privilegio extraordinario logrado ante el Tribunal. En ese escenario, la suspensión resultaría revocada inmediatamente, debiendo enfrentar un debate oral tradicional.