Aunque el Gobierno sostiene que ha realizado diversos cambios en materia de inversión, empleo y apertura al diálogo con el sector privado, todavía existen problemas estructurales que no pueden resolverse en los primeros 100 días de gestión.
Así lo expuso la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, al realizar un balance preliminar del inicio de la administración.
La representante del sector empresarial detalló que ha habido acercamiento con el Ejecutivo para revisar medidas dirigidas a la reactivación económica, pero insistió en que los principales desafíos del país requieren procesos más largos y reformas profundas.
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Gallardo indicó que el sector privado ha sostenido reuniones con el presidente de la República para analizar acciones consideradas positivas para la inversión y la generación de empleo.
Entre los puntos destacados mencionó la reactivación del Régimen de Importación Temporal (RIT), una medida que, según dijo, involucra a unas 190 empresas que generan empleo a nivel nacional y que operan bajo este esquema para facilitar sus procesos productivos y de exportación.
Sumó a esto la reincorporación de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), lo que, desde su perspectiva, envía señales de mayor seguridad para la inversión extranjera.
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Derechos laborales
En materia laboral, la presidenta del Cohep valoró la aprobación del salario mínimo y la implementación de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, medidas que contribuyen a dinamizar el mercado laboral y ampliar oportunidades de contratación.
Señaló además una mayor apertura del Gobierno hacia los sectores productivos, lo que considera un factor clave para mejorar la confianza empresarial y atraer inversión.Pese a los avances mencionados, Gallardo enfatizó que existen problemas estructurales que trascienden cualquier periodo corto de gobierno.
Uno de los principales desafíos identificados es el sector energético, al que calificó como un problema histórico que arrastra altos niveles de pérdidas, estimados en alrededor del 36 % desde el año anterior. Esta situación aún no ha sido resuelta y continúa afectando la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
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A esto se suma el incremento en los costos de producción, influenciado por factores externos como la volatilidad en los precios internacionales del petróleo y las tensiones en regiones como el Medio Oriente, factores que han provocado alzas en el combustible con un impacto directo en la economía local.
Seguridad jurídica
La presidenta del Cohep también señaló la seguridad jurídica como otro de los puntos clave, un tema que, afirmó, viene arrastrándose desde hace varios años y que no puede resolverse en el corto plazo.
Subrayó que la estabilidad de las reglas del juego es fundamental para fomentar la inversión, tanto nacional como extranjera, y para garantizar la continuidad de los proyectos productivos en el país.A este respecto, consideró necesario que el Gobierno mantenga la atención en este tema como parte de una estrategia de largo alcance.
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Salud y medicamentos
En su evaluación, la líder empresarial reconoció avances en el sector salud, especialmente en el acceso a medicamentos y la reducción de la mora quirúrgica en hospitales públicos.
No obstante, advirtió que aún existen desafíos importantes en la red hospitalaria y en la calidad de los servicios, dificultades que, al igual que en otros sectores, tienen un origen estructural y requieren más tiempo y recursos para ser atendidas de manera integral.
El balance presentado por el sector privado refleja una posición intermedia: reconocimiento a las acciones iniciales del Gobierno en materia de inversión y empleo, pero también advertencias sobre problemas estructurales que continúan afectando la competitividad del país.
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En este contexto, Anabel Gallardo reiteró la importancia de mantener el diálogo entre el sector público y privado como una vía para construir soluciones sostenibles.
Aunque los primeros 100 días han mostrado señales de apertura económica, el empresariado insiste en que los principales desafíos de Honduras —energía, seguridad jurídica y costos de producción— requieren reformas profundas y sostenidas en el tiempo para lograr un impacto real en el desarrollo del país.