“La primera batalla se perdió pero la pelea es larga y va a tener idas y vueltas, hay que ser pacientes”. La frase se escuchó el viernes a la tarde, en las coquetas oficinas oficinas de la Procuración de Tesoro, en el barrio de Recoleta, donde el procurador Rodolfo Barra y sus asesores recibieron al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, que también fue acompañado por varios abogados. Durante más de tres horas, diagramaron la estrategia jurídica para intentar sostener el DNU que desregula la economía y repasaron los escritos que se presentarán este mismo lunes, según pudo saber Infobae de fuentes oficiales.
La respuesta, tal como había anticipado este medio, será en dos frentes: los abogado del Estado presentarán un recurso extraordinario contra los fallos de la Cámara del Trabajo que frenaron el capítulo laboral del DNU, y además apelarán la resolución del juez Enrique Lavié Pico, del fuero Contencioso Administrativo Federal, que puso en jaque la idea del Gobierno de concentrar todo en un amparo colectivo.
En la Casa Rosada saben que la batalla final se librará en la Corte Suprema. Por ese motivo, los abogados del Ministerio de Justicia y de la Procuración del Tesoro se dedicaron esta semana a estudiar la jurisprudencia del Máximo Tribunal sobre la validez de los decretos de necesidad y urgencia. “El Plan Austral y el Plan Bonex fueron por DNU”, destacó un funcionario que participó del encuentro del viernes, entre las 17 y las 20:30.
La Corte ya tiene un planteo presentado por el gobernador de La Rioja, Rodolfo Quintela. Esas actuaciones pasaron a la Procuración General y se activarán recién en febrero. “Se hace saber que esta Corte estudiará las cuestiones sometidas a decisión luego del receso correspondiente a la próxima feria judicial del mes de enero”, respondió el Máximo Tribunal el 29 de diciembre.
El primer freno judicial al DNU fue el miércoles pasado. Dos de los jueces de esa Sala, Andrea García Vior y Alejandro Sudera, hicieron lugar a la medida cautelar que habían pedido los abogados de la CGT y frenaron el capítulo laboral. El fallo hasta incluyó citas a Juan Bautista Alberdi, el jurista admirado por el presidente Javier Milei.
El día anterior, en la reunión de Gabinete, Cúneo Libarona había anticipado que podían llegar malas noticias desde el fuero laboral y desde algunas provincias. No se equivocó. Fueron dos fallos en menos de 24 horas. El segundo se conoció el jueves al mediodía, con la firma de los mismos camaristas.
El Gobierno reaccionó cuestionando a los jueces. “Nos llama mucho la atención. Parece que estuvo influido, de alguna manera, en algún tipo de ideología, incluso en algunas relaciones personales que exceden lo normal. Nos sorprendió incluso que no se hayan excusado”, dijo una fuente del Ministerio de Justicia tras el primer fallo. El dardo apuntaba a uno de los camaristas involucrados.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue más directa y salió a cuestionar a toda la Cámara laboral: “Nunca fue una verdadera justicia donde las cosas se analizan con objetividad”. Esas declaraciones motivaron una respuesta de la Asociación de Magistrados.
En el fuero laboral aseguran que los dos camaristas cuestionados “son de carrera” y que el fallo “era previsible”. García Vior y Alejandro Sudera se sumaron a la Cámara Laboral a mediados de 2021, cuando el Senado aprobó un total de 33 pliegos propuestos por el Poder Ejecutivo. Ambos fue elegidos para la Sala II, que tenía tres vacantes.
Sudera -de los más exigentes dentro del fuero- pertenece a la lista Bordó, que conduce actualmente la Asociación de Magistrados, y trabaja en la Justicia hace más de 30 años. De hecho, fue juez de primera instancia durante 15 años. En cambio, García Vior pasó gran parte de su carrera en la Cámara del Trabajo aunque también fue jueza de primera instancia. “Entre ellos no se llevan nada bien, pero son jueces honestos y de carrera”, dijo un experto en el fuero.
Este lunes, el Gobierno también apelará el fallo del juez Lavié Pico, que habilitó la feria para analizar el resto del DNU y desarmó el amparo colectivo. Anoche, los funcionarios involucrados en la estrategia jurídica seguían intercambiando borradores de esa presentación.
A diferencia de lo que pretendía el Gobierno, ya no habrá un proceso general contra todo el decreto, sino que cada demanda tramitará por separado. “No se encuentra definido de manera clara el colectivo involucrado, debido a la generalidad de la representación invocada por la Asociación actora y al carácter difuso de la presentación efectuada en la presente causa”, explicó el magistrado sobre la presentación colectiva del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Pero además Lavié Pico sostuvo que el DNU trata sobre temáticas muy diversas (Farmacias, Hidrocarburos, Turismo, Energía Eléctrica, Código Civil y Comercial, Registro Automotor, Trabajo, Salud, Comercio Exterior, Reforma del Estado, Código Aeronáutico, entre otras) que deberán analizarse de manera independiente.
La resolución ahora será evaluada por la sala de Feria del Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por Sergio Fernández -el más influyente dentro de ese fuero- y Carlos Grecco. En el Gobierno nadie se anima a arriesgar un pronóstico. “Habrá triunfos y derrotas hasta llegar a la Corte”, dice un funcionario que tiene línea directa con el Presidente y con el jefe de Gabinete Nicolás Posse.
Al margen de las apelaciones, en la Procuración del Tesoro trabajan contrareloj para contestar la catarata de amparos que se presentaron en los tribunales de todo el país. Hasta el viernes a la noche, eran 46 en total.