Causa Cuadernos: CFK pidió la nulidad del juicio y los ex funcionarios apuntaron contra el testimonio de Centeno

Con la palabra del defensor Ricardo Saint Jean finalizó el primer día de exposición de cuestiones preliminares de parte de los acusados.

El debate continuará el jueves, desde las 9, con la palabra del letrado que representa a Ernesto Clarens, financista y dueño de Inverness S.A.

Aunque declaró como arrepentido, el empresario de industrias Secco planteó, a través de su defensor Ricardo Saint Jean, planteó que los pagos a funcionarios kirchnerista que reconoció en tribunales no fueron para “mantener contratos” u “obtener un beneficio”.

El letrado advirtió “ignorancia u omisión de cuestiones evidentes” de parte de la acusación en cuanto a cómo funciona la industria energética.

En base a esto pidió el sobreseimiento de Balán y la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio, o bien un cambio de calificación de la imputación a una infraccion al Código Electoral, por financiar la campaña del Frente para la Victoria irregularmente.

Aníbal Ibarra, abogado del exasesor del secretario general de la Presidencia, Julio Daniel Álvarez, cuestionó al juez de instrucción del caso.

Bonadio obtuvo el expediente por la conexidad de la investigación con un caso previo que ya tramitaba en su Juzgado, por la importación de gas natural licuado (GNL), evitando así un sorteo.

“Todo a partir de lo que hizo Bonadio es nulo. Podemos hablar del robo de un expediente, la apropiacion ilegal de un expediente por parte de un juez”, continuó Ibarra.

Y completó: “Tenía tanto interés en quedarse con esta causa para perseguir políticamente a los que iban a ser imputados. Si un juez hace trampa para quedarse con un expediente, es porque después va a hacer cualquier cosa en el sentido que le interesa”.

Denunciaron al chofer Oscar Centeno por decir que “quemó los cuadernos” en su declaración como arrepentido

Roberto Baratta, ex funcionario del Ministerio de Planificación y acusado en la causa Cuadernos, pidió que se lo investigue por falso testimonio. Julio De Vido planteó lo mismo en el juicio oral

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Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación y uno de los principales acusados en la causa Cuadernos, presentó este martes una denuncia penal contra Oscar Centeno, quien fue su chofer y autor de los Cuadernos de las Coimas.

Marcos Aldazábal y Elizabeth Gómez Alcorta, defensores de Baratta, se sumaron a los cuestionamientos sobre las versiones originales de los cuadernos de las coimas y las afirmaciones que virtió Centeno ante la Justicia al declarar como arrepentido.

“Los cuadernos aparecieron, se quemaron, renacieron de las cenizas y se volvieron a quemar”, dijo Aldazábal, quien también representó a CFK en otras causas.

Esta situación, para la defensa, debería llevar a la nudlidad del inicio del debate hasta que la investigación esté completa.

“Lo que hemos visto en esta causa no lo hemos visto nunca. Hay mas pruebas de los delitos de quienes investigaron la causa que de los delitos que supuestamente cometieron los imputados”, soltó el letrado, para luego hacer referencia al fiscal Stornelli.

La defensa criticó que la instrucción la haya llevado adelante “alguien con un vínculo muy cercano” con el falso abogado Marcelo D’Alessio, que “espió y le armó operaciones a nuestro defendido”.

Después de un cuarto intermedio, el TOF N° 7 continúa con la jornada de juicio. Se escucharán los planteos preliminares de la defensa de Roberto Baratta.

Gabriel Palmiero, defensor de Julio De Vido y Juan Pablo Schiavi, centró su alocución en las declaraciones indagatorias de Oscar Centeno, el chofer que escribió los cuadernos de las coimas.

“Le cuenta al juez y al fiscal que había prendido fuego los cuadernos en la parrilla”, recordó el letrado.

