En el marco de los alegatos finales, el Ministerio Público Fiscal (MPF) le pidió al Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza que el ex juez federal Walter Bento sea declarado responsable penal como jefe de una asociación ilícita que, según expuso, operó durante años cobrando sobornos a cambio de resoluciones judiciales favorables.
La solicitud se formalizó tras la exposición de los fiscales en el juicio que se desarrolla desde julio de 2023, uno de los procesos más extensos y complejos en la historia judicial de la provincia. La acusación alcanzó además a otras 24 personas, entre ellas la esposa de Bento, Marta Boiza, y su hijo Nahuel, ex secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
El alegato de cierre se extendió a lo largo de 29 audiencias, iniciadas en abril de este año, y estuvo en cabeza de la fiscal general María André; el fiscal general Dante Vega; el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco; y la auxiliar fiscal Ileana Schygiel. En esa instancia, expusieron que desde 2007 funcionaba una banda con centro en el despacho del entonces juez Bento que ofrecía beneficios procesales -libertades, sobreseimientos o imputaciones más benignas- a procesados en causas bajo su cargo a cambio de la entrega de dinero, autos de alta gama e inmuebles.
“Esta es la causa de una organización criminal que desde el interior mismo de este edificio se dedicó a lo largo de años a cometer distintos delitos que tenían como epicentro el cobro de sobornos a cambio de resoluciones judiciales”, afirmó André durante su intervención, según informó este jueves el Ministerio Público Fiscal en su sitio oficial.
Bento fue titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza, con competencia en delitos de crimen organizado como el narcotráfico y también en materia electoral. En 2023, el Consejo de la Magistratura lo envió a juicio político y lo suspendió por unanimidad acusado de mal desempeño. En noviembre de ese año, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados lo destituyó y, al perder los fueros de inmunidad de arresto, se hicieron efectivas las prisiones preventivas ya dictadas en su contra. Desde entonces permanece detenido en el complejo penitenciario de Cacheuta, en Luján de Cuyo, con salidas excepcionales para cuidar a su hijo menor, diagnosticado con una discapacidad.
El debate oral, que lleva más de 130 audiencias, incluyó la declaración de unos 300 testigos, el análisis de cientos de miles de fojas y la revisión de volúmenes masivos de evidencia digital. Durante su desarrollo, según informó el MPF, se ventilaron un total de 14 casos concretos de corrupción en los que, de acuerdo a la fiscalía, se corroboraron favores judiciales a cambio de pagos en dólares u otros bienes.
De los 25 señalados por la fiscalía -sobre un total de 28 que llegaron al juicio-, figuran Bento como líder de la asociación y los abogados Jaime Alba y Luciano Ortego como organizadores, mientras que el excomisario José Gabriel Moschetti y los letrados Matías Aramayo, Martín Ríos, Javier Angeletti y Luis Álvarez fueron apuntados como activos de la red. También se imputó como partícipe al narcotraficante condenado Walter Bardinella Donoso.
En el plano patrimonial, la fiscalía acusó a la mujer del ex magistrado por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica, y a su hijo Bento por operaciones ilegales de blanqueo. En la última etapa de los alegatos, los fiscales de la Procelac detallaron que el circuito de sobornos habría reportado ingresos ilegítimos por al menos 1,7 millones de dólares.
El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza, integrado por las juezas María Carolina Pereyra, Gretel Diamante y Eliana Ratta, fijó la próxima audiencia para el miércoles 10 de septiembre. Ese día comenzarán a desarrollarse los alegatos de las distintas defensas. Luego, los imputados tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto final que, si contempla condenas, dará lugar a un posterior juicio de cesura para estipular las penas.
En rigor, el juez destituido llegó al banquillo de los acusados como jefe de la asociación ilícita y enfrentando cargos por cohecho pasivo agravado en 11 hechos, además de prevaricato, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica, abuso de autoridad, desobediencia a órdenes judiciales y ocultamiento de pruebas. A ello se sumó la acusación por violación de secretos.
“Es momento entonces de que la ciudadanía escuche también que las instituciones existen, están acá, funcionan y reaccionan ante estos graves delitos; que la ley y las normas rigen; que quienes las incumplen son castigados y que la corrupción y la ilegalidad que hemos visto en este juicio son sancionadas y no quedan impunes”, expresó la fiscal André al cierre del alegato.