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Les prohibieron salir del país a los presuntos testaferros que compraron la mansión adjudicada a Claudio Tapia

Así lo ordenó el juez federal Daniel Rafecas, quien además inhibió los bienes y congeló las cuentas de los imputados y de la empresa Real Central SRL. La causa se inició a partir de una denuncia de la Coalición Cívica

Según la denuncia, Claudio "Chiqui" Tapia habría usado testaferros para comprar una mansión en Pilar

El juez federal Daniel Rafecas dictó medidas preventivas contra Luciano Pantano y su madre Ana Conte, supuestos testaferros implicados en la causa donde se investiga la compra de una mansión en la localidad bonaerense de Pilar adjudicada por los denunciantes al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

Los imputados no podrán salir del país y tanto ellos como la empresa Real Central SRL -firma que adquirió la lujosa estancia- tendrán sus bienes inhibidos y sus cuentas bancarias congeladas.

La decisión de Rafecas se tomó a partir de nueva información que giró la Dirección General Impositiva (DGI) al Juzgado, mediante la cual se comprobó que la compañía denunciada es propietaria también de al menos 59 autos y motos, muchos de alta gama, antiguos o de colección.

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En tanto, fuentes judiciales confirmaron a Infobae que este miércoles se completará la designación de los peritos tasadores que determinarán cuánto vale la mansión. Actualmente el predio está custodiado en sus tres accesos por la Policía Federal Argentina.

De acuerdo con la denuncia que presentó la Coalición Cívica, la propiedad tiene desde pista de entrenamiento para equinos y un haras con caballos árabes y pura sangre de carrera hasta un helipuerto propio y múltiples instalaciones deportivas.

La casa investigada está ubicada en Villa Rosa, Pilar

La presentación elaborada por la dirigente Elisa Carrió y los legisladores Juan Facundo del Gaiso y Matías Yofe ya había advertido también sobre la existencia de automóviles de colección e instalaciones deportivas diversas dentro de la estancia.

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Qué se investiga

Luciano Pantano fue presidente de la Asociación Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown. Es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de poco más de 2.000.000 de pesos.

Su madre, Ana Lucía Conte, es jubilada y trabajadora autónoma. Incluso durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES.

Pantano, además, tuvo desde 2021 la mitad de las acciones de una empresa llamada “Central Parks Drinks S.R.L.”, de poca actividad y con un capital social de apenas 300.000 pesos. El 16 de mayo de 2024 la rebautizaron como “Real Central S.R.L.”, y su capital se incrementó a 58.000.000 de pesos.

Con esa reestructuración, el ex dirigente futbolístico también le cedió su 50% de la empresa a su madre, que se convirtió en la accionista mayoritaria de la sociedad.

Dos semanas después la empresa compró el predio de 105.000 hectáreas donde está la mansión. La millonaria adquisición y los ingresos de Pantano y Conte se perciben incompatibles, al menos de momento.

Con este panorama es que la Coalición Cívica denunció “la posible utilización de la sociedad como pantalla para bienes de terceros”, que “permiten inferir la posible comisión del delito de lavado de activos mediante la ocultación y disimulación del origen de bienes de alto valor económico”.

Las sospechas sobre quiénes serían los verdaderos dueños de la propiedad y los autos de lujo llegan a partir de testimonios de vecinos, que dicen haber visto al presidente de la AFA frecuentemente en ese lugar.

La investigación se desarrolla en paralelo a un conflicto de competencias entre dos juzgados. Sucede que Rafecas se había declarado incompetente para llevar adelante el caso, tal como contó Infobae.

Entonces el titular del Juzgado Federal N° 3 de Comodoro Py giró la causa al fuero Penal Económico, y recayó en el Juzgado N° 10 que subroga Marcelo Aguinsky.

Ese magistrado se encontraba de licencia y su par Javier López Biscayart declaró también la incompetencia de su fuero para intervenir. Así, se trabó un incidente que deberá ser resuelto por la Sala I de la Cámara Federal porteña, donde finalmente se definirá dónde continúa la investigación.

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