La justicia hondureña dictó prisión preventiva para Alex Sánchez Suazo, Cesar Navid López y Selvin Omar Martínez López, señalados por el secuestro de un niño de 10 años en Taulabé, Comayagua. Los acusados habrían exigido 200 mil USD a cambio de la libertad del menor, quien fue interceptado el 8 de abril mientras se dirigía a la escuela.
Tras el secuestro, los familiares del niño recibieron amenazas directas: si no pagaban la suma exigida, atentarían contra la vida de la víctima. Equipos de la Unidad Nacional Antisecuestros de la Dirección Policial de Investigaciones actuaron de inmediato, empleando técnicas especializadas de investigación para ubicar el sitio de cautiverio.
El menor fue rescatado ileso y sin que se realizara ningún pago por su libertad. Durante el operativo, los tres sospechosos fueron capturados y puestos a disposición de la justicia.
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Los detenidos enfrentan cargos de secuestro agravado, asociación para delinquir y porte ilegal de arma. Tras la audiencia inicial, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado obtuvo el auto de formal procesamiento y la prisión preventiva, mientras el proceso continúa en los tribunales y la comunidad de Taulabé permanece pendiente de la resolución del caso.
Condena de la tercera implicada en el secuestro de un enfermero conmueve a Honduras
El ministerio Público también destacó la condena de Aneth Anahí Trochez como tercera implicada en el secuestro de un enfermero ocurrido en septiembre de 2024 marca el cierre judicial de un caso que conmocionó a la sociedad hondureña. Trochez aceptó su responsabilidad en el hecho y, al igual que Lucía Yanora Núñez Núñez y María Teresa Castillo, fue sentenciada mediante un procedimiento abreviado. Las tres permanecerán recluidas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social.
El secuestro se produjo el 8 de septiembre de 2024. Una de las implicadas interceptó al profesional de la salud en la Gran Terminal Metropolitana de San Pedro Sula y, junto con sus cómplices, lo trasladó hasta una vivienda en la colonia Concepción de Choloma. Desde ese lugar, las responsables contactaron a los familiares de la víctima y exigieron 30 millones de lempiras (aproximadamente 1,200,000 USD) a cambio de su liberación.
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Pese a la amenaza, la familia del enfermero logró negociar y depositó 148,800 lempiras (aproximadamente 6,000 USD) en una cuenta bancaria, pero la víctima no fue liberada. Ante la negativa de las secuestradoras, equipos de la Fiscalía y la Unidad Nacional Antisecuestros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) coordinaron un operativo de búsqueda. Tres días después, las autoridades realizaron un allanamiento en la vivienda donde mantenían retenido al enfermero y lograron rescatarlo sano y salvo.
Durante ese mismo operativo, las tres mujeres fueron detenidas. Las investigaciones las vinculan con la estructura criminal conocida como pandilla 18. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la Sección Contra el Delito de Secuestro y Operaciones Especiales coordinaron el proceso judicial que llevó a la condena de las procesadas. El uso del procedimiento abreviado permitió sentenciar rápidamente a las tres por el delito de secuestro agravado.
La admisión de responsabilidad de Trochez fue la última pieza necesaria para cerrar el caso en los tribunales.
Ambos episodios reflejan la complejidad de los secuestros en Honduras y la respuesta coordinada de las autoridades para proteger a las víctimas y llevar ante la justicia a los responsables.
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