Causa cuadernos: la fiscal denunció al tribunal por retardo de justicia y exigió iniciar el megajuicio

A punto de que se cumplan seis años de que irrumpió en la escena la megacausa “Cuadernos”, la investigación por una asociación ilícita que cobraba coimas a empresarios en la que la ex presidenta Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de la banda, la fiscal federal Fabiana León denunció al Tribunal Oral Federal 7 por retardo de justicia. El planteo se hizo, en queja, ante la Cámara Federal de Casación Penal, donde reclamó que “se exhorte” celeridad a los jueces integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 para que de manera urgente” se fije fecha de debate oral.

Lo cierto es que la queja de León viene a exponer la tensión entre la fiscal y los jueces Enrique Martínez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, miembros del Tribunal Oral que tienen en sus manos la realización de la causa cuadernos. No es la primera vez que la fiscal León busca apurar el llamado a juicio oral. Pero ahora el reclamo escaló hasta el punto de exigir a Casación acelerar el proceso. “El análisis de los hechos invocados obliga a vuestra Alzada a ingresar en los argumentos de esta incidencia, a efectos no sólo de promover una decisión judicial pendiente, sino también para exhortar el adecuado cauce legal de estas actuaciones, por tratarse de un asunto de singular gravedad”, afirmó en el escrito al que accedió este medio.

La funcionaria aseguró que debió haber tenido respuesta “mucho antes de llegar a esta evitable y desagradable confrontación” y afirmó que “la dilación, que no solamente yo califico de injustificada, no responde más que a una forma de dirección del proceso que es responsabilidad -y no privilegio- de los jueces”. “Su consecuencia impacta en la imagen misma del Poder Judicial y conduce a provocar perjuicios irreparables para las partes, las pruebas y los intereses generales de la sociedad que este Ministerio representa”, afirmó.

“Sugeriré -y así habré de solicitar- que vuestra Excma. Cámara Federal de Casación Penal, como Tribunal de Superintendencia, exhorte celeridad a los jueces integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 7 y a que de manera urgente dicten auto de admisibilidad y fijen fecha -o prefijen las condiciones mínimas- para la celebración del debate oral. También, para que se designe cuarto juez”, afirmó.

“La queja por retardo de justicia es la imputación de tortuga -resumieron ante Infobae fuentes tribunalicias-. Lo curioso es que esta clase de planteos los hacen las defensas. Esta fuera de toda práctica habitual que la queja llega desde el Ministerio Público”. Los que hablan son los mismos pasillos por donde se preguntan “qué se sabe de la causa cuadernos” o se especula con que “ese juicio no se va a hacer nunca porque es materialmente imposible sentar a más de cien acusados, con sus respectivos abogados, más la fiscalía y los querellantes”.

Oscar Centeno, el remisero cuyos cuadernos dieron origen a este megaexpediente y que estará sentado en el banquillo, también pidió que el caso avance hacia juicio oral, tal como reveló Infobae en marzo pasado.

Por el momento, el TOF viene respondiendo a distintos planteos hechos por las defensas de empresarios con vistas a anular o frenar el debate. Los acusados no han tenido suerte. Pero la fiscal tampoco. En ese contexto aparece este planteo: el 27 de mayo la fiscal León les pidió a los miembros del tribunal un pronto despacho en el marco del expediente conocido como GNL contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido y en la investigación por lavado de dinero contra Nélida Caballero, la cocinera del ex funcionario kirchnerista.

Los tiempos de la causa contra la cocinera de De Vido y su familia le sirvieron a la fiscal León para justificar su denuncia. Allí se acusó a Nélida Caballero, Omar Marcelo Lavergne y Camila Florencia Caballero de haber intervenido, en sus diferentes roles y con sus calificaciones, en operaciones de reconversión de activos de procedencia ilícita y su integración al circuito económico formal para que estos -o sus subrogados- adquieran apariencia de legalidad.

León subrayó que en diciembre de 2019 la causa quedó radicada por ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 7 de esta ciudad, pero en marzo de 2022 ”(a más de dos años de su ingreso formal) Presidencia citó a las partes a juicio y a ofrecer prueba”. La fiscalía respondió al planteo de inmediato y pidió instrucción suplementaria; en mayo respondieron las defensas, pero todos los escritos fueron subidos al sistema el 20 de mayo de 2024. “Es decir a casi 2 años y 2 meses de su presentación”, subrayó León.

