Honduras prepara uno de los cambios más importantes de los últimos años en materia de seguridad vial: establecer límites de velocidad diferenciados según el tipo de carretera y la zona de circulación.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) anunció que presentará un nuevo reglamento que fijaría una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora en los principales ejes carreteros, 40 km/h en bulevares y anillos periféricos, entre 25 y 30 km/h en zonas urbanas y residenciales y reducciones progresivas hasta 10 km/h en inmediaciones de escuelas e iglesias.
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El objetivo es reducir accidentes y conductas de riesgo. Pero el propio director de la DNVT, Lenin Morell Andino, reconoció el principal obstáculo: Honduras no cuenta actualmente con radares electrónicos suficientes para supervisar esos límites.
Una norma más estricta sin tecnología para vigilarla
La propuesta intenta atacar uno de los factores que más preocupa a las autoridades: el exceso de velocidad.
La DNVT también identifica entre las principales conductas peligrosas la conducción bajo los efectos del alcohol, el uso del teléfono mientras se maneja y otras maniobras imprudentes.
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La Ley de Tránsito ya sanciona circular por encima de los límites establecidos mediante señales y exceder la velocidad máxima en áreas restringidas como escuelas, hospitales, iglesias y mercados.
El nuevo reglamento buscaría convertir esos principios generales en parámetros nacionales mucho más específicos.
La dificultad estará en demostrar quién incumple. Sin radares fijos o móviles, buena parte de la vigilancia seguirá dependiendo de agentes en carretera, operativos y observación directa.
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Reducir la velocidad en zonas urbanas tiene una lógica distinta a hacerlo en una carretera abierta.
A 80 km/h, la prioridad es controlar desplazamientos de larga distancia y reducir la gravedad de colisiones entre vehículos.
En colonias y cascos urbanos, el riesgo se traslada hacia peatones, motociclistas y ciclistas.
Por eso el proyecto plantea límites de 25 a 30 km/h, y velocidades todavía menores en zonas escolares.
El principio detrás de esos límites es que, cuanto más vulnerable es la persona que comparte la vía con los vehículos, menor debe ser la velocidad permitida.
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La DNVT reconoce otro problema: las sanciones actuales pueden resultar poco disuasorias.
Morell señaló que algunas multas comienzan alrededor de L300, otras rondan L600, mientras las relacionadas con alcoholemia pueden llegar al equivalente de un salario mínimo.
Un límite de velocidad funciona únicamente si el conductor sabe que existe una alta probabilidad de ser detectado y que la consecuencia de incumplirlo es suficientemente importante.
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Si la fiscalización es escasa y la multa resulta baja, el efecto preventivo puede reducirse.
La DNVT también ha detectado motociclistas que utilizan algunos ejes carreteros para competencias, “piques” y rodadas recreativas.
La autoridad advierte que las vías públicas no fueron diseñadas para ese tipo de actividad y que el país tampoco dispone de infraestructura suficiente, como autódromos, para trasladarla a espacios controlados.
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El problema adquiere mayor relevancia porque los motociclistas continúan apareciendo entre los usuarios más expuestos en los accidentes graves.
La DNVT prevé presentar el documento para evaluación de las autoridades de Seguridad. Pero aprobarlo no significará automáticamente carreteras más seguras.
El verdadero desafío será combinar límites claros, señalización, radares, controles frecuentes, sanciones efectivas y educación vial.
Honduras ya cuenta con una Ley de Tránsito que busca proteger la vida y regular la circulación en todo el territorio. La nueva propuesta intenta cerrar uno de sus vacíos operativos.
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La pregunta será si el país puede pasar de establecer cuánto se puede correr a tener la capacidad real de detectar y sancionar a quien decida ignorarlo.
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