La Cámara Federal de Casación Penal aprobó este martes la renuncia del juez Carlos Mahiques como miembro subrogante de la sala I, que debe decidir el futuro de la investigación sobre una propiedad en Pilar asociada a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La renuncia de Mahiques se hará efectiva a partir del lunes próximo. Este jueves, el tribunal celebrará un nuevo plenario para designar al reemplazante en la resolución clave sobre el curso del expediente. Los jueces Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo, Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Ángela Ledesma, Alejandro Slokar, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani reconocieron su dimisión por unanimidad, pero no lograron consenso sobre el mecanismo de reemplazo.
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Los motivos de la renuncia
Según indicaron allegados al magistrado, la decisión respondió a “razones funcionales a la subrogancia en la Sala I”, donde estaba previsto que permaneciera hasta fines de junio e intervenir en todas las causas allí radicadas, incluida la de la mansión de Villa Rosa.
Mahiques continuará desempeñándose en la Sala III de la Casación Federal, donde ocupa un cargo permanente, y formalizó el fin de su intervención mediante un escrito dirigido al presidente del tribunal, Diego Barroetaveña.
La Sala I será la encargada de resolver un conflicto de competencia entre el fuero de Campana y el Penal Económico porteño. La decisión determinará cuál será el juez natural que seguirá adelante con la investigación sobre el origen de los fondos utilizados para la compra del inmueble de alto valor.
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Los detalles del caso
El caso bajo estudio se inició a partir de una denuncia destinada a esclarecer si la adquisición del predio se financió mediante recursos cuya procedencia podría encuadrar en delitos económicos. La hipótesis bajo análisis apunta a reconstruir la trazabilidad del dinero y la eventual utilización de terceros para concretar la operación inmobiliaria.
Para el caso, un peritaje oficial ordenado por el juez federal Daniel Rafecas cuando tenía a su cargo las actuaciones estableció que el valor real de la mansión supera los 20 millones de dólares, una cifra exponencialmente mayor a los 1,8 millones que habían sido declarados en la documentación. El trabajo fue realizado por un equipo de tasadores del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro. Según el informe, el patrimonio total -incluida la propiedad y los bienes hallados en su interior, como autos de lujo y caballos- asciende exactamente a USD 20.815.100.
El inmueble en cuestión está ubicado en la calle Misiones 4097, en la localidad de Villa Rosa. Quienes figuran como propietarios son el ex dirigente del fútbol Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, ya jubilada. Ambos son investigados bajo la sospecha -tras una serie de allanamientos- de actuar como presuntos “prestanombres” de la cúpula de la AFA, en tanto sus capacidades económicas no se condicen con el patrimonio registrado.
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En la primera etapa de la causa, Rafecas ordenó el allanamiento del predio, dispuso la tasación oficial y dictó embargos preventivos para preservar bienes ante eventuales responsabilidades patrimoniales. Esas medidas permitieron incorporar documentación y avanzar en el análisis de la operación.
Posteriormente, el expediente fue remitido al juzgado en lo Penal Económico a cargo de Marcelo Aguinsky, bajo el entendimiento de que los hechos investigados podían encuadrar en delitos vinculados al régimen tributario o financiero. Sin embargo, tras un planteo de la defensa, la Cámara Federal de San Martín determinó que la pesquisa debía quedar en manos del juez federal de Campana Adrían González Charvay.
Esa decisión llevó la firma del juez Alberto Lugones, tras la excusación de su colega Néstor Barral. El magistrado ratificó la competencia del juzgado federal de Campana basándose en que los bienes bajo la lupa -la mansión, vehículos de alta gama y caballos- se encuentran en el partido de Pilar. Días después, el fiscal general Carlos Cearras apeló el fallo tras sostener que la causa debía continuar en el fuero Penal Económico.
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Ante la negativa de la Cámara de San Martín a conceder el recurso extraordinario, el fiscal presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal. Ahora, la Sala I deberá pronunciarse sobre esa impugnación y definir definitivamente la competencia.
Con respecto a Mahiques, a inicios de este mes el presidente de la Nación, Javier Milei, solicitó al Senado un nuevo acuerdo para que el camarista pueda continuar cinco años más en la Cámara de Casación, dado que cumplirá 75 años en noviembre. El pedido, firmado también por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, activó el procedimiento constitucional previsto para la renovación de jueces que alcanzan el límite etario.
El futuro de la investigación y sus múltiples ramificaciones continúan dependiendo de la próxima integración del tribunal y de la definición sobre la competencia judicial.
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