Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, designó como abogado al mismo defensor que tiene Diego Spagnuolo, el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Se trata de Pablo Parera, quien acaba de asumir la representación legal del financista investigado en los tribunales federales de Lomas de Zamora por evasión de impuestos y lavado de dinero.
Las investigaciones de Sur Finanzas y ANDIS tienen un punto de contacto: la plataforma Neblockchain, una app de inversión en criptomonedas que se habría usado para perder el rastro del dinero desviado del organismo que dirigía Spagnuolo.
Parera, joven abogado de 30 años, comparte en Comodoro Py la defensa del ex titular de la ANDIS con Mauricio D’Alessandro. Conoce bien los pasillos de los tribunales de Retiro, ya que hace poco dejó su cargo en la Cámara Federal de Casación Penal para dedicarse a la actividad privada.
Ambos asumieron como sus letrados el mes pasado en reemplazo de una defensora oficial, y como primer paso en la causa se plegaron al pedido de nulidad del caso que esta semana reforzaron con un peritaje de parte sobre los audios que dispararon el escándalo.
Ahora Pablo Parera se presentó en los tribunales de Lomas de Zamora como defensor de Vallejo. En esa jurisdicción tiene dos causas abiertas, una en el Juzgado de Federico Villena y otra en el de Luis Armella. Sobre estos expedientes hay una disputa de competencias que está camino a definirse en la Cámara Federal de La Plata.
Desde el Juzgado Federal N° 2 de Lomas, subrogado por Armella, en las últimas horas salieron decenas de órdenes de allanamiento a pedido de la fiscal Cecilia Incardona. Entre otros objetivos, se requisaron la sede central de la financiera en la localidad bonaerense de Adrogué y el Club Atlético Banfield. La empresa, además, pasó a tener todas las cuentas bancarias congeladas.
Además, este juez recibió hoy los teléfonos celulares de Ariel Vallejo y su madre para ser peritados. Los entregó -prendidos y con sus claves- en persona el financista vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Las sospechas sobre el dueño de Sur Finanzas se reactivaron tras una denuncia del ARCA, que detectó movimientos económicos presuntamente injustificados y una evasión de impuestos que superaría los $3.000 millones. Con esa información se abrió la causa que tramita el magistrado Villena.
Se está investigando la actividad de cuentas a nombre de personas sin capacidad patrimonial, como monotributistas de bajos ingresos que adquirieron bienes millonarios.
De acuerdo con el análisis preliminar de ARCA, a través de las billeteras virtuales administradas por Sur Finanzas PSP -la misma firma que Neblockchain, que solo cambió de nombre- se habrían operado $818.000 millones, de los cuales el 31% corresponde a sujetos no categorizados, un 9% a contribuyentes considerados “apócrifos” y un 27% a monotributistas de escasa capacidad económica acreditada.
En las operaciones de personas jurídicas, el organismo de recaudación registró que también están involucrados varios clubes o fideicoimisos ligados a las instituciones, entre ellos San Lorenzo de Almagro, Racing Club, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew y Banfield.
Vallejo, en paralelo, tiene otras causas abiertas en el fuero Penal Económico -allí lo investiga la PROCELAC- y en el Juzgado Federal N° 5 a cargo de María Eugenia Capuchetti, con la instrucción del fiscal Eduardo Taiano.
Neblockchain y ANDIS
La app de Sur Finanzas apareció en la investigación del fiscal federal Franco Picardi cuando la pesquisa fue detrás de la ruta del dinero presuntamente desviado de ANDIS.
Hasta ahora no se conoció completamente esta rama del expediente. De hecho, los involucrados no fueron citados a prestar declaración indagatoria.
Entre los actores mencionados por el fiscal Picardi está Alan Pocoví, quien según la acusación recibió sumas millonarias -en pesos y dólares- de parte de Miguel Ángel Calvete, supuesto “jefe paraestatal” del organismo que está acusado de recibir coimas a cambio de gestionar los negocios entre las droguerías y el Estado.
La recaudación, siempre de acuerdo a la Fiscalía, se invertía en la aplicación Neblockchain para convertirlo en criptomonedas y lograr que se pierda el rastro del dinero.