“La primera pregunta que uno se tiene que hacer es si los cuadernos fueron quemados o los tiene el Tribunal en una caja fuerte luego de aparecer mágicamente un año después. ¿Dónde están?”, cuestionó.

Luego criticó el manejo de los tribunales respecto de las indagatorias de Centeno, algunas de las cuales -según afirmó Palmiero- no se habrían incorporado al legajo judicial.

A través de su defensor Maximiliano Rusconi, el ex ministro de Planificación Federal solicitó que se suspenda el debate oral y público. También exigió la nulidad de su elevación a juicio.

El abogado señaló que hay una instruccion suplementaria incompleta, por lo que “este juicio no debería haber empezado, pero a nadie parece importarle”.

Rusconi también señaló que hay pruebas que no se incorporaron al expediente en tiempo y forma: “¿Cómo se pretende que las partes ejerzan su derecho a la defensa cuando aún resta la incorporación de material probatorio?”, cuestionó.

Beraldi profundizó su acusación y apuntó también contra el fallecido juez Bonadio. “Ustedes lo escucharon: lo llamó igual que D’Alessio y se juntó con el fiscal, y le mostró lo que iba a hacer. Pero no era solo el fiscal: el mismo periodista cuenta en un artículo posterior, que también se reunió con el juez, con el juez Bonadio”, afirmó Beraldi.

Según el planteo de la defensa, “antes de que este expediente se iniciara, ya el fiscal y el juez habían tomado contacto directo con la prueba”. Beraldi agregó que el magistrado “incluso hacía manifestaciones sobre el valor que tenía esto” y “daba indicaciones; que había que mantener el silencio, que todo esto tenía que ser guardado bajo siete llaves”.

Para el abogado de la ex presidenta, esta secuencia de reuniones informales no tiene “ningún correlato con la actividad procesal”. Al respecto, denunció: “Si uno va al expediente se va a chocar con la mentira que está documentada. Y la puesta en escena y consolidación de una maniobra de fórum shopping que no debe tener antecedentes, por su gravedad, en la Justicia argentina”.

Beraldi sostuvo que el expediente oficial relata una ficción: “Nos hacen creer que un día, casualmente, el periodista se presenta en la fiscalía, como si nada de lo anterior hubiera existido... se ordena que se le tome declaración, de la declaración no surge nada de todo lo que vimos antes, y después de esto se la mandan al juez y el juez fabrica una especie de conexidad con otro expediente que ellos tenían, que es el gas licuado”.

“Era una mentira que ya existía desde el principio. Y esa mentira les sirvió para que, durante cuatro meses, tuviesen la causa... y finalmente se termina desenmascarando la mentira porque se dan cuenta que esto no se puede extender en el tiempo y que la relación de la conexidad era todo un verso, y bueno, entonces se tiene que formar otra causa, pero que no va a sorteo: se la quedan ellos”, argumentó el abogado defensor.

Sobre el cierre, su conclusión fue tajante: “El Tribunal no puede llegar a otra conclusión que no sea anular todo”.

“Yo les pido, no por los intereses que defiendo, sino por lo que significa el sistema judicial... que esto tenga un punto. Y que este tipo de prácticas no se vuelvan a repetir nunca más”, cerró Beraldi, aclarando que la nulidad “no significa impunidad”, sino sanear el sistema de prácticas ilegales. “No podemos ser cómplices de esto”.

Uno de los momentos de mayor tensión de la audiencia ocurrió cuando Beraldi denunció que la causa se inició violando la garantía del juez natural. “Acá no hubo sorteo, no hubo nada: los eligieron a dedo”, sentenció, acusando una maniobra para que el expediente cayera en manos del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

“El fiscal no investiga cualquier cosa, ni de cualquier manera: lo hace en base a la ley. Por eso es necesario que tanto el juez como el fiscal sean elegidos a través de los procedimientos naturales, que es el sorteo. No a dedo”, insistió.

