En el Bajo Aguán, donde la tierra ha sido durante años motivo de disputa, miedo y muerte, el jueves volvió a amanecer con olor a pólvora. Lo que comenzó como reportes confusos sobre disparos en una finca de palma africana en Trujillo, Colón, terminó convirtiéndose en una de las jornadas más violentas registradas este año en Honduras.
Al interior de una plantación ubicada en la aldea Rigores, se reportaron los hallazgos de al menos 11 cuerpos. Primero unos pocos. Luego más. Al cierre de los reportes preliminares, la cifra superaba las 17 víctimas, entre ellas varias mujeres, en un escenario descrito por pobladores como una emboscada ejecutada con armas de alto calibre.
Las primeras versiones indicaban que las víctimas eran trabajadores agrícolas que se dirigían a iniciar labores dentro de la finca, específicamente tareas de mantenimiento y recolección en la plantación de palma africana, cuando fueron interceptados por hombres armados.
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Algunos cuerpos quedaron tendidos cerca de una caseta utilizada como punto de control dentro de la finca, mientras que otros fueron hallados dispersos entre los surcos de palma africana, en distintos puntos del terreno.
Equipos de Medicina Forense realizaron el levantamiento bajo resguardo policial en una escena marcada por la violencia del ataque y la evidencia de una emboscada.
Hasta ahora la información es escueta, incluso en los reportes preliminares de las autoridades.
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“Fue una matanza”, afirma un habitante del sector que prefirió no identificarse por temor.
La escena volvió a poner bajo atención nacional al Bajo Aguán, una extensa región agrícola del litoral atlántico hondureño que desde hace décadas está atrapada entre disputas de tierra, intereses económicos y presencia de estructuras criminales.
La zona de Rigores, donde ocurrió la masacre, forma parte de un corredor históricamente conflictivo. Allí convergen asentamientos campesinos, fincas de palma africana y reclamos agrarios que en distintos momentos han derivado en enfrentamientos armados, desalojos y asesinatos.
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Por años, organizaciones campesinas y defensores de derechos humanos han denunciado que el Aguán se ha convertido en uno de los puntos más violentos del país para quienes viven y trabajan en áreas rurales.
Mientras el país aún intentaba comprender la magnitud de la matanza en Colón, otro hecho armado sacudía simultáneamente el norte hondureño.
Más violencia en un jueves negro
Mientras la población hondureña asimilaba el impacto de la violencia en Bajo Aguán, a más de 150 kilómetros de distancia, en Corinto, Omoa, departamento de Cortés, un operativo antidrogas ejecutado por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) terminó en un intenso enfrentamiento armado con presuntos integrantes de una estructura criminal.
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La operación había iniciado como una intervención contra una banda vinculada al tráfico de drogas en la zona fronteriza con Guatemala. Al ingresar a una vivienda, los agentes fueron recibidos a disparos por hombres fuertemente armados.
Vecinos señalan que las detonaciones se prolongaron durante varios minutos mientras patrullas policiales y vehículos militares ingresaban al sector. Comercios cerraron sus puertas y decenas de familias se refugiaron dentro de sus viviendas, como se aprecia en el material audiovisual que acompaña esta crónica.
Las primeras informaciones hablaban de al menos seis policías muertos, agentes desaparecidos y civiles fallecidos en medio del intercambio de disparos. Versiones preliminares indicaban que varios miembros de cuerpos élite habrían perdido la vida, junto a presuntos integrantes de la estructura criminal, aunque las autoridades continuaban verificando las cifras oficiales. Entre los heridos figuraba incluso el jefe de la Policía de Fronteras.
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El nivel de violencia obligó al cierre temporal del paso fronterizo entre Honduras y Guatemala por Corinto. Horas antes de ese enfrentamiento, otro agente policial había sido asesinado en Chamelecón, San Pedro Sula, durante otra operación de seguridad.
La jornada terminó convertida en una cadena de violencia simultánea que volvió a exponer la fragilidad de la seguridad en varias regiones del país.
Ante la presión pública, la Secretaría de Seguridad emitió un comunicado anunciando una intervención inmediata en las zonas de Trujillo y Omoa, prometiendo operaciones intensivas, despliegue conjunto de policías y militares, equipos especiales de investigación y acciones “contundentes” para capturar a los responsables.
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También se anunció la conformación de grupos integrados por fiscales, unidades de inteligencia y especialistas de Medicina Forense para esclarecer ambos casos.
El Bajo Aguán arrastra décadas de violencia ligada a conflictos agrarios y disputas territoriales. En paralelo, sectores fronterizos como Corinto se han convertido en corredores estratégicos para actividades vinculadas al narcotráfico, tráfico de armas y crimen organizado.
Hondureños demandan seguridad
Solo en lo que va de 2026, Honduras registra al menos 11 masacres con decenas de víctimas, que han dejado cerca de 47 personas fallecidas en distintos puntos del norte del país, según reportes preliminares de observatorios y medios locales.
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Mientras en Rigores los familiares seguían llegando en busca de respuestas y en Corinto los retenes militares permanecían instalados en medio del temor, Honduras cerraba otra jornada marcada por masacres, enfrentamientos armados y regiones enteras atrapadas entre el crimen organizado, las disputas territoriales y una violencia que parece no dar tregua.