El juez federal Sebastián Casanello rechazó la solicitud de devolución de 80.000 dólares y 2.000 euros incautados al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, quien enfrenta una investigación por presunta corrupción en el organismo. La defensa apeló la decisión ante la Cámara Federal, que deberá pronunciarse sobre el planteo.
La resolución de Casanello se produjo luego de que la defensa de Spagnuolo argumentara que la incautación carecía de sustento, dado que el dinero permanecía en una caja de seguridad sin movimientos desde abril de 2023, antes de la asunción del ex funcionario designado por el presidente Javier Milei.
En su dictamen, el fiscal Franco Picardi se opuso a la restitución y señaló que “existen múltiples razones por las cuales la fiscalía entiende que, por el momento, corresponde rechazar las solicitudes formuladas por Diego Orlando Spagnuolo. Entre ellas, se destacan el estado de la investigación, su complejidad, así como la de la red criminal investigada y las posibles penas pecuniarias y costas que podrían ser aplicables en el caso. Estas circunstancias, en conjunto, impiden hacer lugar a lo solicitado en esta etapa del proceso”.
El juez Casanello, por su parte, fundamentó su decisión al señalar que “el dinero secuestrado podría ser instrumento o producto del delito que se investiga en autos, resultando necesario para garantizar eventuales reparaciones económicas, penas pecuniarias y decomisos”, según consta en el fallo.
La defensa apeló el rechazo y el juez Casanello concedió el recurso ante la Cámara Federal que ahora debe resolver sobre el planteo.
La dfusión de los audios
La causa se originó tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que reconocía la compra de medicamentos con sobreprecios y el pago de sobornos a otras instancias estatales. Estos registros, difundidos en el streaming Carnaval, fueron denunciados por la defensa como falsos y presuntamente fabricados mediante inteligencia artificial. Por este motivo, la Cámara Federal ordenó una pericia técnica para determinar su autenticidad.
En el expediente figuran dieciséis acusados, todos indagados por integrar una presunta organización ilícita dedicada a direccionar la compra de medicamentos de alto costo para personas con discapacidad y beneficiarios de planes sociales. La hipótesis fiscal señala que las maniobras contaron con la colaboración de varias droguerías y manipulación del sistema informático de la Andis.
Durante una audiencia realizada en diciembre, la defensa de Spagnuolo solicitó el cierre de la causa y su sobreseimiento, apoyándose en un peritaje particular que arrojó 65% de probabilidades de intervención con inteligencia artificial en los audios. Asimismo, la representación legal de la droguería Suizo Argentina pidió la nulidad de los registros sonoros, aunque estas solicitudes no prosperaron en la justicia.
Un fallo de la Cámara Federal del 4 de diciembre resolvió, con mayoría de los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico, que existe “incertidumbre” sobre la autenticidad de los audios y dispuso que el juez Casanello adopte todas las medidas necesarias para esclarecer el caso.
El camarista Eduardo Farah, en minoría, votó por continuar la investigación sin anular la causa, al considerar que las objeciones sobre posibles ediciones eran conjeturas de la defensa.
El futuro judicial de Spagnuolo y los demás imputados en esta investigación depende de la resolución que adopte al finalizar la instrucción del caso el juez Casanello, tras la opinión de la fiscalía y de la agrupación Fundación Poder Ciudadano, querellante en la causa. Si se confirma el procesamiento de los imputados, el expediente avanzará hacia el juicio oral, donde se evaluarán tanto los audios como los dispositivos electrónicos incautados en los allanamientos.