Para sustentar esta acusación, la defensa reprodujo en la sala virtual un video de una entrevista al periodista Diego Cabot, quien aportó los cuadernos (o sus copias) que dieron origen a la investigación. En el fragmento exhibido, se escucha al periodista relatar cómo contactó al fiscal: “Yo lo llamé a Stornelli... Yo no lo conocía... Nos juntamos en un bar de Palermo, y en un momento le dije: bueno, mirá, saqué la mochila y le mostré un par de cuadernos en fotocopia que tenía ahí”.

Con esta prueba, Beraldi buscó demostrar que la entrega de la evidencia eludió la Mesa de Entradas de la Cámara Federal, configurando una elección discrecional del investigador.

El abogado Beraldi había fundamentado su pedido de nulidad en una “circunstancia novedosa”: la sentencia dictada el pasado 15 de septiembre de 2025 en la “Causa D’Alessio”. Según Beraldi, ese fallo judicial comprobó la existencia de una asociación ilícita dedicada al espionaje y la extorsión que mantenía “vínculos fluidos” con el fiscal Stornelli.

“Tan grave es lo que se determinó que en la sentencia se concluye que ya no se trata de un delito que afecta a personas individuales, sino que pone en crisis la vida democrática”, enfatizó.

Bajo esta línea argumental, el defensor trazó un paralelismo directo entre el accionar de la asociación ilícita encabezada por el falso abogado D’Alessio y la recolección de testimonios en la causa Cuadernos. “Se utilizó de manera delictiva la Ley del Arrepentido, generando extorsiones y requerimientos dinerarios”, afirmó, sugiriendo que las confesiones de los empresarios y funcionarios fueron obtenidas bajo presión.

La exposición de Beraldi marca apenas el inicio de una larga etapa de litigio técnico. El tribunal debe escuchar ahora a las otras 27 defensas que se anotaron para plantear nulidades y objeciones sobre la instrucción. Se estima que estas exposiciones ocuparán todo el mes de febrero.

Recién en marzo será el turno de la Fiscalía, encabezada por Fabiana León, que deberá contestar cada uno de los planteos defensivos. La fiscalía sostiene que la validez de los cuadernos fue ratificada por pericias de Gendarmería y que la constitucionalidad de la Ley del Arrepentido ya fue avalada por la Corte Suprema.

El juicio tiene en el banquillo a 86 imputados, entre ellos la ex presidenta —acusada de ser jefa de una asociación ilícita—, el ex ministro Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y decenas de empresarios de la obra pública, acusados de participar en un esquema sistémico de recaudación de sobornos.

Con 28 defensas listas para plantear nulidades, se estima que los relatos demanden todo este mes, teniendo en cuenta además el feriado largo de carnaval. En tanto, la respuesta de la Fiscalía ocupará una audiencia exclusiva en marzo. El debate, que formalmente comenzó el pasado 6 de noviembre, entrará así en su fase más litigiosa antes de dar paso a las declaraciones indagatorias.

Esta causa ha sido testigo del desgaste propio del paso del tiempo. Si bien la investigación llegó a acumular un total de 126 imputados en sus diversas etapas, la lista se ha depurado significativamente de cara al debate oral.

De aquel total, 91 acusados fueron elevados a juicio. Sin embargo, fallecimientos, cuestiones médicas e incidencias procesales redujeron la nómina final a 86 personas que hoy enfrentan los cargos. La lista se compone de la siguiente manera:

• 19 ex funcionarios encabezados por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro Julio De Vido —detenido en Ezeiza— y el ex secretario de Obras Públicas José López.
• 65 empresarios de la obra pública, la energía y el transporte.
• 2 choferes, entre ellos Oscar Centeno, cuyas anotaciones dieron origen a la investigación.

La reducción responde a que cuatro imputados fallecieron antes del inicio del debate (entre ellos el ex titular de la Cámara de la Construcción, Juan Chediack) y un apartado, el empresario Enrique Pescarmona (84). Fue eximido del proceso en noviembre luego de que el Cuerpo Médico Forense confirmara un cuadro de deterioro cognitivo irreversible.

