En un mensaje difundido en redes sociales, el exfuncionario afirmó que su remoción por parte del Congreso Nacional responde a una estrategia encaminada a neutralizarlo y silenciar testimonios directos sobre fraude electoral, en un país donde el clima político se ha vuelto cada vez más tenso.
En el pronunciamiento titulado “No les bastó consumar el fraude; ahora eliminan al testigo”, Marlon Ochoa sostuvo que su salida del Consejo Nacional Electoral no fue motivada por un proceso legítimo, sino por una condena “negociada y pagada” con antelación, sin garantías de debido proceso.
Según detalló en sus redes sociales, su destitución fue impulsada como “persecución y venganza”, y señaló directamente al presidente del Congreso, Tomás Zambrano, a quien acusó de encabezar lo que denominó “condena con ropaje de legalidad”, según informó el propio Ochoa.
El exfuncionario equiparó el proceso en su contra con episodios históricos de represión y alegó que fue juzgado “al estilo de la Santa Inquisición”. Ochoa acusó la existencia de un aparato que, en sus palabras, “anunció su veredicto en los medios y compró votos desde el poder”, configurando —a su entender— un esquema de “difamación y compra de voluntades” dentro del poder legislativo hondureño.
En su denuncia, Ochoa amplió las acusaciones y declaró que en Honduras “no hubo elecciones libres”, añadiendo que equipos técnicos intentaron sostener la transparencia electoral, pero finalmente se impuso un fraude “desde las cúpulas de los principales partidos tradicionales”.
Insistió en que ese proceder constituye un “acto de asociación terrorista que debe ser investigado”, ratificando: “Yo soy un testigo presencial”.
Uno de los aspectos más graves de su mensaje público es la alerta sobre un posible plan para encarcelarlo y atentar contra su vida. Ochoa afirmó: “Hoy ordenan fabricar acusaciones, librar captura y empujarme a la cárcel, donde planifican mi muerte. Hay pruebas”, aunque no presentó evidencias específicas en la declaración pública.
Estas acusaciones han elevado el nivel de tensión, pues implican presuntas violaciones a derechos ligados a la integridad y el debido proceso, al tiempo que ponen en entredicho el uso de instituciones estatales para fines de represalia política.
Hasta el momento, las autoridades hondureñas no han emitido un pronunciamiento oficial en respuesta a las denuncias del exconsejero.
Ochoa señaló lo que definió como una doble vara en la administración de justicia: “Indultan al capo y comprando diputados condenan al que cumple su deber de denuncia”, apuntando a lo que considera selectividad y privilegios en la aplicación de la ley.
En la parte final de su comunicado, Ochoa hizo un llamamiento directo a la ciudadanía: “Al pueblo hondureño le digo: no me humillaré ante los asesinos. Solo me queda mi vida, y pongo la vida de mis hijos y mi esposa en manos de Dios, del Partido LIBRE y del pueblo”.
Manifestó además que su compromiso político continúa, incluso desde el extranjero si se viera obligado a salir de Honduras, afirmando: “Seguiré luchando desde donde esté. No importan las dificultades. Regresaré a Honduras. La lucha no termina”.
La destitución de Marlon Ochoa se produce en un marco de intensa confrontación política en Honduras, donde la disputa por órganos clave, como el Consejo Nacional Electoral, ha derivado en frecuentes controversias.
Sectores oficialistas sostienen que la remoción de Ochoa cumplió los cauces legales vigentes. Sin embargo, las severas denuncias del exfuncionario abren un nuevo frente sobre la independencia del sistema judicial y la transparencia de los procesos del Estado.
El futuro desarrollo del caso dependerá de la respuesta de las autoridades y de la capacidad de los actores políticos para conducir el conflicto dentro de los marcos democráticos existentes.