El 13 y el 20 de mayo último, el Ministerio Público le solicitó expresamente al TOF la fijación de fecha de juicio oral. “El Tribunal, en fecha 21 de mayo de 2024 sólo tuvo presente lo instado”, detalló la fiscalía. Por eso, el 27 de mayo presentó un pedido de pronto despacho, que el tribunal lo rechazó tres días después. “Han transcurrido 4 años, 5 meses y 22 días desde la radicación de esta causa y 2 años, 2 meses y 9 días desde que las actuaciones se encuentran en condiciones de contar con auto de admisibilidad de la prueba ofrecida”, dijo al denunciar al día siguiente el retardo de justicia.

El Tribunal rechazó los argumentos de la fiscal y elevó el caso a Casación. Fue allí que se desató otro problema: como el expediente de la cocinera nunca había llegado a esa instancia, se sorteó qué sala debía intervenir. Le tocó a la Sala II. Pero esos jueces se la mandaron a Sala IV porque allí radica la investigación por el enriquecimiento ilícito de De Vido. Los jueces de la Sala IV también rechazaron esa interpretación y dijeron que lo investigado en ambas causas son objetos procesales diferenciados se encuentran en estadios procesales distintos y no se advierte, de momento, que haya riesgo de dictado de sentencias contradictorias.

Por eso, ahora serán tres jueces que no intervienen en esa puja los que tienen que dirimir qué sala debe intervenir en este expediente. Y ya sean los miembros de la Sala II o de la Sala IV, serán los encargados de analizar la queja de la fiscal León. ¿Por qué? Porque, a diferencia de lo planteado por la funcionaria, entendieron que no era una cuestión de superintendencia administrativa sino un tema jurisdiccional que hacía a la causa en sí.

Y allí, previo pedido de informes al TOF 7, deberán resolver si los argumentos de Fabiana León son desechados o si se insta a los jueces a acelerar los tiempos.

En sus escritos, León advirtió: “esta causa es parte de un proceso conformado por distintos hechos de corrupción en que se ha avanzado a esta instancia oral. Aquí se incluye una hipótesis fáctica de reconducción de activos de procedencia ilícita, que se conexa a otros expedientes que contienen acusaciones por asociación ilícita, cohecho, lavado de activos de procedencia ilegítima, defraudación en perjuicio de la administración pública y otros. En todas, el centro de las maniobras se ubicaba en la causa CFP 9608/2018 (Centeno) y en aquellas que le son tributarias por ser sus canales de recaudación”.

Para la fiscal no puede esperarse más tiempo: “a poco de cumplirse 5 años desde que” en el Tribunal Oral Federal 7 “recibieron estas actuaciones y casi 3 desde que las partes ofrecimos prueba de cara al debate, se torna imperioso imprimir celeridad para arribar al juicio oral que corresponde realizar”.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli tienen en sus manos la realización del juicio oral que concentrará una megacausa con varios epicentros: no solo la causa por las anotaciones de Centeno sino todas las causas que se agruparon alrededor de ella. El ramillete de expedientes fue elevado a juicio oral a fines de 2019.

“Se trata –muy probablemente– de la mayor causa de corrupción que, en la historia de la República Argentina, haya sido sometida a la jurisdicción de un Tribunal”, dijo el juez Claudio Bonadio que instruyó la causa en aquel momento. “Se pudo establecer que desde las más altas esferas de la Nación, se sentaron las bases para una matriz de corrupción, que se instauró durante el régimen presidencial de Néstor Carlos Kirchner (2003-2007), y se mantuvo durante los dos períodos presidenciales de Cristina Elisabet Fernández (2007-2015). Más de doce años de corrupción e impunidad, sin solución de continuidad, en el máximo nivel estatal”.

Y añadió: “La investigación se vio promovida por el aporte de ‘fotocopias’ sobre ocho cuadernos, fotografías y filmaciones de Oscar Bernardo Centeno”. Tiene además otras pruebas: “Más del cincuenta por ciento de los procesados ha reconocido el mecanismo de recaudación ilegal de dinero, involucrando tanto a los empresarios particulares como a los funcionarios públicos”, resaltó Bonadio. “No se trata de una persecución judicial”, escribió.