En esta etapa, las defensas no discutirán los hechos de fondo (la recaudación de sobornos) sino la validez del proceso. Se prevén tres líneas de ataque principales:

• La “contra causa”: las defensas intentarán capitalizar el reciente procesamiento del ex policía Jorge Bacigalupo por las sobreescrituras y enmiendas que se detectaron en algunos de los cuadernos de Centeno, en el marco de una causa paralela que impulsó el empresario Armando Loson y lleva el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Sin embargo, Gendarmería Nacional ratificó en agosto del año pasado la autenticidad global de los manuscritos. Y la fuerza de la evidencia que se ventilará en el juicio radica en la corroboración externa que sostiene esos relatos: las direcciones escritas coinciden con los garajes de las entregas, la documentación bancaria respalda los movimientos económicos y las planillas de obras públicas se compadecen con los contratos bajo sospecha. Sin contar que, el pilar central, siguen siendo las confesiones de los arrepentidos.
• El ne bis in idem: se descuenta que la defensa de Cristina Kirchner reiterará el planteo de que la ex presidenta no puede ser juzgada nuevamente por una matriz de corrupción en la obra pública que ya fue objeto de condena en la Causa Vialidad.
• El ataque a los arrepentidos: frente a estas nulidades, la fiscal general Fabiana León cuenta con un respaldo jurídico clave: el fallo de la Corte Suprema que validó la constitucionalidad de la Ley del Arrepentido. Para la acusación, volver a discutir los testimonios de los 31 empresarios y funcionarios que confesaron es un intento meramente dilatorio.

Lo que se discute en la sala virtual del TOF 7 no es un expediente único, sino la unificación de varias investigaciones que revelan una matriz sistémica. Además de la “causa madre” (los cuadernos), el juicio incorpora:

• “La Camarita”: el expediente sobre la cartelización de la obra pública vial, donde se juzga el rol de la Cámara Argentina de Empresas Viales y del financista Ernesto Clarens.
• Transporte: las causas que investigaron sobornos en los subsidios a los trenes y en la concesión de corredores viales, involucrando a los ex secretarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli deben trabajar con a evidencia: 899 testigos citados, 13 pericias y 139 medidas de instrucción suplementaria.

Superada la instancia de las nulidades, las indagatorias expondrán estrategias nítidas: por un lado, quienes se ampararían en el silencio al considerar nulo el proceso (como CFK); por otro, quienes optan por declarar sin resignar sus cuestionamientos previos (como De Vido); y finalmente los arrepentidos (como López y Uberti), decididos a validar sus confesiones ante el tribunal.

Esta instancia reavivará la disputa por la presencialidad. La fiscalía ha sido enfática en su solicitud de que las indagatorias se concreten de forma presencial, exceptuando de ello solo a aquellos que no quieran prestar declaración o que estén privados de su libertad, como es el caso de Cristina Kirchner (con domiciliaria) y Julio De Vido (en Ezeiza). Mientras tanto, la Casación ya ofreció la remodelada Sala AMIA en Comodoro Py para albergar un proceso que, según graficó un abogado defensor, “lo terminará resolviendo la biología”.

Causa cuadernos: mañana se retoman las audiencias y los abogados cuestionarán la validez de las pruebas

El Tribunal Oral Federal iniciará las declaraciones indagatorias a los 86 imputados, en un proceso que se prevé se extienda durante todo el mes

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Este martes el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) reanuda el proceso judicial por la causa “Cuadernos”, uno de los casos de corrupción más complejo de la historia política reciente. Tras haber concluido en diciembre la maratónica lectura de las acusaciones —un trámite que demandó más de 20 horas netas y abarcó miles de páginas—, la reanudación marcará el inicio de la etapa de “cuestiones preliminares”.