Los exdiputados Juan Barahona, Osman Chávez, Silvia Ayala y Karen Martínez fueron los primeros en presentarse este miércoles ante las instalaciones del Ministerio Público (MP), específicamente ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, tras ser citados en condición de investigados dentro de un proceso administrativo relacionado con la integración de la Comisión Permanente del Congreso Nacional.
Desde tempranas horas de la mañana, los excongresistas llegaron acompañados de sus equipos legales, quienes interpusieron un escrito de apersonamiento con el objetivo de conocer formalmente los motivos de la investigación y garantizar el derecho a la defensa de sus representados.
Las citaciones emitidas por el Ministerio Público también alcanzan al expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, así como a otros diputados y exdiputados que integraron o estuvieron vinculados a la Comisión Permanente durante el período en investigación.
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El exdiputado de Libre Juan Barahona manifestó que acudió al llamado fiscal en cumplimiento de la ley y aseguró desconocer los señalamientos concretos que pesan en su contra.
“La citatoria solo dice que uno debe comparecer por una investigación que hay, pero no especifican qué tipo de investigación es la que están haciendo, por eso vengo porque no debo nada, ni he cometido delito en mis acciones”, expresó Barahona a su llegada al Ministerio Público.
El exparlamentario agregó que, una vez concluida su comparecencia ante los fiscales, brindaría declaraciones más amplias a los medios de comunicación sobre el proceso que enfrentan los exintegrantes de la Comisión Permanente.
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Por su parte, el exdiputado Osman Chávez sostuvo que se presentó “con la frente en alto” y negó haber causado daño al país durante su gestión legislativa.
“Yo fui representante del Partido Salvador de Honduras, no de Libre en la Comisión Permanente, esto es una persecución política contra Redondo, no hicimos nada malo”, declaró Chávez ante periodistas apostados en las afueras de la Fiscalía.
Mientras tanto, las exdiputadas Silvia Ayala y Karen Martínez ingresaron al edificio del Ministerio Público sin brindar declaraciones públicas.
Asimismo, se informó que el diputado Carlos Raudales también se presentaría durante el transcurso de la mañana para atender el requerimiento fiscal.
De igual forma, se esperaba la llegada del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en medio de una creciente expectativa mediática y política por el desarrollo de las diligencias investigativas.
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Las defensas de los exdiputados señalaron que no pueden emitir declaraciones ni permitir que sus representados rindan una comparecencia formal mientras no conozcan con precisión el contenido del expediente o las acusaciones que motivan la investigación.
En ese sentido, los abogados presentaron un escrito solicitando acceso al proceso investigativo y, además, pidieron un cambio de fecha para que los citados puedan presentar documentación y preparar una declaración más amplia ante los fiscales.
Tras la presentación del escrito, los exdiputados abandonaron rápidamente las instalaciones del Ministerio Público y quedaron a la espera de la resolución que adopte la Fiscalía respecto a la solicitud de sus defensas.
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El Ministerio Público confirmó además que el martes hizo entrega de citaciones a los diputados Fabricio Sandoval, Linda Donaire, Edgardo Casaña y Kritza Pérez, quienes deberán establecer el lugar donde se les tomará declaración.
No obstante, las autoridades informaron que fue imposible entregar las citaciones a las diputadas Sherly Arriaga y Luz Angélica Smith.
Entre los citados por el ente acusador figuran Luis Redondo Guifarro, Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire. Además, se encuentra pendiente la definición de fecha, hora y lugar para la comparecencia de los actuales diputados Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña.
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El Ministerio Público aclaró que todos los señalados han sido citados en condición de investigados, como parte de un procedimiento que busca garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa dentro de una investigación administrativa en curso.