El 31 de julio de 2018 irrumpía en la sociedad la “causa cuadernos” -que el kirchnerismo prefirió llamar “de las fotocopias”- y que en realidad había empezado a cocinarse en Comodoro Py mucho antes: en abril de 2018 cuando el periodista de La Nación Diego Cabot como testigo de identidad reservada se presentó ante el fiscal Carlos Stornelli, en el marco del expediente conocido como “Gas Licuado”, y le aportó fotocopias de “siete cuadernos y un anotador” junto a un archivo de fotos que habían llegado a sus manos a través de Jorge Bacigalupo, un amigo del chofer de Roberto Baratta, la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación durante el kirchnerismo.

Los cuadernos relataban viajes, en distintos períodos, en los que Baratta se encontraba con empresarios que solían hacer negocios con el Gobierno y le entregaban dinero. “Hoy, 6 de mayo de 2013, vuelvo a escribir. Después de la muerte de Néstor C. Kirchner que dejé de hacerlo. Pensé que después del fallecimiento no se haría más el ‘valijeo’. Pero sí disminuyó la frecuencia con la diferencia que se recolectaba el dinero para el ministro De Vido y el propio Baratta. No quise anotar más por temor que me descubran y me quede sin trabajo. Pero decidí nuevamente (hacerlo) porque en una reunión que tuvo el ministro De Vido, Baratta y la Sra Presidenta Cristina F de Kirchner, en la cual los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas electorales”, dice el cuaderno número 7, cuyo extracto se publica en esta nota.

En la madrugada del 1 de agosto de 2018 se ordenaron allanamientos y detenciones que incluyeron desde la mano derecha de De Vido, Roberto Baratta, hasta Javier Sánchez Caballero, CEO de IECSA y mano derecha de Angelo Calcaterra, primo del entonces presidente Mauricio Macri. Un día antes, tal como lo reveló en Infobae el periodista Omar Lavieri, Centeno había quedado detenido. Horas después, él se convirtió en imputado colaborador. El único empresario que no había podido ser detenido, Juan De Goycochea de IECSA, cuando llegó de vacaciones y se presentó en tribunales siguió sus pasos. Y ahí se abrió una catarata de pedidos de hombres de negocios para convertirse en arrepentidos, ante el temor de quedar y/o seguir presos.

Cristina Kirchner fue procesada como jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre los empresarios que hacían negocios con el Estado. También sus funcionarios y los empresarios. Bonadio, con Stornelli, concentró un ramillete de causas, algunas que ya existían, otras que se abrieron con las declaraciones de los arrepentidos, que sumó más de un centenar e imputados. La Cámara Federal confirmó algunos procesamientos, otros no.

Además, en el caso de la cartelización, son 53 acusados encabezados por Cristina Kirchner, su ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de la Obra Pública, devenido en arrepentido, José López; y el ex financista Ernesto Clarens, quien confesó haber recolectado las coimas y entregarlas a Daniel Muñoz, secretario privado de los Kirchner. Pero también están los empresarios, entre los que están el primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Cristóbal López, Juan Chediack, Carlos Román, José Cartellone y Carlos Wagner. En la lista de los acusados también están los ex funcionarios de Vialidad Nacional -que era el organismo que realizaba los pagos a partir de los cuales se devolvían las coimas- Nelson Periotti, Sergio Passacantando y Sandro Férgola; y también el ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Germán Nivello.

La investigación por el capítulo Centeno es el eje de esta causa, aunque a esta investigación se le fueron sumando otras que ya existían y se anexaron a este megaexpediente, y algunas que se abrieron a raíz de las declaraciones de los arrepentidos. Los pedidos de prueba ya fueron presentaos en el expediente de Gas Licuado o la causa trenes (en donde también CFK está procesada), mientras que ahora se está corriendo la vista de los capítulo por los corredores viales o por la cartelización de la obra pública. La investigación por el lavado de dinero que llevó adelante el ex secretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz (y en el que más dinero se pudo recuperar) aún está en proceso y de hecho hay algunas ramificaciones pequeñas que quedaron en instrucción y faltan ser elevadas. De ahí la explicación a que intervengan distintas salas de Casación en el proceso.